El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), llevaron a cabo la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) en 2023, con el objetivo de recabar información sobre el impacto de las dificultades económicas, las preocupaciones más comunes y el estrés asociado con la situación financiera de la población. La encuesta identifica las características sociodemográficas, económicas y de acceso a servicios financieros, así como la manera en que influyen en su bienestar financiero de la población. La ENSAFI fue aplicada a 20,448 personas de 18 años y más; sus resultados, publicados en junio 2024, son representativos a nivel nacional y por entidad federativa.
La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos de América (CFPB, por sus siglas en inglés) define al bienestar financiero como el estado en el que una persona puede satisfacer plenamente sus obligaciones financieras, sentirse segura de su futuro financiero y ser capaz de tomar decisiones que le permitan disfrutar la vida. La CFPB destaca a la mejora del bienestar financiero como el objetivo último de todas las iniciativas de educación financiera. Así, en 2015, propuso una escala (Financial Well-Being Scale)i para cuantificar en un cuestionario de 10 preguntas las cuatro dimensiones de la salud financiera: (i) control, capacidad para gestionar las finanzas personales de forma adecuada; (ii) libertad, habilidad de alcanzar metas financieras y aprovechar oportunidades a largo plazo; (iii) resiliencia, capacidad de enfrentar cambios en los gastos debido a situaciones imprevistas; y (iv) seguridad, capacidad de mantener la estabilidad económica. La ENSAFI incluye este cuestionario y utiliza la metodología propuesta por la CFPB para medir la salud financiera de la población mexicana.
Esta encuesta también evalúa el estrés financiero de las personas, concebido como un estado de preocupación o ansiedad ante una situación financiera difícil o de incertidumbre, que puede producir afectaciones de tipo fisiológico, psicológico y en las relaciones interpersonales. El instrumento recabó el nivel de estrés financiero a través de seis preguntas relacionadas a dos dimensiones: (i) planificación, preocupación por la organización de gastos de corto y largo plazo; y (ii) deuda, preocupación sobre eventos estresantes relacionados a solicitar préstamos, acumular deudas e incumplir pagos.
La metodología para ambas escalas, de bienestar y estrés financiero, asigna un valor a cada respuesta, dependiendo del nivel de capacidad o grado de preocupación que reporta la persona; a la suma que arroje estos valores se le asigna un indicador de 0 a 100, dependiendo de la edad de la persona. Los microdatos de la ENSAFI reportan este indicador a través de cuatro estratos posibles de salud financiera y tres de estrés financieroii , sin embargo, utilizando los tabuladores del diseño conceptual de la encuesta es posible reconstruir el valor de ambos índices. De acuerdo con la ENSAFI, la población mexicana presenta un nivel de bienestar financiero de 52.8 puntos y un nivel de estrés financiero de 59.5 puntos; según la OCDE (2020), los países miembros de este organismo tienen un bienestar financiero de 49.4iii.
En este blog se presenta un análisis comparativo sobre bienestar y estrés financiero de dos grupos (i) la población ocupada, compuesta por 61.3 millones de personas de 18 años y más que perciben un ingreso por trabajo; (ii) las y los derechohabientes del Infonavit o Fovissste, un subconjunto del primer grupo, donde se identifica a 15.2 millones de personas que en sus empleos reportan contar con la prestación de crédito para vivienda otorgada por alguno de estos institutos. En la figura 1 se muestra el nivel promedio de bienestar (panel A) y estrés (panel B) financiero de ambos grupos, distinguiendo por quintiles de ingreso, lo que permite observar que un mayor nivel de ingresos se encuentra asociado a un más bienestar y menos estrés financiero. Controlando por nivel de ingreso, los derechohabientes del Infonavit o Fovissste presentan un mayor nivel promedio de bienestar financiero que la población ocupada en general, sobre todo en los rangos de bajos ingresos. Por otro lado, el nivel de estrés financiero es similar entre ambos grupos, salvo en el caso del primer quintil, donde las personas presentan menos etrés financiero en comparación con la población ocupada con ingresos similares.
Figura 1. Indicadores de salud financiera
Fuente: Infonavit con datos de la ENSAFI.
En general, los derechohabientes de Infonavit o Fovissste tienen una percepción más alta de sus capacidades o habilidades relacionadas con las cuatro dimensiones del bienestar financiero, en comparación con la población ocupada, la cual agrupa tanto a personas trabajadoras cubiertas y no cubiertas por la seguridad social. Por ejemplo, en la figura 2 se muestran indicadores de dos capacidades relacionadas con las dimensiones de resiliencia (panel A) y control (panel B) financiero. Para efecto de comparar ambos grupos se calcula un índice, construido a partir del promedio ponderado de las proporciones del grupo que responde a las preguntas con un “completamente” (asignándole un valor de 4), “muy bien” (valor de 3), “algo” (valor de 2), “poco” (valor de 1) y “nada” (valor de 0); en este sentido, el índice puede tomar valores entre 0 y 4, siendo creciente con el grado de resiliencia o control financiero del grupo. En ambas gráficas se observa un valor creciente de los índices con respecto a los ingresos y una mayor diferencia entre ambos grupos en los rangos de menores ingresos.
Figura 2. Indicadores de las dimensiones del bienestar financiero
Fuente: Infonavit con datos de la ENSAFI.
