El incremento de casos de contagio por COVID-19 a partir de marzo del 2020 llevó al Gobierno federal a impulsar políticas de distanciamiento social, lo que limitó la actividad económica del país. Así lo muestran el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) y los indicadores de empleo: la producción nacional descendió 23.0 % entre enero y mayo de 2020, mientras que la población ocupada disminuyó 21.0 % entre enero y abril del mismo año. Las restricciones a la movilidad tuvieron efectos negativos en la producción y, por consiguiente, sobre las empresas mexicanas. En dicho contexto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) adoptó medidas de apoyo para las empresas contribuyentes con el fin de ayudarles a solventar los retos financieros que tenían en el corto plazo y así atenuar los efectos del choque. En este texto se describen las características de las empresas que recibieron apoyos temporales para el pago de las aportaciones de vivienda al Infonavit, durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.
Estas medidas extraordinarias consistieron en permitir a los patrones prorrogar el pago de las aportaciones al Fondo de la Vivienda, con la finalidad de que las empresas mexicanas no perdieran liquidez durante el periodo de mayor caída de la actividad económica. Así, el programa se propuso reducir la probabilidad de despido de sus trabajadoras y trabajadores o la desaparición de la propia empresa.
Los apoyos fueron establecidos de manera que, por una parte, no afectaran el pago de los créditos hipotecarios activos y, por otra, pudieran cubrir los pagos de las aportaciones prorrogadas hasta 12 meses después a partir de la finalización del programa (en el cuarto bimestre de 2020). El diseño del mismo planteaba una duración de hasta tres bimestres de apoyos para las empresas micro, pequeñas y medianas, sin embargo, se amplió para incluir a las grandes.
En términos generales, el alcance del programa fue el siguiente:
Al contrastar esta distribución con la de los patrones que no solicitaron el apoyo, se observa que los que más participaron en el grupo de solicitantes fueron los proveedores de servicios: su proporción respecto del total es 7.4 puntos porcentuales mayor. Seguido de estos, la industria de transformación (actividades industriales) tuvo una participación 1.1 puntos porcentuales mayor entre los solicitantes. Esta observación tiene sentido al considerar que la actividad del sector terciario se contrajo 16.8 % anual durante el segundo trimestre de 2020. Entonces, se considera relevante medir la relación entre la solicitud del apoyo y el hecho de operar en una entidad con una alta participación del sector terciario en la producción agregada.
Al realizar una regresión simple se obtiene que, por cada punto porcentual de incremento en la participación del sector terciario en la entidad, la propensión de las empresas por participar en el programa se elevó en 0.3 puntos porcentuales. En la gráfica 1 se muestra la relación entre los niveles de solicitud del apoyo y la participación de las actividades terciarias en la economía de las entidades federativas del país.
En línea con lo anterior, cuatro de las cinco entidades con mayor proporción de solicitudes del apoyo respecto del total de patrones de la misma entidad fueron Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo y Yucatán, en donde existe una participación alta del sector servicios: 72.9 %, 80.1 %, 79.2 % y 67.6 %, respectivamente. En contraste, la participación del sector en el mercado nacional es de 61.2 %. Estas entidades representaron 22.3 % de la totalidad de las solicitudes.
Por su parte, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas fueron las entidades con menores niveles de solicitud respecto de la totalidad de las empresas instaladas en esos mismos estados del país, los cuales representaron en total 7.2% de los solicitantes.
Se puede concluir que la importancia de este programa radicó en que para los patrones representó una posibilidad de aliviar sus restricciones de liquidez en el corto plazo en que se vieron inmersos por la emergencia sanitaria; se encontró, además, que los solicitantes se concentraron en los sectores y las entidades que sufrieron mayores niveles de contracción en la actividad económica; no obstante, estas apreciaciones preliminares deben complementarse con un estudio más detallado que analice las estrategias de pago de las empresas en un contexto de crisis.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
i Una versión más amplia de este estudio aparece en el recuadro “Resultados del programa de apoyos para protección del empleo formal con énfasis en Pymes del Infonavit ante la pandemia por COVID-19” del Reporte Económico Trimestral abril-junio 2022 del Infonavit.
En 2014 se reformó el artículo 123 constitucional con el fin de elevar la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años, lo que un año después permitió a México ratificar el Convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que busca erradicar el trabajo infantil y elevar progresivamente la instrucción académica de las y los jóvenes que ingresan al mercado laboral.
Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) al primer trimestre de 2022 muestran que las personas de 15 a 19 años presentan una baja tasa de participación en el mercado laboral, pues 71.3 % forma parte de la Población Económicamente No Activa (PNEA); esta proporción es similar a la que presentan los adultos mayores a 60 años (69.0 %), como se muestra en la gráfica más adelante.
El mercado formal emplea a 38.6 % de la población ocupada, de acuerdo con la ENOEN. Al considerar la población ocupada en el rango de edad de 15 a 19 años, los datos muestran una mayor incidencia del empleo informal en este grupo, donde sólo 15.4 % de las y los jóvenes ocupados tiene acceso una institución de salud otorgado por su empleo; por lo anterior se les puede considerar formales, una proporción tres veces menor a la que presenta la población ocupada de 20 a 49 años (44.0 % de ellos, en este grupo de edad, son trabajadores formales).
Condición de actividad económica y acceso a las instituciones de salud por edad de la población
Fuente: Infonavit con datos de la ENOEN (1er. trimestre 2022).
Por otro lado, los registros administrativos de Infonavit permiten dar seguimiento a la carrera laboral de todas las personas trabajadoras formales, particularmente de los 40.9 millones que tuvieron su primer empleo formal después de julio de 1997, fecha en que se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (por lo que se les conoce como generación Afore), de quienes se observa su historial completo.
En la siguiente gráfica se muestran las distribuciones anuales por edad de ingreso que presentan las y los derechohabientes pertenecientes a la generación Afore, y se destacan los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada cohorte, así como la media. Si bien poco más de la mitad de las personas trabajadoras de la generación Afore tuvo su primer empleo formal entre los 17 y 21 años, la edad mediana de ingreso al mercado laboral formal se ha incrementado de 19 años en 1998, a 22 años en 2020. Este incremento tendría como contraparte no observable en los registros administrativos del sector formal, un posible aumento de la proporción de trabajadores más jóvenes cuyo primer trabajo es informal.
Distribución por edad de entrada al mercado laboral formal
(generación Afore)
Fuente: Infonavit.
Las y los trabajadores que se insertan al mercado laboral formal a una edad temprana, entre 15 y 18 años, presentan bajos salarios con mayor frecuencia: más de 80 % obtuvo un salario inferior a 3.0 UMA (aproximadamente 8 mil 660 pesos mensuales, en 2022), como se muestra en la siguiente gráficai. La distribución salarial mejora para las personas que obtuvieron su primer empleo entre los 19 y 24 años, estabilizándose para aquellas que ingresaron al mercado laboral formal en edades superiores. El salario promedio en el primer empleo de quienes que ingresaron a los 16, 20, 24, 28 y 32 años es de 2.1, 2.3, 2.9, 2.8 y 2.8 UMA, respectivamente (lo que equivale en 2022 a un rango entre 6 mil 120 y 8 mil 050 pesos mensuales).
Distribución salarial en el primer empleo, por edad de entrada
(generación Afore)
Fuente: Infonavit.
La relación creciente entre la edad y el salario en el primer empleo formal estaría relacionada con el proceso de formación del capital humano, entendido como el conjunto de habilidades, conocimientos y competencias que define la capacidad del trabajador para realizar sus tareas, lo que define su productividad. Si bien una parte de estos conocimientos se puede adquirir en programas específicos de formación académica –como lo es una carrera técnica o un posgrado–, otra parte importante solo puede obtenerse a través del entrenamiento y la interacción con trabajadores expertos. En este sentido, una persona candidata de mayor edad presentaría, con todo lo demás constante, un periodo mayor de acumulación de experiencia.
Cabe señalar que la relevancia de la experiencia de la o el trabajador es distinta para cada tipo de empresa, lo que se relaciona con la complejidad de los procesos y la tecnología involucrados en su operación, así como con la curva de aprendizaje que enfrentan sus trabajadores; esto es, con el tiempo que tardan en aprender las habilidades y competencias requeridas para desempeñar eficientemente su labor. Las y los trabajadores jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral, dada su inexperiencia y limitada formación académica, suelen buscar empleo en sectores que requieren curvas de aprendizaje cortas, características en los servicios de bajo valor agregado, donde se aplican tecnologías y procesos productivos básicos –como el comercio al por menor o los servicios entretenimiento o preparación de alimentos–.
La abundancia de mano de obra poco calificada que compite por los empleos disponibles en estos sectores genera condiciones laborales más precarias, lo que se refleja en menores salarios y un mayor grado de informalidad. En este sentido, la edad de entrada no solo estaría relacionada con el salario que percibe la o el trabajador en su primer empleo formal, también puede relacionarse con el grado de formalidad que presenta a lo largo de su carrera laboral.
En el recuadro “Trayectorias de la densidad de cotización del mercado laboral en México”, publicado en el Reporte Económico Trimestral abril–junio 2021 de Infonavitii, se muestra que las y los trabajadores que se insertan a una edad temprana en el mercado laboral formal presentan un menor grado de formalidad a lo largo de su vida laboral, derivado posiblemente de una menor proporción de empleos formales entre los trabajadores con menores niveles de escolaridad.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
i Los salarios se presentan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que permite su comparación en términos reales.
ii Disponible en https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/87bbfae4-657b-418c-9f80-890fa91e588e/Reporte_economico_abril_junio_2021.pdf?MOD=AJPERES
En el mercado laboral mexicano se observan diferencias estructurales entre mujeres y hombres en términos de acceso y participación, que derivan en condiciones de desigualdad de oportunidades económicas. Estos problemas comienzan desde el mismo acceso.
Por diversas razones sociales, culturales y económicas, las mujeres se enfrentan a condiciones de inequidad al momento de buscar incorporarse al mercado laboral. Por ejemplo, son ellas quienes realizan la mayor parte del trabajo no remunerado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que las mujeres en México dedican 53.9 horas al trabajo no remunerado por semana, 34.7 horas más que los hombresi. Esta desigualdad en el reparto de las responsabilidades, además, debilita los vínculos de las mujeres con el mercado laboral, lo que finalmente se traduce en un acceso limitado al trabajo remunerado, a las prestaciones de seguridad social y al desarrollo del capital humanoii.
Una vez que las mujeres se incorporan a la población ocupada, la inequidad continúa, pues también trabajan en condiciones desiguales. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeresiii, los principales problemas a los que ellas se enfrentan durante su carrera laboral son la doble jornada, la discriminación salarial, la segregación ocupacional y el hostigamiento sexual. Ello impacta de forma negativa su carrera laboral y salarial, con bajo crecimiento y laboran por periodos más cortos a lo largo de su vida.
Los datos de la ENOE del cuarto trimestre de 2021 dan cuenta de estos efectos de la desigualdad en el acceso al mercado laboral: a pesar de que 52.7% de la población de 15 años o más pertenece al género femenino, solo 39.5% de la población económicamente activa (58.8 millones) son mujeres. Además, se aprecia una significativa la brecha de géneroiv en la participación del mercado laboral. La tasav de ellas es de 55.3%, 31.7 puntos porcentuales menor a la de ellos.
La brecha de género se replica en el acceso a la seguridad social, incluido el acceso al Infonavit: durante el sexto bimestre de 2021, el Instituto administró 72.7 millones de cuentas para el ahorro de la vivienda (Subcuenta de Vivienda), de las cuales 25.0 millones pertenecieron a mujeres y 34.6 millones a hombres (en las restantes no hay un género identificado). En cuanto a las cuentas identificadas con relación laboral activa, solo 37.6% son de mujeres (8.0 millones).
También hay diferencias en el saldo promedio de la Subcuenta de Vivienda (SCV): al sexto bimestre de 2021, el de las mujeres con una relación laboral activa fue de 38.2 miles de pesos, 8.1 miles de pesos menor que el de los hombres con una relación laboral activa. Esto se puede explicar, principalmente, porque una proporción mayor de mujeres se concentra en los niveles salariales bajos.
El sesgo también se traslada a la colocación de créditos Infonavit, aunque las reglas para solicitar un crédito en el Instituto (número de cotizaciones continuas, nivel salarial y edad) no diferencien por género. Así vemos que, durante 2021, de los 530.5 miles de créditos para la vivienda en sus distintos productos que otorgó el Infonavit, 36.9% (195.8 miles) fueron solicitados por mujeres y 63.1% (334.7 miles) por hombres. En cuanto a créditos para adquisición de vivienda nueva y usada, estos se dividieron en 61.2% solicitados por hombres y 38.8% por mujeres.
Las características de las carreras laborales de las mujeres también inducen una menor probabilidad de calificar para un crédito al inicio de su carrera laboral, lo que las orilla a postergar la contratación de un crédito Infonavit. Así, la proporción de hombres entre 18 y 29 años que obtiene un crédito es 3.6 puntos porcentuales mayor a la de las mujeres de esa edad, mientras que aquellas que contratan un crédito Infonavit entre los 30 y los 40 años es 3.9 puntos porcentuales mayor que la de ellos.
También existen diferencias en los montos del crédito: en el mismo año, el chequevi promedio otorgado a las mujeres fue de 334.9 mil pesos, 7.6% menor al de los hombres. Este sesgo se explica por la concentración de las mujeres en los niveles salariales bajos.
Sin embargo, cuando ellas toman la decisión de contratar un crédito, el monto de cheque ejercido, en promedio, es superior al de los hombres para los niveles de ingreso entre 4 y 9.99 UMA (Unidades de Medida y Actualización). Esto podría deberse, entre otras causas, a que tienen carreras salariales más planas y por ello postergan más esa decisión (como se mencionó arriba), así cotizan durante más tiempo y generan mayor ahorro en su subcuenta de vivienda.
Como se puede apreciar, la evidencia sugiere que la falta de equidad en el acceso al mercado laboral y los problemas a los que se enfrentan las mujeres durante su carrera laboral explican las diferencias observadas en el análisis de la operación del Infonavit desde la perspectiva de género.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
i Trabajo no remunerado de las mujeres: Un aporte a la economía, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2016).
ii 58 Sesión, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (2014).
iii Las mexicanas y el trabajo II, Instituto Nacional de las Mujeres (2003).
iv Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable, como la participación en el mercado laboral, el desempleo o el decil de nivel de ingreso.
v La tasa de participación en la fuerza laboral de las mujeres mide el porcentaje de mujeres que se encuentran en edad de trabajar y que están empleadas o que buscan empleo activamente, con respecto del total de población de mujeres de 15 años o más.
vi Total de recursos que se transfieren por la contratación de un crédito formalizado. Se compone del monto de crédito, más el saldo de la Subcuenta de Vivienda (SCV), menos los gastos de administración.
En la más reciente edición de la Revista Vivienda InfonavitI, correspondiente al primer semestre 2022, se reflexiona desde distintos ángulos sobre la importancia de los actores locales en la problemática de la vivienda. En este número se incluye una infografía que, además de presentar los principales instrumentos de planeación urbana en México, indica la antigüedad promedio de los Planes o Programas de Desarrollo Urbano (PDU) de los municipios.
Los Planes o Programas de Desarrollo Urbano (PDU) son documentos que contienen las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio a distintas escalas (regional, estatal, municipal y metropolitana). El objetivo de estas herramientas es establecer políticas para el correcto ordenamiento territorial y desarrollo urbano, mediante la determinación de las Unidades de Gestión Territorial (UGT) y la zonificación, los destinos, las normas de uso y aprovechamiento de suelo, así como las respectivas acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento urbano.
En particular, interesan los Planes de Desarrollo Urbano a nivel municipal (PMDU), ya que el municipio es la expresión más local del gobierno, por lo que se enfrentan a problemáticas únicas que afectan directamente a la vida de sus habitantes. Uno de estos retos es la constante expansión de las áreas urbanas, consecuencia del desarrollo económico de las urbes o, incluso, de las regiones vecinas.
Sabemos que la expansión urbana desordenada tiende a crear aglomeraciones o dispersiones de población en sitios que no tienen la infraestructura necesaria o adecuada, provocando gastos que frecuentemente los municipios no pueden solventar. La regulación del suelo, los permisos de construcción (incluyendo la facilidad para obtenerlos), el transporte (calles y líneas de transporte público) y la dotación de servicios públicos (agua, recolección de basura, banquetas, etcétera) caen en la responsabilidad de autoridades locales y sus menguados presupuestos.
De ahí la importancia de la planeación como una herramienta efectiva de gobierno. Cuando esta no existe, o cuando es reactiva a la dinámica observada (usualmente reacciona cuando ya es un problema insufrible), crea problemas para solventar las necesidades de la población, lo que abona al encarecimiento del suelo (repercutiendo directa y negativamente en la vivienda asequible), la construcción informal (que no respeta reglamentos), la segregación de comunidades de bajos ingresos, los asentamientos irregulares, etcétera.
En el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se define un extenso catálogo de las competencias y funciones de los municipios, entre las que se cuenta la mayor parte de las regulaciones en materia de desarrollo urbano y vivienda, plasmadas en los instrumentos de planeación.
Entonces, la importancia de los PMDU radica en que orientan y determinan las intervenciones del sector público y privado en el orden local, y su cumplimiento favorece el desarrollo sostenible. Además, señalan las acciones específicas necesarias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos y establecen la zonificación correspondiente. De igual forma, especifican los mecanismos para instrumentar sus principales proyectos, en el marco del cumplimiento con lo establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las leyes estatales y los ordenamientos locales. Debido a los alcances de la información que contienen, se les considera como herramientas esenciales para el desarrollo de los municipios.
De acuerdo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hasta diciembre de 2021, hay 629 instrumentos de planeación a escala municipal en todo el país, que equivalen a 25.49% del total de municipios. El resto (1,840) no cuenta con instrumento, esto significa que 74.52% de los municipios carece de documentos que guíen su política en materia de desarrollo urbano local.
No obstante, menos de la mitad de los PMDU (aproximadamente 46%) ha sido publicada o actualizada en los últimos 12 años, por lo que es urgente la necesidad de revisar la mayoría de los instrumentos para su ajuste a las necesidades actuales.
Porcentaje de municipios con PMDU por entidad y su antigüedad promedio
Fuente: Sedatu, 2022.
En la ilustración destaca lo siguiente:
Recientemente, en junio de 2022II, la Sedatu anunció un esfuerzo para impulsar la actualización de más de 500 PMDU, lo que ayudaría a reducir en 20% el rezago municipal en materia de planeación y uso de suelo que existe en el país.
Planear el desarrollo urbano permite prever las necesidades de crecimiento y reducir el impacto ambiental, como es la disposición de desechos, las necesidades de agua y de redes de transporte, por mencionar solo algunos aspectos. El caso contrario conlleva mayores costos, económicos, sociales y ambientales, tanto para los gobiernos como para los habitantes de los asentamientos humanos, particularmente para las personas en condición de vulnerabilidad.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
I La revista Vivienda Infonavit es una publicación semestral de investigación, análisis y reflexión, centrada en temas de desarrollo urbano y vivienda. Desde 1975, año de su lanzamiento, su objetivo ha sido fomentar, recolectar y difundir estudios, análisis, proyectos, casos de éxito y buenas prácticas, así como problemáticas y reflexiones relevantes en la materia, desde diferentes aproximaciones y disciplinas académicas. Las ediciones correspondientes a la cuarta etapa de la publicación pueden consultarse en revistavivienda.infonavit.org.mx
II Para más información, consultar el boletín de prensa “Sedatu busca reducir 20% del rezago municipal en materia de planeación y uso de suelo”.