En el mismo sentido, el grupo de derechohabientes de Infonavit o Fovissste presenta un menor nivel de preocupación por los eventos relacionados a las dos dimensiones del estrés financiero, en comparación con la población ocupada. Por ejemplo, en la figura 3 se muestran indicadores sobre la preocupación que genera organizar el dinero para alcanzar metas de largo plazo (panel A) y el hecho de tener que endeudarse (panel B). En este caso, el índice pondera las proporciones del grupo que responde a las preguntas con un “mucha” (asignándole un valor de 3), “alguna” (valor de 2), “poca” (valor de 1) y “nada” (valor de 0); en este sentido, el índice puede tomar valores entre cero y tres, siendo creciente con el grado de estrés financiero del grupo. En ambas gráficas se observa un valor decreciente de los índices con respecto a los ingresos y una diferencia poco significativa entre ambos grupos, excepto en el rango de menores ingresos, donde los derechohabientes se encuentran menos estresados financieramente que la población ocupada con ingresos similares.
Figura 3. Indicadores de las dimensiones del estrés financiero
Fuente: Infonavit con datos de la ENSAFI.
Así, la ENSAFI ofrece información sobre las percepciones o motivaciones detrás de las decisiones financieras de la población, lo que podría ayudar a diseñar e implementar las políticas y programas de educación financiera, entendida como el conjunto de acciones necesarias para que la población adquiera aptitudes, habilidades y conocimientos que le permitan administrar y planear sus finanzas personales, así como usar de manera óptima los productos y servicios que ofrece el sistema financiero en beneficio de sus intereses.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
iConsultar en:https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-well-being-america/
ii Niveles de salud financiera: bajo de 0-43; medio bajo de 44-52; medio alto de 53-62; alto de 63-100.
En el contexto de la iniciativa de reforma propuesta en febrero de 2024 por el Poder Ejecutivo Federal al artículo 123 de la constitución mexicana, es muy relevante discutir el contexto económico de un programa público de alquileres en México. Por ello, en el Reporte Anual de Vivienda 2024 se publicó un capítulo sobre “Alquiler de vivienda social”. En este capítulo, se resume la configuración actual del mercado de alquileres de vivienda en el país y las preferencias de la población por alquilar según los datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (ENVI 2020) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se comenta la importancia de evaluar las experiencias internacionales de políticas públicas basadas en alquiler.
En primer lugar, se identifica que la situación en México está caracterizada por la informalidad y un grado importante de variabilidad regional en cuanto a su condición de asequibilidad. En un mercado tal que el 28.2 % de la población en México vive en viviendas rentadas o prestadas, se calcula que el 46.0% de las viviendas rentadas no cuentan con un contrato vigente. Por su parte, en cuando a la relación entre el arrendatario y el arrendador, el 38.5 % de las viviendas en alquiler son arrendadas por un familiar o amigo, 57.1 % por otro arrendador y 4.4 % por empresas o inmobiliarias. En cuanto a los niveles de asequibilidad, destaca que la Ciudad de México y Querétaro son las entidades con mayores niveles de pago de renta relativo al ingreso: ambos con indicadores mayores al 35 % del ingreso del hogar destinado al alquiler. Sin embargo, mientras hay un 44.1 % de las viviendas rentadas en la Ciudad de México, en Querétaro, se estima el 26.8 %. Ambas entidades contrastan con Jalisco y Nuevo León, en las que se observan niveles de pago de renta relativa al ingreso menores que 25%.
Renta relativa al ingreso y porcentaje de viviendas rentadas por entidad
Millones de viviendas, porcentaje del total de viviendas rentadas
Nota: La renta relativa al ingreso de todos los habitantes se refiere al cociente del pago de alquiler mensual total de una vivienda rentada sobre la suma de los ingresos laborales percibidos por los habitantes de esta. Se calculó el promedio por entidad de este indicador y se muestra en el eje horizontal de la gráfica.
fuente: Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020
En segundo lugar, es importante basar una política pública de alquiler en un estudio amplio que alinee los incentivos de todos los participantes en el mercado para operar de forma adecuada. En el ámbito internacional, existen experiencias variadas sobre la provisión pública de vivienda de alquiler. Su ventaja principal es que el gobierno, al ser propietario de un acervo de viviendas, tiene la capacidad de direccionar la oferta de alquiler hacia objetivos sociales; es decir, priorizar inquilinos con mayores restricciones de ingreso o con vulnerabilidades sociales exacerbadas. Este tipo de intervención ha tenido gran presencia en países de Europa del Este y Japón, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, y lo que se observó fue una reducción en el déficit de vivienda de aquellos países y precios de renta estables.
Sin embargo, la evidencia empírica sugiere tomar en cuenta algunas consideraciones importantes en cuanto a la provisión pública de vivienda de alquiler. Primero, implementar una política de esta clase implica grandes trabajos centralizados de gestión que pueden generar presiones fiscales. Segundo, es crítico generar sistema de priorización eficiente, que focalice la atención en los grupos más vulnerables y agilice los tiempos de espera. Para ello, es necesario establecer criterios puntuales que permitan identificar a la población con mayor necesidad de rentar y mantener un buen seguimiento de los beneficiados para no perder focalización de los programas en el largo plazo. Finalmente, los desarrollos públicos dependen de una fuerte inversión pública, no solo para compensar las carencias del entorno, sino para administrar eficientemente los parques de vivienda de modo que sirva para mejorar el bienestar de los que los habitan. En la medida en la que se consideren estos aspectos, será mayor el éxito de un programa público basado en alquileres.