Entre 1987 y 2014, el Infonavit otorgó créditos denominados en veces de salario mínimo (VSM), es decir, la deuda que contraían las y los acreditados se establecía en VSM y la conversión a pesos se realizaba con el valor del salario mínimo vigente. Lo anterior implica que cada año, en enero, el saldo insoluto del crédito y la mensualidad que debe pagar el acreditado durante los siguientes 12 meses se actualiza, reflejando el incremento anual que haya experimentado el salario mínimo. En 2019, el Infonavit implementó el programa Responsabilidad Compartida, diseñado para resolver la problemática de derechohabientes con créditos denominados en VSM, quienes habían experimentado un incremento de su saldo insoluto a pesar de mantener un buen comportamiento de pago. Responsabilidad Compartida cambió las condiciones crediticias al convertir créditos denominados en VSM a pesos, modificando el monto mensual de amortización y fijándolo para el tiempo restante del crédito a una tasa de interés fija de 8.5 %; además, otorgó quitas de capital para que los créditos lograran amortizar en el plazo remanente. Al cierre de 2021, Responsabilidad Compartida se había aplicado a más de 281 mil créditos, con quitas por 43.7 mil millones de pesos. Por la relevancia del programa se propone una serie de ejercicios estadísticos para medir un posible impacto en el comportamiento de los acreditados.
Los criterios para elegir a las y los acreditados susceptibles a la aplicación del programa (versión 1.0)1 fueron: i) tener un crédito originado en VSM que se encontrara vigente2 y que se hubiera mantenido así por al menos 24 meses; ii) estar al corriente en el pago3 ; iii) saldo en pesos del crédito debía ser superior al saldo original en 50 % o más; iv) crédito otorgado hace más de 15 años, v) acreditados con 40 años o más cumplidos y con su último salario menor o igual a 4 VSM. Por cuestiones operativas, el programa estaba limitado a la aplicación de un número máximo de créditos al mes, excluyendo a los demás, sin que existiera una regla para seleccionar a cuáles créditos se les aplicaría, pero tampoco hubo un criterio riguroso de aleatoriedad para seleccionarlos.
Dado lo anterior, los créditos elegibles pero no tratados conforman un grupo de control natural. Los créditos tratados fueron 142 mil, mientras que el grupo de comparación natural fue de 31 mil créditos. Para comprobar que los grupos de tratamiento y de control fueran estadísticamente iguales se compararon las distribuciones de las variables relevantes: edad del crédito, edad del acreditado, monto de crédito, tasa de interés, último salario, riesgo de extensión, plazo remanente, importe de pago, acciones de cobranza a través de vías judiciales, régimen de pago y reestructuras. A pesar de que los valores promedio eran parecidos entre los dos grupos, las pruebas estadísticas mostraron que sus características eran distintas.
Para corregir las diferencias encontradas entre las características de ambos grupos en el ejercicio de asignación aleatoria se realizó otro ejercicio de pareamiento, el cual consiste en elegir créditos de ambos grupos de tal forma que sean similares entre sí (en las variables mencionadas) y la única diferencia sea si recibieron o no el programa. Para obtener grupos estadísticamente iguales, el modelo excluye observaciones del grupo de tratamiento a las cuales no se les encontró un par lo suficientemente parecido en el grupo de control. Asimismo, asigna al grupo de control una combinación (ponderada) de individuos con características similares.
Al comparar el comportamiento de los grupos de control y de tratamiento, tanto para el modelo de pareamiento como al previo a él, se encontró que a dos años de haberse aplicado el programa:
En la siguiente gráfica se observa la evolución del ICV desde antes de que se aplicara el programa y dos años después de su aplicación. El ICV en el grupo de control muestra un incremento significativo en noviembre de 2019, lo que no sucede el grupo de tratamiento obtenido bajo la metodología del pareamiento; la diferencia en el ICV entre ambos grupos es de 3.76 veces.
La diferencia en el porcentaje de créditos con atrasos superiores a tres periodos alcanza casi 12 puntos porcentuales entre ambos grupos bajo la metodología de pareamiento. Esta diferencia tiene una implicación en el gasto en reservas crediticias, ya que la probabilidad de incumplimiento se estima en función al número de atrasos: entre menor sea la cantidad de atrasos de los créditos, menor es la probabilidad de incumplimiento y menores también son las reservas por riesgo de crédito que el Instituto debe constituir. En este sentido, los créditos que recibieron el programa de Responsabilidad Compartida generaron un menor gasto en reservas que aquellos que no lo recibieron.
Debido a que uno de los beneficios del programa fue el otorgamiento de una quita, esto puede incentivar a que algunos acreditados anticipen la liquidación de su crédito; la evidencia empírica muestra que aquellos a los que se les aplicó Responsabilidad Compartida tuvieron mayor porcentaje de liquidaciones anticipadas; bajo la metodología del pareamiento, la diferencia es de 1.70 puntos porcentuales.
Una descripción más amplia de estos hechos estilizados puede consultarse en el recuadro del Reporte Económico Trimestral enero–marzo 2022 de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1 Posterior a la primera versión del programa de Responsabilidad Compartida, se aplicó una versión modificada (versión 1.1) que contempló menores requisitos para participar.
2 Un crédito se considera no vigente cuando excede tres meses impago.
3 En al menos 24 periodos, la persona acreditada debe haber realizado el pago completo de su factura en cada periodo, de tal forma que no genere un monto remanente por pagos atrasados.
4 El ICV calcula el total de créditos que se encuentran vencidos dividido entre el total de créditos activos a una determinada fecha.
Tanto la Ley del Seguro Social y como la Ley del Infonavit contemplan al ahorro para la vivienda como integrante de la cuenta individual, cuya finalidad es acumular el ahorro previsional de los trabajadores, por lo que los recursos de la subcuenta de vivienda (SCV) que no hayan sido utilizados para un crédito de vivienda deben utilizarse para financiar su retiro.
Como se muestra en la siguiente gráfica, durante el periodo 2015-2021 se ha registrado una tendencia creciente en el monto anual de retiros totales de la SCV, sobre todo en el último año. Los montos retirados de la SCV crecieron a una tasa anual promedio de 13.1% entre 2015 y 2020, mientras que en 2021 aumentaron 34.7%. En 2021 se retiraron 32,909 millones de pesos de la SCV, de los cuales 83.0% se retiraron al amparo de la Ley 73, y 17.0%, de la Ley 97. En 2021, los retiros bajo la Ley 97 crecieron 66.5% con respecto al año anterior, más del doble de lo que crecieron los retiros bajo la Ley 73 (29.6%).
Retiros totales de la subcuenta de vivienda
(millones de pesos nominales)
Fuente: Infonavit
El incremento en los retiros totales de la SCV podría estar asociado a diversos factores, entre ellos, (i) la propia demografía del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que genera un número creciente de trabajadoras y trabajadores que cumplen con la edad mínima de retiro; (ii) el efecto de las decisiones ante la pandemia por COVID-19, la cual pudo haber incentivado a las y los trabajadores que cumplían con los requisitos de edad y cotización a anticipar su retiro, derivado de un mayor desempleo y riesgos a los que los exponía la enfermedad; y (iii) la entrada en vigor, en 2021, de la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la cual contempló modificaciones importantes en los parámetros, requisitos y beneficios del sistema de pensiones contributivo, con el objetivo de incrementar la cobertura y el nivel de las pensiones que perciben las y los trabajadores de la generación Afore.1
La información administrativa con la que cuenta el Infonavit permite estimar las semanas de cotización acumuladas por las y los trabajadores que retiran su SCV, al considerar el año en el que se afiliaron al IMSS —registrado en su NSS— y la densidad histórica con la que realizaron aportaciones a sus cuentas individuales durante su vida laboral (esto es, la proporción de bimestres que presentan una aportación respecto del total de bimestres existentes entre la fecha de afiliación y la fecha de retiro).
En la siguiente gráfica se muestra la dinámica creciente del número de trabajadores que se retira cada año al amparo del seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV) de la Ley 97, distinguiendo por rango de semanas de cotización acumuladas aproximadas. En 2021 se observa un incremento sustancialmente mayor (88.8%, contra 19.3% del total) en el número de personas que se retiraron con 750 a 1,250 semanas (línea verde), lo que podría explicarse como un impacto de la reforma de 2020; una cantidad importante de estos trabajadores retirados podría haber estado esperando acumular las semanas necesarias para adquirir una pensión bajo los requisitos anteriores, pero al reducirse el umbral de semanas a 750, aprovechó para retirarse anticipadamente; si este fuese el caso, lo que se esperaría es que, en los siguientes años, este rango regrese a su tendencia anterior.
Trabajadores que se retiran bajo la Ley 97 en cada rango
de semanas de cotización acumuladas
Fuente: Infonavit.
La reforma significó también una mayor cobertura, es decir, un número superior de pensiones con respecto al total de trabajadores retirados —como era su intención—, al permitir que 22.5% de las personas retiradas en 2021 bajo la Ley 97 alcanzaran una pensión, lo que significa un cambio significativo respecto de los años previos, donde esta proporción se encontraba por debajo de 3%, como se observa en la siguiente gráfica.
Número de negativas, PMG y pensiones bajo la Ley 972
Fuente: Infonavit.
Si bien el Infonavit no cuenta con información sobre el nivel de las pensiones mínimas garantizadas (PMG) que alcanzó la mayoría de las y los trabajadores pensionados en 2021 bajo la Ley 97, los registros administrativos permiten estimarlos a partir de los parámetros que contempla la regulación para el cálculo del beneficio. La reforma amplió el programa de PMG mediante un piso mínimo creciente, indexado a la inflación, definido en función de las semanas cotizadas, la edad de retiro y el salario promedio de toda la vida laboral de la o el trabajador.
La siguiente gráfica, en la parte izquierda, muestra la distribución del nivel aproximado de las PMG mensuales que recibieron los pensionados en 2021, así como la distribución de la tasa de remplazo que significan esas pensiones, como proporción del último salario registrado por el trabajador. En 2021, las PMG aproximadas presentan una mediana de 3,750 pesos, aunque 10% de ellas supera los 6,100 pesos. Las tasas de reemplazo que representan estas pensiones equivalen, como mediana, a 82% del último salario; solo 10% de las PMG significaría una tasa de remplazo menor a 46%.
Una PMG fija, como existía hasta 2020 (equivalente a 3,289 pesos), representaba una alta tasa de remplazo solo para trabajadores de muy bajos salarios, mientras que ofrecía tasas muy bajas para aquellos de altos salarios, como se muestra en la gráfica siguiente, en la parte derecha. El establecimiento de una PMG creciente, en función del salario promedio de la o el trabajador, permite generar tasas de remplazo menos dispersas para las y los pensionados, lo que contribuye a un sistema más equitativo.
Distribución de PMG y tasas de remplazo aproximadas
(Personas que se retiraron en 2021)
Fuente: Infonavit.
Distribución de tasas de remplazo aproximadas
(Personas que se retiraron entre 2015 y 2021)
Fuente: Infonavit.
En resumen, durante 2021 se observó un incremento por encima de la tendencia en los retiros de la SCV, especialmente de aquellas personas que se retiraron al amparo de la Ley 97, con 750 a 1,250 semanas cotizadas, lo que podría explicarse como un efecto indirecto de la reforma de 2020, que redujo el número de semanas de cotización requeridas para acceder a una pensión, lo que posibilitó una mayor cobertura de las pensiones. Además, el fortalecimiento de la PMG, establecida como un piso mínimo creciente en función de las semanas cotizadas, la edad de retiro y el salario promedio de toda la vida laboral de la o el trabajador, generó tasas de remplazo adecuadas, más equitativas, lo que representa un resultado positivo para el sistema.
Una descripción más amplia de estos hechos estilizados puede consultarse en el recuadro del Reporte Económico Trimestral enero–marzo 2022 de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1 La reforma publicada en diciembre de 2020 redujo el requisito para gozar de una pensión contributiva de 1,250 a 1,000 semanas de cotización, con un periodo de transición inicial, donde el umbral se establece en 750 semanas iniciales, con un incremento de 25 semanas cada año, hasta alcanzar el parámetro objetivo en 2031. De igual forma se amplió el programa de Pensión Mínima Garantizada mediante un piso mínimo creciente, indexado a la inflación, definido en función de las semanas cotizadas, la edad de retiro y el salario promedio de toda la vida laboral de la o el trabajador. Por último, la reforma estableció un tope a las comisiones de las Afore y incremento gradual, en un lapso de ocho años a partir de 2023, de las aportaciones obligatorias a la cuenta individual, hasta alcanzar 15 % del salario de la persona trabajadora.
2 Si el trabajador al momento del retiro no cumple con los requisitos de cotización para recibir una pensión, recibe una negativa, teniendo derecho a retirar en una sola exhibición su ahorro acumulado en todas las subcuentas.
“Aunque la crisis en el mercado laboral formal privado causada por la pandemia fue más profunda que en la crisis de 2008, su ritmo de recuperación fue más rápido.”
Las restricciones en la movilidad de la población para contener la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 impactaron de forma negativa en el mercado de trabajo en México al limitar el volumen del empleo, así como al distorsionar la dinámica de las altas y las bajas laborales y, de manera más desagregada en el caso de las contrataciones, desacelerar los reingresos y las nuevas incorporaciones al mercado laboral. El principal hallazgo es que, aunque la crisis causada por la pandemia fue más profunda en el mercado laboral formal privado en 2020 que durante la crisis de 2008, su ritmo de recuperación fue más rápido. Además, las entidades colindantes con Estados Unidos se recuperaron con mayor velocidad que el resto del país.
Con información administrativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se describe la evolución en el número de relaciones laborales, así como el comportamiento de las bajas y altas (reingresos y nuevas incorporaciones) de las aportaciones a la Subcuenta de Vivienda de las y los trabajadores en el sector laboral formal privado. Esta información es entregada bimestralmente por las empresas privadas que por ley deben realizar aportaciones a la Subcuenta de Vivienda en favor de sus trabajadores.
Para este ejercicio se utilizó la información entre el quinto bimestre1 de 2008 y el cuarto bimestre de 20112, y entre el primer bimestre de 2020 y el tercer bimestre de 2021 . Con dicha información se construyó un índice para cada tipo de movimiento afiliatorio: altas, bajas, reingresos y nuevos ingresos al mercado laboral. De esta manera pudo analizarse la evolución relativa de cada serie de interés durante las etapas de afectación de la coyuntura en 2008 y en 2020, respecto del periodo base.
Los índices reflejan que durante 2008 el ritmo de la recuperación fue más lento: en el octavo bimestre posterior al inicio de la crisis, el nivel alcanzado representaba 96.4 % del empleo que se registró en el bimestre base, mientras que en 2020, en ese mismo periodo, el nivel alcanzado representaba 98.3 % del bimestre base, no obstante que la caída ocurrida en 2020 durante el segundo periodo (7.6 %) fue más profunda en comparación con 2008.
Cuando se examina el total de altas en 2020, se observa que después de siete bimestres, las contrataciones representaban 92.9 % del nivel previo a la pandemia, mientras que en 2008 en ese mismo periodo las altas representaban 85.2 % del periodo base, esto es, una mayor recuperación en 2020, a pesar de que la caída fue más profunda por la crisis derivada del COVID-19.
La dinámica de las altas puede desagregarse en quienes reingresaron al mercado laboral y en quienes que no se habían empleado desde 2005. El comportamiento de las y los trabajadores que reingresaron al mercado laboral formal muestra una recuperación más rápida en 2008, esto es, después de tres bimestres de iniciada la crisis ya se tenía un nivel 14.0 % más alto respecto del periodo inicial. Mientras que para el 2020 en el octavo periodo los reingresos representaban 94.0 % de los niveles previos a la pandemia.
Con relación a las nuevas incorporaciones, al inicio de la crisis de 2008, el empleo juvenil cayó 33.2 % respecto del periodo base y no se alcanzó el nivel previo sino hasta 2014. Por otra parte, en 2020 la caída más fuerte fue en el segundo periodo (46.8 %), aunque con una recuperación también más rápida, ya que en el tercer bimestre de 2021 el nivel alcanzado representaba 92.1 % del periodo base.
Las bajas se redujeron durante 2008, mientras que en 2020 aumentaron. Esto es, en el inicio de la crisis en 2020 se tuvo un mayor número de separaciones respecto del periodo base, ya que el indicador aumentó 113.7 % y, en el tercer trimestre de 2021 se redujeron hasta quedar a un nivel de 93.6 % respecto del periodo previo a la crisis. En contraste, en 2008 las bajas disminuyeron, y durante 10 periodos se mantuvieron en promedio 14.5 % por debajo de los niveles anteriores a la crisis.
Las crisis de 2008 y 2020 tuvieron distintos efectos en las entidades debido a la relación que guardan respecto de Estados Unidos. En 2008, la recesión afectó en mayor medida a los estados fronterizos a causa de la estrecha relación que tienen con el sector secundario de ese país, el cual estuvo directamente afectado por la coyuntura del sector hipotecario y su impactó en el sector de la construcción. El sector terciario, que se distribuye en los estados no fronterizos, tuvo una recuperación más rápida3. En 2020 el efecto fue opuesto, ya que los estados fronterizos tuvieron un mejor desempeño debido a que el cierre de las industrias no fue una medida de largo plazo, por el contrario, se implementaron políticas para mantenerlas en funcionamiento4.
En la crisis de 2008, la mayor caída del empleo (9.5 %) se observó durante el tercer periodo en los estados colindantes, los cuales representaban 28.5 % del empleo total. En esta región, el nivel de empleo no se recuperó sino hasta casi tres años después de iniciada la crisis, mientras que los estados no colindantes, que representaban 71.5 % del empleo total, lo recuperaron después de 10 periodos. En contraste, durante 2020, la mayor caída del empleo (8.2 %) se observó en el segundo periodo en los estados no colindantes, los cuales representaron 72.4 % del empleo total. En esta región, al tercer bimestre de 2021, el nivel de empleo se encontraba aún 3.6 puntos porcentuales por debajo del periodo base, mientras que los estados colindantes, que representaron 27.6 % del empleo total, recuperaron el empleo en el séptimo periodo.
En resumen, en 2020, el ritmo de recuperación fue más rápido, ya que el promedio de crecimiento bimestral desde que inició la recuperación fue de 0.9 %, mientras que en 2008 fue de 0.3 %; no obstante, la caída más profunda, ocurrida en el segundo periodo, fue de 7.6 %, mientras que en 2008, en el tercer periodo, ésta fue de 5.2 %. Posiblemente, la diferencia en el ritmo de recuperación se debe, entre otras causas, a que durante 2020 el mercado laboral fue más volátil comparado con 2008, es decir, el movimiento de altas y bajas tuvo ajustes mayúsculos, no así en 2008, ya que los ajustes se mantuvieron constantes en el tiempo. Por su parte, la evolución en el número de relaciones laborales en las entidades colindantes está correlacionada por su integración a la industria de Estados Unidos. Esto es, en 2008, las entidades colindantes se recuperaron en 17 periodos, y en 2020 lo hicieron en seis. Mientras que en 2008 las entidades no colindantes se recuperaron en 11 periodos, en contraste, en el octavo periodo de 2020 aún se encuentran por debajo del nivel previo a la contingencia sanitaria.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
1 La información con la que cuenta el Infonavit proviene de los registros administrativos que registran las aportaciones patronales las cuales se realizan bimestralmente. Por este motivo, el análisis se realiza con esta periodicidad.
2 Se utilizaron datos al tercer bimestre de 2021 ya que hasta ese periodo se tiene información disponible.
3 López Arévalo, J. y Peláez Herreros, O. (2015). El desigual impacto de la crisis económica de 2008-2009 en los mercados de trabajo de las regiones de México: la frontera norte frente a la región sur. Contaduría y Administración, 60 (2), 195-218.