Con lo anterior, una política basada en alquileres tiene un gran potencial de impacto sobre la calidad de vida de la población. Sin embargo, es crucial que su diseño sea meticuloso y esté basado en un estudio amplio sobre las características de la población con necesidades habitacionales. Así se procura el mayor retorno social a una política de esta clase.
La plataforma Infonavit Investigación y Análisis es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector de hipotecario y de la vivienda.
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En días pasados, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publicó los resultados de la Cuenta Satélite de Vivienda en México (CSVM) correspondiente al año 2023i. Esta fuente de datos permite dar seguimiento a las actividades económicas asociadas con el sector de la vivienda en México. Entre los resultados destaca que el crecimiento en el sector estuvo impulsado principalmente por actividades de producción y los gastos relacionados con su uso.
La participación del sector de la vivienda en el PIB de la economía nacional fue de 1.2 billones de pesos, lo que equivale al 5.1 % del PIB nacional, que fue de 23.7 billones de pesosii. Esto representa un crecimiento de 30.2 mil millones de pesos, es decir, 2.6 % respecto de 2022, mientras que el PIB nacional creció 3.2 % real anual en el mismo periodo. Esta diferencia en las tasas sugiere que el sector vivienda enfrenta problemas específicos que impiden su crecimiento al ritmo de la economía nacional. Este comportamiento puede estar asociado a factores estructurales que afectan la demanda y la oferta de vivienda, así como a las condiciones macroeconómicas generales, que han impactado de manera diferenciada en los distintos sectores de la economía.
Producto Interno Bruto (PIB)
Variación anual porcentual
Nota: Participación calculada sobre el valor agregado bruto a pesos constantes (2018) sin alquiler imputado.
Fuente: Cuenta Satélite de la Vivienda en México (CSVM), INEGI.
Entre 2015 y 2023, la participación del sector vivienda en el PIB, desglosada por actividad económica, revela que la edificación ha sido el componente que más ha contribuido, con 3.3 % a 3.6 % del PIB real. Sin embargo, desde 2019 presenta una ligera tendencia a la baja, alcanzando 3.3 % en 2023. La actividad de uso ha mantenido una participación estable, fluctuando entre 1.3 % y 1.5 %, con un estimado del 1.4 % para 2023. Por otro lado, la categoría de adquisición, regulación y fomento ha registrado una aportación marginal constante del 0.4 %, nivel que se prevé igual para 2023. Estos datos subrayan la relevancia de la edificación dentro del sector vivienda, aunque su tendencia decreciente desde 2021 podría estar vinculada a una contracción en el valor de la construcción de vivienda o a una reducción en la inversión destinada a este subsector durante el periodo.
Desglose del PIB por actividad económica
Participación por actividades del sector vivienda
Nota: Participación calculada sobre el valor agregado bruto a pesos constantes (2018) sin alquiler imputado.
Fuente: INEGI.
Los resultados de la CSVM 2023 destacan la importancia que tiene el sector vivienda en la economía del país, aunque reflejaron un crecimiento menor al del PIB nacional. La caída en la contribución de la edificación desde 2019 y los factores estructurales que afectan la oferta y demanda del sector subrayan la necesidad de políticas públicas y estrategias que impulsen su recuperación y fortalezcan su impacto en la economía nacional.
Este y otros reportes pueden ser consultados en la plataforma Infonavit Investigación y Análisis, un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector hipotecario y de la vivienda.
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iLa Cuenta Satélite de la Vivienda en México (CSVM) de INEGI estima el valor económico del sector vivienda con base en su estructura, participación y aporte de cada una de las actividades que componen al sector; el empleo que genera y los recursos financieros utilizados en la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda.
ii Estos datos corresponden a valores reales sin alquiler imputado.
De acuerdo con el Registro Único de Vivienda (RUV), a nivel nacional, la construcción de vivienda presenta una tendencia decreciente desde 2016; entre 2015 y 2023, la producción de vivienda disminuyó 56.6%, mientras que la producción de vivienda económica – popular, con valor de hasta 200 UMA mensuales (651 mil pesos en 2024), observó una reducción de 77.3%, por lo cual su participación cayó de 74.6 a 38.9% del total, como se observa en la siguiente figura.
Producción anual de vivienda 2012 – 2023
Miles de viviendas
Fuente: Registro Único de Vivienda.
La caída en la producción de vivienda, particularmente de aquella dirigida a los hogares de menores ingresos, muestra distintos grados al interior del sistema metropolitano, conformado por las 92 ciudades más grandes del país, donde habita 65.5% de la población y se genera más de 80% del PIB. En la siguiente figura se muestra en el eje horizontal la caída en la producción de vivienda observada entre 2015 y 2023 en las 44 ciudades donde se produjeron más de mil viviendas en 2015, las cuales en conjunto acumularon 87.1% de todas las viviendas construidas en el país en 2015 (en esas ciudades se produjeron 84.9% de las viviendas en 2023); adicionalmente se muestra en el eje vertical la caída en la participación de la vivienda económica – popular en el total de la vivienda producida en cada ciudad; el tamaño de los círculos denota el número de viviendas producidas en 2015.
Como se observa, algunas metrópolis importantes en términos de construcción de vivienda en 2015 muestran una caída en la producción superior al promedio nacional, identificado por el eje horizontal en la gráfica, como es el caso de Cancún (67.0%), Guadalajara (66.4%), y Querétaro (63.6%). Si bien, la participación de la vivienda económica-popular en la producción nacional se ha reducido 47.8%, representada por el eje vertical en la gráfica, algunas metrópolis importantes han experimentado una reducción mucho mayor, como es el caso de Querétaro (93.1%), Playa del Carmen (86.8%) y Tijuana (97.7%), lo que afectaría en mayor medida a los derechohabientes de bajos ingresos que trabajan en esas ciudades, quienes encuentran un menor número de opciones para satisfacer sus necesidades de vivienda.
Cambio en la producción total de vivienda y en la participación de la vivienda económica–popular
2015 - 2023
Fuente: Registro Único de Vivienda.
El seguimiento que realiza INEGI a los precios de los insumos utilizados en la construcción, los cuales son agregados bajo ponderaciones específicas en sus distintos índices, presenta un periodo de alta inflación y volatilidad de los insumos a partir de 2020. Para dar seguimiento a los costos de los materiales para la construcción y precios unitarios, la industria de la construcción utiliza adicionalmente información que recaban empresas especializadas de investigación de mercados, como el Buró de Información de Mercados, S.A. (BIMSA). Este tipo de empresas ofrecen además herramientas para la elaboración de presupuestos de obra bajo distintas tipologías de edificación.
BIMSA actualiza y publica, tres veces por año, presupuestos de obra de distintos inmuebles, como son viviendas, escuelas, hospitales, oficinas o plazas comerciales. En el caso específico de la vivienda, BIMSA ofrece presupuestos para 16 modelos de viviendas unifamiliares y 24 multifamiliares (edificios de departamentos), a los cuales les asigna una clave, manteniendo sus especificaciones fijas en el tiempo. En este sentido, cada modelo paramétrico de vivienda puede entenderse como una canasta de conceptos que se requieren para edificar una obra, organizados en partidas, cuya calidad constructiva (especificaciones) define una clase de vivienda, ya sea de calidad baja, económica, media, media alta, alta o de lujo.
A partir de las publicaciones cuatrimestrales de BIMSA es posible reconstruir el costo directo e indirecto de cada concepto de obra que integra un determinado modelo paramétrico, lo que permite observar, por ejemplo, el impacto diferenciado que ha tenido cada componente del costo directo, mano de obra, materiales de construcción y herramienta y equipo. En la siguiente figura se observa que en los últimos 10 años el costo directo de construcción de una vivienda unifamiliar de calidad baja (42 metros cuadrados), aumentó de 4,399 a 9,676 pesos, esto es, un crecimiento anual promedio de 8.2%. Al desglosar el costo directo en sus tres componentes, se observa que la mano de obra se encareció en promedio 14.2% anual, los materiales 5.1% y la herramienta y equipo 15.8%, lo que ha provocado que la participación de cada componente se haya modificado significativamente, por ejemplo, la participación de la mano de obra se incrementó 17.5 puntos porcentuales, de 24.5 a 42.0% del costo directo total; esta dinámica se encontraría relacionada al crecimiento del salario mínimo en el mismo periodo, 2014 a 2024, el cual se incrementó en promedio 14.0% anual (18.7% en la zona libre de la frontera norte), lo que habría impactado directamente el costo de las cuadrillas de construcción.
La dinámica observada en el modelo de vivienda unifamiliar, de calidad baja, se repite en otros modelos paramétricos, de mayores especificaciones, como los que aparecen en la gráfica, donde se muestra el crecimiento del costo directo y sus tres componentes para un segundo tipo de vivienda unifamiliar, de calidad media (80 metros cuadrados), y para dos viviendas multifamiliares (departamentos) de calidad baja y media, con 50 y 95 metros cuadrados, respectivamente. De acuerdo con los modelos paramétricos que ofrece BIMSA, el costo de construcción por metro cuadrado de las viviendas de calidad baja y media se ha incrementado entre 8.2 - 9.0% anual. El incremento en el costo de la mano de obra ha sido responsable de entre 47.7 – 57.5% del incremento total en el costo directo, dependiendo del modelo de vivienda analizado, mientras que los materiales de construcción contribuyeron con entre 36.8 – 44.3% del incremento total.
Composición del costo directo de construcción en 2014 y 2024
Fuente: BIMSA.
Un análisis más amplio de este tema y diversas experiencias internacionales sobre políticas públicas de impulso a la vivienda asequible y buenas prácticas en el desarrollo de vivienda social se encuentran en el Reporte Anual de Vivienda 2024.
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Durante el primer semestre de 2024, la edificación residencial ha mostrado variaciones anuales positivas, pero de manera diferenciada entre regiones. La demanda ha estado impulsada por el crecimiento del mercado laboral y la desaceleración de los precios de la vivienda, con incrementos en la originación hipotecaria del Infonavit y decrementos en la de la banca privada. En este blog se sintetizan los eventos más relevantes de los mercados hipotecario y de vivienda en México expuestos en el Reporte Anual de Vivienda 2024.