4 Al inicio, en México los servicios de salud y, en general, la industria se declararon actividades esenciales. Después también la construcción. Ver Diario Oficial de la Federación (2020a, marzo, 31): “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2” y “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias” (2020b, mayo, 15).
Bibliografía
Infonavit (2022), Reporte económico trimestral octubre – diciembre 2021, consultado el 3 de marzo 2022 en https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/0f6ce74c-7d56-44c4-ba18-148a7f6c6060/Reporte_economico_octubre_diciembre_2021.pdf?MOD=AJPERES
Habitar una vivienda digna y decorosa es una necesidad básica de la vida humana y un derecho fundamental de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Mexicana. El no poder ejercer este derecho implica una limitación en cuanto al acceso a otros bienes y servicios, además, puede conducir a una situación de exclusión social. En México existen viviendas que presentan diversas carencias en el acceso a los servicios básicos o en la calidad y espacios de la vivienda, lo cual perjudica las condiciones sanitarias y la salud de los residentes, modifica las actividades que pueden llevarse a cabo por los habitantes de la vivienda, o afecta la protección de factores climáticos.
Inclusión social y grupos vulnerables
La inclusión social es un proceso para cerciorarse que las personas en riesgo de exclusión social cuenten con lo necesario para involucrarse de lleno en la vida económica, social y cultural, y para acceder al bienestar usual en su entorno. Además, la inclusión social garantiza el acceso a sus derechos fundamentales y a la toma de las decisiones que influyan en su vida. Derivado de lo anterior, de acuerdo con Subirats (2004), la exclusión social es definido como el resultado de la acumulación de diversos factores de desventaja o vulnerabilidad social sobre un grupo de personas que les imposibilita o dificulta el acceso al desarrollo personal y social.
Esta exclusión se presenta en limitaciones que son multidimensionales; Chuaqui (2016) establece tres niveles de manifestación, los cuales son i) impedimento o dificultad para ingresar a algún sistema social por ejemplo un tipo de sistema educativo, tipo de trabajo, u otro grupo de socialización mediado por razones económicas, ideológicas, de género o de otras clases; ii) dificultad para acceder a servicios o derechos fundamentales y iii) barreras para mantenerse dentro de un mismo sistema, grupo o servicio por malas condiciones a nivel relacional al verse dificultado el contacto social y la posibilidad de entablar relaciones de buena calidad. Además, reconoce las causas de la exclusión social, por grandes grupos están a) posición en clase social, posición laboral o forma de obtener ingreso en general; b) limitaciones o degradaciones del estatus (de género, de discapacidad, enfermedad, religión, ideología, etc.) y c) barreras en la dimensión territorial o cultural (pertenecer a una etnia, vivir en una localidad aislada o marginal).
Por lo ya mencionado, la exclusión social afecta a los denominados grupos vulnerables, que, según la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la cámara de diputados, este concepto se refiere a aquella persona o grupo que, por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
Así, se observa que los conceptos de grupos vulnerables y exclusión social están interrelacionados, debido a que pertenecer al primero puede ser causa de sufrir el segundo. Para evitar esto es que se requiere implementar un proceso de inclusión social.
De acuerdo con Chuaqui (2016), existen ámbitos en la vida de las personas que están más propensos a presentar exclusión. A grandes rasgos, éstos son: el ámbito económico, el laboral, el educativo, el de la salud e higiene, el residencial, el relacional y el ámbito de la participación ciudadana. Aunque la exclusión social abarca todos los ámbitos, podemos centrarnos en la exclusión residencial. Dentro de este tipo de exclusión, las principales causas son: problemas de acceso a la adquisición de vivienda, mala calidad de la vivienda y malas condiciones ambientales o de entorno; estos, además pueden producir exclusión en otros aspectos de la vida de las personas.
Es por esto, que en este análisis nos centramos en revisar algunos factores exclusivos del ámbito residencial para ciertos grupos vulnerables identificados mediante el Censo de Población y Vivienda 2020, con el fin de evaluar si se presenta exclusión en este ámbito y poder identificar los factores y a los grupos con mayor incidencia.
Calidad de la vivienda
En el análisis de la calidad de vivienda se enfocará en aquellas que tienen mala calidad por ser carente, esto es, si presenta alguna carencia de acceso a servicios básicos o por calidad y espacios de la vivienda. Estos tipos de carencias se encuentran definidos, para México, en el Diario Oficial de la Federación y en CONEVAL . A continuación, se detallan las que fueron contempladas para este estudio.
Carencia por acceso a servicios básicos
Esta carencia ve comprometida la condición sanitaria de los habitantes de las viviendas y limita el desarrollo de diversas actividades. Las viviendas con carencias por acceso a los servicios básicos son aquellas que presentan alguna de las siguientes condiciones:
Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Aquí se identifica que los materiales de la edificación sirvan de protección contra las condiciones climatológicas para los residen, de forma que su salud no se vea dañada; asimismo procura el derecho a la privacidad identificando las condiciones de hacinamiento. Se considera que una vivienda presenta carencias por calidad y espacios a aquellas si presenta, al menos, una de las siguientes:
Para medir estos factores de exclusión no hay una medida universal, ya que los aspectos culturales y sociales de cada país o región impiden establecer parámetros de referencia generales. Por lo cual, la evaluación del ámbito residencial en el marco de la exclusión se contextualiza con las características de su entorno. Por ejemplo, se podría hablar de exclusión si la carencia por material de muros para cierto grupo de personas es mayor que para el resto del país, adicionalmente la definición de cada carencia también está influida por el contexto, pues hay lugares en los que por razones culturales esta definición puede ser diferente.
Carencias de la vivienda para grupos vulnerables
Se observaron los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, y al hacer la clasificación con los criterios establecidos en la sección anterior, se encontró que en México hay poco más de 9 millones de viviendas que tienen al menos una carencia de servicios o calidad y espacios, esto representa el 25.9% del total de viviendas habitadas del país. La carencia más frecuente por vivienda es por servicio de drenaje con 24.8%, seguida de agua entubada con 22.2% y electricidad con 20.2%. El hacinamiento sigue presente en casi una quinta parte de las viviendas mexicanas. También resalta que las viviendas con baja calidad de materiales con los que se construyó a lo más representan el 3.0% del total nacional.
Viviendas con algún tipo de carencia
| Carencia | Viviendas | % del total |
|---|---|---|
| Por acceso al agua entubada | 7,780,243 | 22.2% |
| Por servicio de drenaje | 8,667,196 | 24.8% |
| Por servicio de electricidad | 7,053,586 | 20.2% |
| Por material de techos | 309,510 | 0.9% |
| Por material de muros | 455,368 | 1.3% |
| Por material de pisos | 1,038,773 | 3.0% |
| Por hacinamiento | 6,783,458 | 19.4% |
| Con al menos una carencia | 9,051,719 | 25.9% |
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2020.
Por otro lado, dentro del censo se pueden ubicar características para identificar diversos grupos vulnerables. Este documento se enfoca en 3 grupos: 1) personas que hablan algún dialecto o lengua indígena, 2) personas que se consideran afrodescendientes o afromexicanos y 3) personas con alguna discapacidad.
Se encontró que, del total de las viviendas habitadas en el país, en el 8.9% (3.1 millones) reside al menos una persona que habla alguna lengua o dialecto indígena, de las cuáles, 1.7 millones presentan al menos una carencia, esto es, que más de la mitad (el 55.4%) de las viviendas en las que habitan hablantes de alguna lengua o dialecto indígena son carentes, esto supera por mucho el porcentaje nacional (25.9%). Además, del total de viviendas con alguna carencia, el 19.1% están habitadas por al menos un hablante de lengua o dialecto indígena, detectando así la posibilidad de exclusión desde el ámbito residencial, por la brecha que existe entre este grupo y el total. Por otra parte, hay 311.9 mil viviendas en las que al menos uno de sus habitantes se considera afrodescendiente o afromexicano, de las cuales el 28.6% presenta al menos una carencia. Esta proporción sigue estando por encima de la proporción nacional, aunque la brecha es menor.
En cuanto al grupo vulnerable de las personas con alguna discapacidad, se observó por separado cada tipo de discapacidad. El mayor grupo se concentra en las personas con discapacidad motriz, ya que existen 2.4 millones de viviendas en las que reside al menos una persona con esta característica. Por el contrario, la menor concentración pertenece a las personas que presentan dificultad para recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer. En cuanto a las viviendas con alguna carencia, el orden de estas concentraciones se mantiene.
Para poder identificar el impacto que tienen estas condiciones de vulnerabilidad se observa la comparación de su porcentaje de viviendas con carencias contra el porcentaje nacional; como todas las condiciones de discapacidad presentan una proporción de viviendas con alguna carencia que está por encima de 25.9% se podría decir que sí existe posibilidad de exclusión social. Destaca que en casi el 40% de las viviendas habitadas por personas con discapacidad para comunicarse o hablar son carentes, en cuanto a posibilidades de exclusión siguen las personas que tienen cierto grado de discapacidad mental. Sin embargo, se observa que la brecha no es tan grande para las viviendas en las que residen personas con discapacidad motriz, visual o auditiva.
Conclusiones
La exclusión social es causada por un cúmulo de factores, entre estos se encuentran los factores residenciales; si se presentan carencias relativas a la región en las viviendas de ciertos grupos, se puede decir que existe exclusión residencial y esto lleva a mayor probabilidad de enfrentar exclusión social. Algunas de las causas de exclusión residencial se refieren a la calidad de la vivienda, los servicios y espacios de esta. Por lo que, al revisar las diferentes carencias definidas por CONEVAL, se encuentra que las personas hablantes de alguna lengua o dialecto indígena, afromexicanas o afrodescendientes presentan mayor proporción de carencia residencial respecto al total del país, esta brecha se presenta con mayor profundidad para los hablantes de alguna lengua o dialecto indígena. Adicionalmente, el grupo vulnerable en el que se encuentran las personas con discapacidad también muestra exclusión proveniente del ámbito de la vivienda. Lo ya mencionado nos da como conclusión que los grupos vulnerables analizados en este trabajo presentan exclusión residencial lo que resulta en mayor probabilidad de sufrir exclusión social.