Por el lado de la oferta, destaca que la producción de vivienda por parte de las empresas constructoras creció a un promedio anual del 10.9 % entre junio de 2023 y junio de 2024, alcanzando una variación anual máxima de 30.7 % en noviembre de 2023. Sin embargo, en el caso de la producción de vivienda social, contabilizada en el Registro Público de Vivienda (RUV), se identificó un crecimiento de -0.6 % anual en la producción acumulada a junio de 2024. Si bien esto significa una menor edificación de vivienda social en el país, destaca la heterogeneidad regional observada: mientras la región de la frontera norte tuvo una variación de 21.0 %, lo que equivale a 6.7 mil viviendas producidas en el periodo de enero a junio de 2024, la región del occidente del país mostró una disminución de -19.1 % anual.
Variación de la producción de viviendas
De enero a junio de 2024 por zona metropolitana
Fuente: Registro Único de Vivienda (RUV).
Por el lado de la demanda, se observa un mercado laboral sólido y expectativas optimistas de los hogares que favorecen el gasto de vivienda en México. En particular, si bien es cierto que tanto la creación de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como sus salarios promedio se han desacelerado a partir del tercer trimestre de 2023, se observan niveles de crecimiento positivo: el salario real creció 4.3 % en junio de 2024 y las personas trabajadoras aumentaron 2.0 %. Por su parte, el indicador de las expectativas de los hogares refleja una tendencia estable y positiva sobre las percepciones de las condiciones para ahorrar, ubicándose en un rango favorable (superior a los 50 puntos del indicador) a partir de 2022.
Como resultado de la interacción entre la oferta y la demanda, los precios de la vivienda se han desacelerado durante 2024. En particular, el Índice de Precios de la Vivienda, que publica la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), ha mostrado una tendencia general de desaceleración a partir de 2023, después de alcanzar su mayor punto de crecimiento en el primer trimestre de 2023 (variación de 11.7 % anual). Esta tendencia podría estar favorecida por los costos de los insumos de la construcción de vivienda, que se han desacelerado consistentemente. Según el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) para la construcción residencial del INEGI, el indicador alcanzó una variación de 1.9 % anual en el segundo trimestre de 2024, 0.5 pp menor respecto al trimestre anterior y por debajo de los de otros indicadores de precios de la economía, como el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Precios de la vivienda e insumos
Variación porcentual anual (%) por trimestre
* Es un indicador diseñado para medir los cambios en la valoración económica de los inmuebles habitacionales en México, utilizando como principal fuente de información al Sistema Maestro de Avalúos (SMA). Fuente: Índice de Precios al Productor (INPP) de la Construcción Residencial por Ciudad, INEGI; índice de precios de la vivienda, SHF.
Finalmente, la colocación de crédito hipotecario y para la vivienda en México creció durante el segundo semestre de 2023 y el primero de 2024. Esta tendencia ha estado impulsada por la operación del Infonavit, que otorgó un monto acumulado de 106.8 mil millones de pesos (mmdp) por créditos hipotecarios y para vivienda entre julio y diciembre de 2023 (crecimiento real anual de 37.2 %); entre enero y junio de 2024, mantuvo su tendencia, con un monto de financiamiento otorgado de 101.3 mmdp (crecimiento real anual de 30.6%). En contraste, la banca comercial experimentó variaciones anuales negativas tanto en el segundo semestre de 2023 como el primer semestre de 2024. Entre los factores que podrían explicar la menor originación de la banca privada, se identifica el aumento en las tasas de interés, por ejemplo. Mientras la tasa hipotecaria máxima del Infonavit se ubica en 10.45 % anual, la tasa promedio simple de la banca fue de 11.50 % anual en junio de 2024, con lo que se ubicó 105 puntos base por arriba de la máxima del Infonavit.
Monto de crédito otorgado por institución
Enero a junio de cada año, mmdp a precios de junio de 2023
Nota: Se consideran todos los destinos de crédito.
Fuente: SNIIV, CNBV, SII.
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El 20 de junio de 2023, el Infonavit implementó la estrategia Mujer Infonavit; un ajuste transversal en las Reglas de Negocio de todas las opciones de financiamiento que ofrece el Instituto, aplicable a las personas derechohabientes que legalmente se identifiquen como mujeres.
La estrategia está formada por dos componentes. El primero busca equilibrar la menor puntuación en la precalificación necesaria para obtener un crédito con el Infonavit1, que afecta las mujeres debido las desigualdades estructurales en el mercado laboral en comparación con los hombres. Estas incluyen menores salarios, menor participación en actividades económicas remuneradas formales y mayor intermitencia laboral, lo que resulta en un saldo inferior en su Subcuenta de Vivienda con el Infonavit.
Para abordar esto, se otorga un bono transversal de 20 puntos en la precalificación para adquisición de vivienda. Así, las mujeres derechohabientes necesitan una puntuación mínima compuesta por 1,060 puntos más 20 puntos del bono para acceder a un crédito con el Infonavit, mientras que la puntuación mínima para los hombres es de 1,080 puntos. Además, una mayor puntuación se traduce en un mayor monto de crédito, ya que con 1,080 puntos, el Instituto otorga 85% del monto máximo, con 1,090 el 90% y con 1,100 o más, el 100% del monto máximo.
El segundo componente reconoce que las mujeres adquieren un crédito hipotecario con el Infonavit a una edad mayor en comparación con los hombres. Según datos administrativos, las mujeres ejercen su crédito entre los 30 y 40 años de edad en promedio, mientras que los hombres lo hacen entre los 18 y 29 años. Esto implica que las mujeres podrían necesitar más tiempo para pagarlo. En ese sentido se aumentó plazo para liquidar cualquier crédito a adquirir con el Infonavit hasta 75 años para este grupo (cinco años más). Esta medida hace que los créditos sean más asequibles para las mujeres de mayor edad y permite un mayor monto de crédito al tener más tiempo para pagarlo.
Como resultado del primer componente de la estrategia, y con información al sexto bimestre de 2023, el bono de 20 puntos mejoró la puntuación total de 514 mil mujeres derechohabientes, lo que representa el 6.6% del total de mujeres activas sin crédito. De estas, 26 mil alcanzaron exactamente el puntaje mínimo de 1,080 para solicitar un crédito gracias al bono; 228 mil lograron un puntaje de entre 1,081 y 1,089, y 260 mil alcanzaron un puntaje de entre 1,090 y 1,099.
Con la implementación de Mujer Infonavit, más mujeres obtuvieron una mejor precalificación y condiciones crediticias más favorables, lo que se tradujo en un mayor número de créditos otorgados. Esto ocurrió sin detrimento de los créditos otorgados a los hombres. En este mismo sentido, se calculó la brecha crediticia de género para el periodo t, de acuerdo con la siguiente ecuación:
De mayo de 2021 al 19 de junio de 2023, la brecha crediticia promedio de género fue de 23.8 puntos porcentuales y se mantuvo relativamente estable. Sin embargo, con la entrada en vigor de Mujer Infonavit, al aumentar el número de créditos otorgados a mujeres, esta brecha comenzó a disminuir. En la siguiente gráfica se puede observar que, para el periodo del 20 de junio de 2023 al 30 de junio de 2024, la brecha promedió 15.4 puntos porcentuales, lo que implica una reducción promedio de 8.4 puntos porcentuales en el corto plazo.
Brecha crediticia de género en el otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda
Estos resultados sugieren que, ante la flexibilización de los requisitos mínimos para que las mujeres puedan acceder a un crédito para la compra de vivienda con el Infonavit, estas solicitaron una mayor cantidad de créditos en comparación con periodos anteriores. En particular, en el corto plazo, la reducción de las barreras de entrada, que benefició al 6.6% de las mujeres derechohabientes activas, se tradujo en un incremento del 10% en los créditos promedio mensuales otorgados a mujeres.
Todos los detalles del análisis están descritos en el Recuadro 1 de la Estrategia Mujer Infonavit del Reporte Económico Trimestral del Infonavit, Núm. 21. Julio-septiembre 2024. Este y otros reportes pueden consultarse en la plataforma Infonavit Investigación y Análisis, un espacio dedicado a la difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del crédito hipotecario.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1La precalificación proviene del Modelo de Originación del Infonavit (T1000), el cual comenzó a operar en mayo de 2021. La precalificación consiste en evaluar si una persona trabajadora puede ser sujeta a crédito y obtener el puntaje mínimo para acceder a alguna de las alternativas de financiamiento. En el Modelo T1000, la precalificación que reciben las personas proviene de 9 rubros. Cuatro relacionados a la empresa como estabilidad laboral, comportamiento de pago de la empresa, municipio y giro de la empresa, y cinco relacionados con características de la persona y su actividad laboral como edad, salario diario integrado, Saldo en Subcuenta de Vivienda, bimestres continuos cotizados y si su empleo es permanente o eventual.
El 30 de septiembre del 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó la sexta edición del Reporte Anual de Vivienda, el cual puede ser consultado en esta liga. Esta edición integra tres capítulos que ofrecen un análisis del panorama de la vivienda durante el periodo 2023-2024.
En el primer capítulo, que se refiere a la coyuntura del sector, se analizan los determinantes de la producción y de la demanda de vivienda en el último año. Por un lado, se destaca que la edificación residencial ha mostrado variaciones anuales positivas, pero de manera diferenciada entre regiones. Por otro lado, se presentan datos sobre la evolución reciente del mercado laboral y de los incrementos salariales. De forma estructural, se revisan las tendencias demográficas en la población mexicana y se discute el impacto que pueda tener la inserción laboral de la población menor a 20 años sobre la demanda de vivienda el largo plazo. En reconocimiento de la insuficiencia de la oferta de vivienda para satisfacer la demanda de los hogares mexicanos, se provee información de contexto sobre la iniciativa de reforma propuesta en febrero de este año por el Poder Ejecutivo Federal al artículo 123 de la constitución mexicana.
Este reporte presenta dos investigaciones que abordan las dimensiones subyacentes a la iniciativa de reforma: por un lado, está la edificación de vivienda social y, por el otro, los esquemas de alquiler como instrumentos de política pública.
En el segundo capítulo se estudian los factores asociados con la producción de vivienda económica. De manera histórica, se documenta que esta ha disminuido en México de manera sostenida desde 2015 y que se ha vuelto menos asequible, con los precios de la vivienda mostrando variaciones por encima de la inflación general y del crecimiento del salario promedio. Para ahondar en los factores que habrían presionado los precios de las viviendas, se estiman las participaciones de los distintos insumos de la construcción para diferentes clases de vivienda y se calculan sus variaciones acumuladas entre 2014 y 2024. A propósito de la iniciativa de reforma constitucional, se discuten diversas experiencias internacionales sobre políticas públicas de impulso a la vivienda asequible y se resume una serie de buenas prácticas en el desarrollo de vivienda social.