Se puede enfrentar a la exclusión social, ya que no es algo inherente a la sociedad, es una reacción a las desventajas y vulnerabilidades sociales. Esto es un proceso complejo e integral, y para combatirlo se deben investigar de forma integral todos los ámbitos en los que se presenta. Además, la exclusión no es fenómeno estático, por esto se deben crear estrategias dinámicas e innovadores, que se adapten a los contextos locales. En particular, en el ámbito residencial y dentro de los aspectos estudiados, se deben revisar las líneas de trabajo de las políticas de universalidad de servicios básicos, de calidad de materiales de la vivienda, y de calidad de los espacios para que la vivienda sea acorde al tamaño de la familia. La inclusión es un proceso colectivo, ya que las formas de medirlo se determinan con su contexto. En consecuencia, la participación debe ser, no sólo de las instituciones, sino también de las comunidades con el fin de llegar a un proceso integrar de inclusión social.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
Fuentes:
Gago Cortés, M. del C. (2010). La vivienda como factor de inclusión social: El realojo del poblado chabolista de Culleredo. Sept 2010, Universidad de Coruña. Recuperado de https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/17115/GagoCortes_Carmen_TFM_2010.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Diario Oficial de la Federación de México. (2013) PROGRAMA Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Glosario de términos, siglas y acrónimos Ciudad de México, México. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5326581
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. (2009) Grupos Vulnerables. http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico_old_14062011/
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Subirats J. et al. (2004). Pobreza y exclusión social Un análisis de la realidad española y europea. Colección Estudios Sociales, No 16. De Fundación La Caixa. https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/240906/vol16_es.pdf
Chuaqui J., Mally D. y Parraguez R. (2016). El concepto de inclusión social. Revista de Ciencias Sociales - Universidad de Valparaíso, No 69, 157-188.
Malgesini, G., González, N. (2005). Cumbre de Lisboa, Estrategia Europea de Inclusión Social. Fundación Luis Vives 2005
CONEVAL. (2020). Carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones2020_Fichas/
Carencia_por_acceso_a_servicios_basicos_en_la_vivienda_2020.pdf
CONEVAL. (2020). Carencia por calidad y espacios de la vivienda https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones2020_Fichas/
Carencia_por_calidad_y_espacios_de_la_vivienda_2020.pdf
La revista Vivienda Infonavit es una publicación semestral de investigación, análisis y reflexión, centrada en temas de desarrollo urbano y vivienda. Desde 1975, año de su lanzamiento, su objetivo ha sido fomentar, recolectar y difundir estudios, análisis, proyectos, casos de éxito y buenas prácticas, así como problemáticas y reflexiones relevantes en la materia, desde diferentes aproximaciones y disciplinas académicas. Durante la vida de la publicación se han identificado tres épocas, atendiendo a su uniformidad de diseño, contenidos y periodos de publicación. En 2020 el Instituto relanzó la Revista, inagurando una cuarta época y a partir de este año se publican dos números anuales.
En su edición de diciembre 2021, la revista Vivienda Infonavit reúne textos que reflexionan sobre la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, analizando las temáticas contempladas en la encuesta desde diferentes perspectivas, aproximaciones, ángulos y disciplinas académicas.
La ENVI 2020 produjo información estadística sobre las características físicas de la vivienda y la situación de tenencia, para conocer sus condiciones de habitabilidad y seguridad; el financiamiento de las viviendas; los gastos en construcción, reparación, mantenimiento y remodelación de la vivienda; la satisfacción tanto con la vivienda como con el entorno; y la identificación de necesidad y demanda de vivienda.
En el capítulo de Infografía, la revista muestra de forma simplificada algunos de los datos más relevantes de la encuesta a nivel nacional, respondiendo a la pregunta: ¿cómo sería nuestro país si solo tuviera 100 viviendas? Además, aprovechando la representatividad de la ENVI a nivel de entidad federativa, presentó cifras que permiten observar la heterogeneidad de la realidad del país.
Por ejemplo, respecto de los materiales de construcción, si todo el universo de viviendas en México se redujera a 100 casas, al menos 80 tendrían un techo de losa de concreto, mientras que, de las 20 restantes, 18 tendrían un techo de lámina. No obstante, esta realidad no es uniforme a lo largo del país, pues en el estado de Chiapas, 64% de las viviendas tiene un techo de lámina, mientras que en Aguascalientes sólo 2% utiliza este material.
Proporción de viviendas con techo de losa de concreto
Fuente: Infonavit con datos de la ENVI 2020.
Respecto al acceso a servicios básicos, de las 100 casas que conformarían el hipotético parque habitacional del país, al menos 16 poseerían un drenaje conectado a una fosa séptica; en Campeche, 87% de las viviendas se encuentra en esta situación. Asimismo, 22 de esas 100 viviendas poseerían un sanitario que se descarga con una cubeta de agua, que es la realidad para 62% de las viviendas de Chiapas, mientras que en Chihuahua solo se presenta en 2% de las viviendas.
Respecto de la satisfacción con la vivienda y su entorno, en 76 de las 100 viviendas del país, sus habitantes declararían sentirse algo o muy satisfechos con la calidad de los muros, caso del 90% de los hogares encuestados en la Ciudad de México, mientras que en Tabasco ese nivel solo alcanza 48%. Por otra parte, en 48 hogares del país manifestarían sentirse algo o muy satisfechos con la distancia que deben recorrer a los centros de recreación o instalaciones culturales; tal es la situación de 66% de los hogares en Nuevo León, mientras que en Guerrero fue solo 27%. En contraparte, 44 casas de las 100 que representan a este país presentarían problemas de robos y asaltos, siendo que, en el Estado de México, 71% de las viviendas encuestadas enfrenta estos problemas y en Guerrero solo 16%.
Respecto a la tenencia y tipo de vivienda, a nivel nacional, 16 de las 100 casas serían rentadas, aunque en la Ciudad de México 27% de las viviendas presenta esta condición de tenencia, mientras que en Oaxaca solo 7%. Por su parte, de las 100 viviendas, solo 5 serían departamentos, para la CDMX es el caso de 30% de las viviendas, pero en Sinaloa esta cifra es de apenas 1%.
Proporción de viviendas en el país que son departamentos
Fuente: Infonavit con datos de la ENVI 2020
Si se realiza un ejercicio similar sobre las 23.9 millones de viviendas propias, es posible dimensionar algunas tendencias relevantes. Por ejemplo, de cada 100 viviendas propias, apenas 41 resultan ser propiedad de una mujer, siendo Nuevo León la entidad con menor frecuencia (31%).
Destaca también la relevancia de la autoconstrucción como mecanismo de adquisición de vivienda, pues de cada 100 viviendas propias, 57 fueron construidas o fueron mandadas a construir por sus dueños. Aquí también se manifiestan diferencias a nivel regional, ya que esta proporción aumenta a 87% en Oaxaca y se reduce a 32% en Nuevo León. De la misma forma, de cada 100 hogares que dicen requerir una vivienda, 59 necesitan construirla (sobre un terreno propio o sobre un terreno que también quieren comprar), siendo Tlaxcala la entidad con mayor proporción de hogares con esta necesidad (84%) y Nuevo León entidad con la menor (25%).
Por último, es notorio el papel que ha jugado Infonavit en la formación del patrimonio de los hogares, al ser la fuente de financiamiento de 76 de cada 100 viviendas propias que se están pagando. En Tamaulipas, es el caso de 89% de las viviendas, mientras que en la Ciudad de México aplica para 38% del total.
La revista Vivienda Infonavit se puede consultar en la sección de Reportes Estadísticos y Documentos de Investigación de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis o en la siguiente liga.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
“El índice de Intención de Adquisición de Vivienda (IIAV) en México se colocó en perspectiva neutra (37.4 puntos) durante el 4° trimestre de 2021, con un incremento de 3.2 puntos respecto al inicio de año.”
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha identificado la necesidad de conocer a profundidad la opinión de las y los trabajadores mexicanos en relación con temas de vivienda y crédito, por este motivo decidió diseñar la Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda, la cual ayuda al Instituto a tener un panorama más amplio de lo que las personas con un empleo formal privado opinan y solicitan en relación con temas de crédito y vivienda. La Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda del Infonavit inició su publicación en el primer trimestre de 2021, con lo que ya se han acumulado cuatro publicaciones, por lo que se cuenta con datos trimestrales disponibles desde el cuarto trimestre del 2021. Los resultados obtenidos, así como la encuesta y los microdatos se encuentran disponibles para el público en general en el portal institucional del Infonavit.
Con la información de la encuesta, ha sido posible construir indicadores específicos que permiten dar seguimiento trimestral a las expectativas sobre aspectos clave para el Infonavit, basados en metodologías utilizadas a nivel nacional e internacional. A continuación, difundimos los principales resultados obtenidos a partir de este ejercicio de investigación referentes a los siguientes temas: 1) sentimiento de adquisición de vivienda; 2) preferencias y necesidades de vivienda; y 3) percepción de la situación económica.
La encuesta fue diseñada para calcular el Índice de Intención de Adquisición de Vivienda (IIAV) en México. La metodología fue diseñada para seguir las intenciones de compra de las y los consumidores de vivienda con un horizonte de un año hacia adelante1. Se construyó el IIAV de manera que puede tomar valores entre -50 y 150 puntos, con la siguiente interpretación: un valor menor a 0 indica una perspectiva general negativa; un valor alrededor de los 50 puntos se considera como una perspectiva neutra; y un valor arriba de los 100 puntos como una perspectiva positiva.
Durante el 2021, el Índice de Intención de Adquisición de Vivienda (IIAV) en México ha mantenido un nivel constante, es decir, se ha colocado entre 34.2 y 37.4 puntos, lo que refiere a una perspectiva neutra, no obstante, se ha observado una ligera tendencia positiva. En su interior, ha habido dos componentes que se han mantenido en valores negativos, estos son: la expectativa de venta de una vivienda y el cambio en las tasas de interés. En contraste, los componentes que mejor desempeño han tenido son la expectativa del precio de venta y la expectativa en el ingreso del hogar. Es importante mencionar que entre la expectativa de pérdida de empleo y el incremento en el ingreso se observa una correlación negativa, es decir, durante el 2021 la perspectiva en el incremento de ingreso ha aumentado y la pérdida de empleo ha tenido un decremento.
En la encuesta también se busca conocer la opinión de las y los entrevistados en torno a la situación económica actual del hogar y del país en los próximos 12 meses. De acuerdo con los resultados de la encuesta, la situación futura del hogar y del país tuvo mejoras continuas trimestre a trimestre. Esto es, en relación con la situación futura del hogar, se tuvo un incremento de 7.8 puntos porcentuales en el porcentaje de personas que expresaron que habría una mejoría y, para la situación futura del país, se tuvo un incremento de 9.7 puntos porcentuales en el mismo periodo. La pregunta que se refiere a la situación actual del país también mejoró continuamente durante el 2021, no obstante, las personas que consideran que la situación es peor aún se mantiene por arriba de los 40 puntos en el cuarto trimestre del 2021.
Los resultados completos de la encuesta se pueden consultar en la sección de Reportes Estadísticos y Documentos de Investigación de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis o en la siguiente liga: investigacionyanalisis.infonavit.org.mx
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
1 El IIAV sigue la metodología estandarizada por Fannie Mae, institución hipotecaria de los Estados Unidos de Norteamérica (The Fannie Mae Home Purchase Sentiment Index).
“La mayoría de las empresas aportantes al Infonavit indicaron que esperaban una mayor actividad económica para los siguientes meses y, de acuerdo con sus expectativas, una mejora en la economía en el próximo año. Sin embargo, las expectativas se han moderado.”
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores presenta los resultados de la Encuesta de Desempeño y Prospectiva de Empresas Aportantes correspondiente al cuarto trimestre de 2021. La encuesta recoge la opinión de las empresas aportantes al Infonavit respecto de sus actividades y desempeño, del empleo y de las prospectivas que tienen sobre la economía en general.
El Infonavit ha levantado durante cinco trimestres continuos esta encuesta, lo que permite no sólo analizar las opiniones actuales sobre actividad, empleo y prospectivas de las empresas, sino, observar su evolución a través del tiempo.
Distintos indicadores han mostrado a través de los trimestres en los que se ha realizado la encuesta una gradual recuperación en la actividad de las empresas, como es un mayor volumen de ventas, una menor frecuencia de cancelación de contratos o una menor frecuencia de paros técnicos. Por ejemplo, 56.3% de las empresas consideró que el nivel de ventas fue mayor o igual al observado durante el mismo periodo del año anterior. Este porcentaje es mayor al reportado en el tercer trimestre del año (48.6%), y sustancialmente, mayor al correspondiente al cuarto trimestre de 2020 (23.8%).
De igual forma, el porcentaje de empresas que reporta haber contratado trabajadoras o trabajadores en el trimestre inmediato anterior, ya sea para cubrir una plaza vacante o una nueva plaza, continuó expandiéndose. En el cuarto trimestre de 2021, 49.2% de las empresas reportó haber contratado, mientras que en las dos encuestas anteriores esta proporción fue de 41.6% y 27.7%, respectivamente.
Evaluación de las ventas del trimestre anterior con respecto al mismo trimestre del año pasado
Empresas que contrataron personal para cubrir nuevas plazas o vacantes
Fuente: Infonavit, Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas en México. Tercer trimestre 2021.
Al cuarto trimestre de 2021 las empresas perciben más cercana la recuperación de la economía nacional, 43.2% tiene la expectativa de que las condiciones económicas del país regresarán a su estatus anterior a la pandemia antes de un año. No obstante, la proporción de empresas que considera que la crisis se prolongará más de tres años no se ha reducido desde la encuesta del segundo trimestre, permaneciendo alrededor del 16%.
Esta moderación de las expectativas sobre el ritmo de recuperación se expresa también en el posicionamiento de la economía y la falta de liquidez como las principales preocupaciones de los empresarios, las cuales han sustituido gradualmente a la pandemia de Covid-19 en los últimos levantamientos de la encuesta.
Expectativa sobre el retorno a la situación económica nacional antes de la contingencia sanitaria
Principales problemas que enfrenta la empresa
Fuente: Infonavit, Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas en México. Tercer trimestre 2021.
Los resultados completos de la encuesta se pueden consultar en la sección de Reportes Estadísticos y Documentos de Investigación de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis o en la siguiente liga.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
El objetivo de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) es producir información estadística sobre las principales características de la vivienda en el país y sus habitantes, así como sobre el origen y gasto de recursos en actividades de autoproducción, autoconstrucción, ampliación, remodelación, reparación, adquisición y uso de la vivienda. Esta información resulta indispensable para desarrollar la Cuenta Satélite de Vivienda, cuyo propósito principal es dimensionar el aporte económico de la vivienda al Producto Interno Bruto (PIB).
La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) colaboraron para diseñar y aplicar la ENVI 2020, cuyo cuestionario, compuesto por 194 preguntas formuladas en 55 mil viviendas, mantiene la comparabilidad básica con el ejercicio previo realizado en 2014 y profundiza en problemas, necesidades, demanda y satisfacciones relacionados con las viviendas y con el entorno de los hogares que las habitan.
La información que arroja la ENVI 2020 es de gran utilidad para la población en general y, además, podrá ser utilizada por todos los interesados en la planeación y el diseño de políticas públicas en México, ya que es representativa tanto a nivel de entidad federativa como por tamaño de localidad, lo que permite visualizar la heterogeneidad de la realidad del país, como se muestra en el Reporte Anual de Vivienda 2021, publicado recientemente por el Infonavit.
“Las localidades y entidades con mayor grado de urbanización presentan mayor cobertura y calidad de los servicios, mayor calidad en los materiales de las viviendas y mayor satisfacción de sus habitantes con respecto de la calidad y al tamaño de los espacios, así como a la distancia-tiempo que deben recorrer a distintos satisfactores”.
Como se ejemplifica en la siguiente gráfica, 78.4% de las viviendas del país cuentan con un techo de losa de concreto. Sin embargo, este porcentaje se reduce 32.4% en Chiapas, donde 64.2% tiene un techo de lámina. Esta mayor precariedad se relaciona con una mayor recurrencia de problemas en las viviendas, por ejemplo, 58.3% de las viviendas en Chiapas presenta humedad o filtraciones, cuando la media nacional es 44.2%. Un ejemplo más, a nivel nacional 97.6% de las viviendas tiene sanitario, no obstante, 21.5% de éstas utiliza cubetas de agua para descargarlo, lo que alcanza en Chiapas una proporción de 62.4%. En sentido inverso, a nivel nacional 70.8% de los habitantes de las viviendas declara sentirse algo o muy satisfecho con la distancia que debe recorrer a los mercados y centros comerciales; esta proporción supera 86.0% en la Ciudad de México y Nuevo León y se reduce por debajo de 51.0% en Chiapas y Oaxaca. Estos datos reflejan cómo la ENVI documenta las diferencias sustanciales que existen en el país y la desigualdad patrimonial de sus habitantes.
Condiciones, problemas y satisfacción con la vivienda
(porcentaje de viviendas)
Fuente: Infonavit con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020.
“Los menores ingresos y los altos niveles de informalidad de los mercados laborales dificultan la solución de sus necesidades de vivienda, mucho mayores que en las entidades marcadamente urbanas, lo que implica un reto para el diseño de políticas públicas no sólo en materia de vivienda, sino también de inclusión financiera.”
Como se muestra en la gráfica “Forma de adquisición de viviendas propias por entidad federativa”, la autoproducción prevalece como la modalidad más importante de adquisición de la vivienda, sobre todo en las localidades y entidades menos urbanas. La encuesta muestra que el Infonavit ha financiado 29 de cada 100 viviendas propias que fueron compradas, nuevas o existentes, y 76 de cada 100 viviendas que se están pagando actualmente. El proceso de urbanización ha impulsado la modalidad de renta y la adquisición de vivienda nueva o existente, derivado de la prevalencia de población no originaria al interior de las ciudades, el encarecimiento de la vivienda, la dependencia de los ingresos laborales, la movilidad laboral y el mayor acceso a crédito (ver gráfica “Tenencia de vivienda por tamaño de localidad”).
Forma de adquisición de viviendas propias por entidad federativa
(distribución porcentual)
Fuente: Infonavit con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020.
Tenencia de vivienda por tamaño de localidad
(distribución porcentual)
De acuerdo con los datos de la ENVI, 58.5% de los hogares requiere alguna acción de remodelación, 58.1% de ampliación y 7.4% de reparación en sus viviendas. Como se muestra en la gráfica “Necesidad de ampliar, remodelar, reparar o adquirir vivienda por entidad federativa”, estas necesidades de mejoramiento se encuentran concentradas, sobre todo, en las entidades con menores niveles de urbanización, donde los problemas e insatisfacciones con la vivienda resultan mayores. De forma análoga, 21.1% de los hogares (7.6 millones) manifestaron el deseo de adquirir una o más viviendas adicionales a las que habitan actualmente. Si bien este deseo se manifiesta con mayor prevalencia en las entidades menos urbanas y con mayores problemas de hacinamiento, en las entidades altamente urbanas como la Ciudad de México y Baja California, también se presenta una demanda de vivienda por arriba de la media nacional.