En el tercer capítulo, también se revisa experiencia internacional, pero en el campo de los sistemas de alquiler en el mundo, y se estudian las condiciones actuales de dicho mercado en México. En ese sentido, se plantea la necesidad de informar una política de alquileres en un estudio amplio que alinee los incentivos de todos los participantes en el mercado. Sobre la situación del mercado de alquileres en México se destaca que está predominado por la informalidad y que su demanda se estima en 584 mil personas con interés en la renta de una vivienda. Dicha población se caracteriza por ser más joven y de menores ingresos que los demandantes de vivienda para compra o construcción.
Finalmente, en la cuarta sección se presentan los resúmenes estadísticos de las principales variables del sector vivienda, hipotecario y mercado laboral, así como de otros indicadores macroeconómicos relevantes para el sector.
A través del Reporte Anual de Vivienda 2024, el Instituto reafirma su dedicación a analizar y discutir temas relevantes para el país, pues este informe proporciona una valiosa herramienta que contribuirá al fortalecimiento del debate público en torno a la vivienda.
La plataforma Infonavit Investigación y Análisis es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector de hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”
El Infonavit ha financiado más de 11.2 millones de créditos hipotecarios en todo el país desde su creación en 1972. En este blog se utiliza información del Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), para mostrar la prevalencia del crédito hipotecario del Instituto como mecanismo para financiar la adquisición de las viviendas en las metrópolis del país.
De acuerdo con el INEGI, en México existen 43.9 millones de viviendas, de las cuales 35.2 millones están habitadas, 6.2 millones están deshabitadas y 2.5 millones son de uso temporal. La mitad de las viviendas deshabitadas se ubica en pequeñas localidades de menos de 15 mil habitantes. Como se observa en la siguiente gráfica, la proporción de viviendas deshabitadas y de uso temporal guarda una relación inversa con el tamaño de la localidad.
INEGI recaba las principales características de las 35.2 millones de viviendas particulares habitadas, la modalidad de tenencia y su forma de adquisicióni. A nivel nacional, 68.8% de las viviendas están habitadas por sus dueños, es decir, son viviendas propias, mientras que 17.3% son rentadas y 12.8% son prestadas. Habitar la vivienda propia es más frecuente en entidades menos urbanizadas, en pequeñas localidades rurales, como sucede en la región sur del paísii En cambio, la renta de vivienda es más frecuente en estados como Quintana Roo (31.8% de las viviendas) y Baja California (26.1%), que resaltan por tener una alta proporción de población no originaria (inmigrantes)iii.
Proporción de viviendas deshabitadas y de uso temporal
Por tamaño de localidad
Proporción de viviendas propias
Por entidad
Las viviendas propias pueden haberse adquirido de diversas maneras, pero la autoproducción es la más común a nivel nacional (55.3%). Esto incluye tanto las viviendas mandadas a construir (31.7%) como las autoconstruidas por los miembros del hogar (23.6%). La compra de viviendas ocupa el segundo lugar (34.4%). Como se observa esta forma de adquisición más frecuente en localidades urbanas, mientras que la autoproducción prevalece en las áreas rurales. Las entidades donde la compra de vivienda es la forma de adquisición más común son Nuevo León (67.4%) y Aguascalientes (59.1%), mientras que las que destacan por una mayor frecuencia de autoproducción son Oaxaca (80.1%) y Guerrero (76.4%).
Frecuencia de la modalidad de adquisición de la vivienda propia
Por tamaño de localidad
A nivel nacional, 7 de cada 10 viviendas propias fueron adquiridas, ya sea mediante compra o autoproducción con recursos propios. Por otro lado, 1 de cada 5 viviendas del país fue adquirida con un crédito Infonavit. La participación del Instituto como fuente de financiamiento para la adquisición de la vivienda es mayor en localidades de mayor tamaño, donde ha financiado 1 de cada 3 viviendas existentes, como se muestra en la siguiente gráfica. Las entidades donde la participación del Infonavit como fuente de financiamiento para la adquisición de la vivienda es mayor son Nuevo León (46.6%) y Quintana Roo (42.7%), mientras que las de menor participación son Oaxaca (2.6%) y Chiapas (4.0%).
Frecuencia en el uso de crédito para comprar o construir la vivienda
Por tamaño de localidad
Los datos del Censo permiten observar la relevancia del Infonavit en el financiamiento de las viviendas existentes en las principales ciudades del país que conforman al Sistema Metropolitano, donde habitan dos terceras partes de su poblacióniv . El Consejo Nacional de Población (Conapo) clasifica y delimita las metrópolis mexicanas, lo que permite caracterizar, tipificar y diferenciar el fenómeno metropolitano en sus distintas escalas demográficas, económicas y espaciales. La clasificación se divide en tres tipologías: i) 48 zonas metropolitanas, conformadas por 345 municipios, donde residen 67.6 millones de personas; ii) 22 metrópolis municipales, con 12.0 millones de habitantes y iii) 22 zonas conurbadas, conformadas por 54 municipios, en los que viven 2.9 millones de personas.