De los 8.2 millones de viviendas que se desean adquirir, 2.5 millones se construirían sobre un terreno con el que ya se cuenta, 2.0 millones se construirían sobre un terreno que piensan comprar, 2.0 millones se comprarían nuevas, 923 mil se comprarían usadas y 584 mil se rentarían2. Como se muestra en la gráfica “Necesidad de construir, comprar o rentar vivienda por entidad federativa”, en las entidades con menores niveles de urbanización, donde los ingresos son menores y el acceso al crédito más escaso, los hogares se inclinan en mayor medida por la construcción, mientras que en las entidades más urbanas la compra de vivienda nueva o usada es la opción más deseada. En este contexto, la reciente reforma a la Ley del Infonavit podría jugar un papel relevante para brindar soluciones a los hogares que buscan construir su patrimonio, al ofrecer una mayor variedad de esquemas de crédito que se ajusten a diversos requerimientos.
Necesidad de ampliar, remodelar, reparar o adquirir vivienda por entidad federativa
(porcentaje de hogares)
Fuente: Infonavit con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020.
Necesidad de construir, comprar o rentar vivienda por entidad federativa
(porcentaje de hogares)
Los datos muestran que el proceso de urbanización ha sucedido a una mayor velocidad en las entidades con las economías de mejor desempeño, producto de los ingentes flujos migratorios en sus ciudades, ubicadas a lo largo de la frontera norte, en el Bajío y alrededor de los destinos turísticos internacionales, principalmente. Cuando el incremento en la demanda de vivienda no se acompaña por una oferta de nuevas viviendas, que cumplan con niveles mínimos de calidad y ubicación, así como de una planeación urbana que garantice la movilidad y otorgue acceso eficiente al mercado laboral, el crecimiento urbano puede dejar de generar los beneficios ligados a la aglomeración, perpetuando o incluso incrementando las desigualdades entre la población.
Los resultados de la ENVI 2020 se pueden consultar en https://www.inegi.org.mx/programas/ envi/2020/
El Reporte Anual de Vivienda 2021 del Infonavit se puede consultar en Reporte Anual de Vivienda 2021.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
2 Otros 176 mil hogares no tienen claro cómo podrían adquirirlas.
Con los datos administrativos con los que cuenta, el Infonavit lleva un registro bimestral de las y los patrones que pagaron aportaciones en favor de sus trabajadores. Con base en esta información se llevó a cabo un estudio comparativo entre los patrones2 que había entre el primer y sexto bimestre de 2020, así como el cambio en el número de relaciones laborales que experimentaron. Se consideraron para el análisis todos los registros patronales que en el primer bimestre de 2020 contaban con relaciones laborales activas3 y se calculó cuántos transitaron a cuatro posibles estados: i) incremento del número de relaciones laborales activas, ii) sin cambio en el número de relaciones laborales activas, iii) disminución en el número de relaciones laborales activas, y iv) no cuentan con relaciones laborales activas o son inactivos. Este análisis contribuye a documentar cómo los impactos de la crisis han tenido un gran nivel de heterogeneidad entre distintos sectores de la economía, tamaños de empresas y regiones.
Para definir un cambio en el número de relacionales laborales se consideró el crecimiento o decremento promedio que experimentaron los patrones, de acuerdo con su tamaño, entre el primer y el sexto bimestre de 2019. Los umbrales de aumento fueron mayores a 20.3 % para los patrones grandes, 28.3 % para los medianos, 41.3 % para los pequeños, y 147.1 % para los micro. En el caso de la disminución, los umbrales fueron 26.4 % para patrones grandes, 27.7 % para los medianos, 26.6 % para los pequeños, y 37.4 % para los micro. Los registros patronales dentro de estos intervalos fueron clasificados como “mantuvieron relaciones laborales".
De acuerdo con las definiciones se encontró que 70.6 % de los registros patronales existentes en el primer bimestre de 2020 mantuvo el número de relaciones laborales activas en el sexto bimestre. Los registros patronales que ajustaron a la baja el número de relaciones laborales fueron 13.0 % (125 mil patrones), mientras que 3.4 % (cerca de 33 mil patrones) las aumentó. En cuanto a las entradas y salidas de la actividad, 126 mil registros patronales transitaron a la inactividad y 108 mil se dieron de alta4.
Para enriquecer este estudio los registros patronales fueron clasificados por tamaño de la siguiente forma: micro, hasta diez relaciones laborales; pequeño, entre diez y 50; mediano, entre 51 y 250, y grande, más de 250. Se observa que 78.4 % de los registros patronales son micro, mientras que el grupo de patrones grandes representa 1.3 %.
Se calcularon las transiciones por tamaño y se identificó que los micro experimentaron una transición de 15.1 % a la inactividad, en contraste con 3.0 % de los registros patronales grandes. Al contabilizar las altas se encontró que las y los patrones micro experimentaron 94,092 altas, seguidos de los pequeños (11,171), medianos (2,488) y grandes (466). Es importante señalar que solamente los registros patronales micro no tuvieron más altas que bajas.
En la siguiente tabla se identificó que 82.7 % de las y los patrones grandes permanecieron en la misma clasificación, es decir, continuaron siendo grandes, mientras que 97.2 % de las y los micro permanecieron en esta clasificación. También se observa un cambio en la clasificación a la baja, el 19.5 % de los registros patronales pequeños pasó a ser micro, mientras que 13.9 % de los grandes cambió a mediano. Por otra parte, los cambios de clasificación al alza fueron menos comunes, es decir, menos de 3.0% de los registros patronales micro, pequeños y medianos cambiaron de clasificación.
En el análisis por estados, Quintana Roo sobresale porque 47.7 % de los patrones clasificados como grandes presentaron una reducción en el número de relaciones laborales. Destacan también Baja California Sur y Sonora, ya que cerca de 30 % de las y los patrones clasificados como grandes redujeron sus registros laborales. Cabe señalar que en 19 entidades del país más de 80 % de los patrones registrados como grandes mantiene o ha aumentado el número de relaciones laborales.
En cuanto a los registros patronales medianos, pequeños o micros, entre 74 % y 59 % mantuvo sin cambios el número de relaciones laborales. Tabasco, Campeche y Nuevo León fueron las entidades que presentaron la proporción más alta de patrones que aumentaron sus relaciones laborales. Con independencia del tamaño, Quintana Roo fue el estado en donde una proporción mayor de trabajadoras y trabajadores dejaron de estar activos entre el primer y sexto bimestre de 2020.
En el análisis por división económica, los registros patronales grandes, que pertenecen a construcción y servicios para empresas, presentaron una mayor disminución del número de relaciones laborales: 44.3 % y 32.8 %, respectivamente. Por el contrario, casi la mitad de los que pertenecen a la división económica de agricultura registró un mayor aumento de relaciones laborales (14.9 %).
Las y los patrones clasificados entre micro y medianos tuvieron un comportamiento distinto: el mayor aumento en el número de relaciones laborales se dio en el sector de construcción (7.3 %), seguido de las industrias extractivas (5.7 %). Las industrias extractivas fueron la división económica en donde una mayor proporción de registros patronales redujo su número de relaciones laborales activas. Destaca la industria de la construcción porque presenta un número elevado tanto de altas como de bajas, es decir, hubo 23.2 % de bajas y 3.9 % de altas en el periodo de análisis.
Para medir la antigüedad promedio de los registros patronales se empleó la fecha en que las y los patrones comenzaron a realizar aportaciones al Infonavit. Sin embargo, dado que la base de datos con la que se trabajó sólo cuenta con las aportaciones de los registros patronales desde 2013, se tomó la muestra de patrones que comenzaron a realizar aportaciones a partir de ese año, por lo que sólo se considera 56.55 % de los NRP activos en el primer bimestre de 2020. Cabe señalar que, debido a que se excluye de esta sección a aquellos patrones con más de siete años de antigüedad, los años promedio están sesgados a la baja.
Al medir la antigüedad promedio por tipo de transición de las y los patrones clasificados como grandes, entre el primer y sexto bimestre de 2020, se observa que aquellos que pasaron al estado de inactividad fueron los de menor edad, con dos años en promedio. Por el contrario, los registros patronales clasificados como grandes y que aumentaron el número de relaciones laborales, registraron una antigüedad promedio de 2.89 año, mientras que los clasificados como grandes que mantuvieron o disminuyeron el número de relaciones laborales contaban con una antigüedad promedio de 3.29 años.
Las y los patrones clasificados como micro, pequeños y medianos tienen en general una antigüedad menor que la de los grandes. Sin embargo, en este caso los de menor antigüedad (1.86 años en promedio) también fueron los que transitaron a la inactividad entre el primer y sexto bimestre de 2020. En el caso de los registros patronales medianos o de menor tamaño destaca que, a diferencia de los grandes, la antigüedad promedio de quienes incrementaron el número de relaciones laborales fue menor a la de aquellos que las mantuvieron o las disminuyeron.
Se puede encontrar más información de este tema en el Recuadro: Transiciones de Patrones en 2020 contenido en el Reporte Económico Trimestral del Infonavit, correspondiente al periodo abril-junio de 20215.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
2 Es importante destacar que una empresa no es equivalente a un patrón, como lo estipula la Ley Federal del Trabajo en el Artículo 10. En el Artículo 16, la misma ley señala que, para efectos de las normas de trabajo, una empresa es una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios.
3 De acuerdo con el Artículo 15 de la Ley del Seguro Social, las y los patrones están obligados a registrase e inscribir a sus trabajadoras y trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como a comunicar sus altas y bajas. El Número de Registro Patronal (NRP) es la clave empleada por ese instituto para identificar a las y los patrones. Un registro patronal activo es aquel que hizo aportaciones a la Subcuenta de Vivienda (SCV) en el periodo de análisis.
4 Cabe señalar que se han encontrado intermitencias en las aportaciones por parte de los registros patronales, esto es, en un periodo se pudieron definir como inactivos y en alguno posterior activarse. Estos casos son el 1.0 % del total de registros en cada periodo.
5 Puede consultarse en https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/ connect/b2cf6179-accb-4fb6-a3ac-0591da586441/Reporte_economico_abril_junio _2021.pdf?MOD=AJPERES