El Infonavit ha financiado la adquisición o construcción de 28.1% del parque habitacional de las 48 zonas metropolitanas, las cuales se definen como un conjunto de municipios con un alto grado de integración física y funcional, cuya población agregada es igual o mayor a 200 mil habitantes. Las zonas metropolitanas con mayor participación del Infonavit son Saltillo (53.7%) Cancún (53.5%) y Reynosa (51.8%). De acuerdo con los datos del Censo, en Saltillo el Instituto financió 109,101 viviendas, 89,239 en Cancún y 86,815 en Reynosa.
En el caso de las 22 metrópolis municipales, compuestas por un municipio con población igual o mayor a 300 mil habitantes, o que representa a una capital política estatal, el Infonavit ha financiado la adquisición o construcción de 35.7% de su parque habitacional. Las metrópolis municipales con mayor participación del Infonavit son Playa del Carmen (68.3%), Matamoros (55.0%) y Ciudad Obregón (53.6%). De acuerdo con los datos del Censo, en Playa del Carmen el Infonavit financió 33,425 viviendas, 57,062 en Matamoros y 50,089 en Ciudad Obregón.
Por último, en las 22 zonas conurbadas, definidas como un conjunto de municipios que presentan un alto grado de integración física y funcional, cuya población agregada es de 50-200 mil habitantes, el Infonavit ha financiado la adquisición o construcción de 16.8% de su parque habitacional. Las zonas conurbadas con mayor participación del Infonavit son Tecomán (39.7%), Sabinas (36.0%) e Hidalgo del Parral (30.7%). Los datos del Censo indican que el Instituto financió 22,634 viviendas en Tecomán, 7,914 en Sabinas y 6,335 en Hidalgo del Parral.
En el siguiente gráfico se muestra la distribución geográfica de las 92 metrópolis del país, el formato del círculo (tamaño y contorno) señala si se trata de una zona metropolitana, de una metrópoli municipal o de una zona conurbada. En el gráfico se observa que las metrópolis donde el Infonavit mantiene una mayor participación en el financiamiento de las viviendas se ubican en la región norte, en el Bajío y en la península de Yucatán, mientras que las ciudades del centro y sur del país presentan una menor relevancia.
Participación de Infonavit en el financiamiento del parque habitacional de las metrópolis de México
iEl Censo de Población y Vivienda 2020 es de derecho o de jure, es decir, la población se contabiliza en el lugar donde residen habitualmente. La información es auto reportada, brindada por la jefa o jefe de familia, o en su defecto por una persona mayor de 18 años.
iiUna mayor discusión sobre el grado de urbanización de las entidades aparece en el capítulo “Diversidad en las condiciones y necesidades de la vivienda en México: un análisis de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020”, inserto en el Reporte Anual de Vivienda 2021 de Infonavit.
iiiUna mayor discusión sobre la dinámica de la migración en los estados aparece en el recuadro “Migración y empleo de las personas derechohabientes del Infonavit”, inserto en el Reporte Económico Trimestral octubre–diciembre 2023 de Infonavit.
ivEl Sistema Metropolitano, define 92 metrópolis bajo criterios relacionados al tamaño de la población y su densidad, a la continuidad física entre las localidades y al volumen de traslados al empleo. Véase https://www.gob.mx/conapo/documentos/las-metropolis-de-mexico-2020
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“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
El 30 de agosto 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó el Reporte Económico Trimestral número 21, correspondiente a los meses de abril a junio de 2024, el cual puede ser consultado en esta liga.
Este reporte presenta información, análisis económico internacional y nacional, con énfasis en la evolución de los sectores de la construcción, la vivienda y el hipotecario.
En esta ocasión se incluye un recuadro de investigación sobre el impacto del programa Mujer Infonavit. El programa Mujer Infonavit busca reducir la brecha crediticia de género al disminuir el puntaje mínimo necesario para que las mujeres accedan a un crédito hipotecario y aumentar el límite de edad para liquidarlo. Los resultados a corto plazo sugieren que se logra reducir las barreras de entrada por parte del programa Mujer Infonavit al disminuir la brecha crediticia de género en 8.4 puntos porcentuales.
El análisis que se destaca en el reporte de este trimestre es:
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De acuerdo con Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los mercados laborales se han transformado profundamente durante las últimas décadas debido a la interacción entre la globalización, el cambio tecnológico y las reformas regulatorias, lo que ha ocasionado una mayor divergencia entre los ingresos que perciben las personas trabajadoras calificadas y el resto de la población.i Este blog analiza la desigualdad salarial que existe en los mercados formales laborales, definidos como el conjunto de personas derechohabientes que trabajan en las 92 metrópolis de México.ii Un análisis más amplio de este tema se encuentra en el Reporte Económico Trimestral enero–marzo de 2024.
México es uno de los países de la OCDE con mayor desigualdad salarial, medido por el cociente entre el percentil 90 y el percentil 10 de la distribución de ingresos de la población (P90 / P10)iii. Así, el decil más alto de la distribución de ingresos percibe 6.6 veces más que el decil más bajo. Para medir la desigualdad al interior de cada metrópoli se replica el indicador de la OCDE, que utiliza el cociente entre el percentil 90 y el percentil 10 de la distribución de salarios de cotización de las personas derechohabientes del Infonavit que, en determinado periodo, estaban laborando en una empresa ubicada en una metrópoli.
La siguiente figura muestra la correlación positiva que hay entre el salario promedio y la desigualdad salarial de una metrópoli, medida por el indicador P90 / P10; el tamaño del círculo representa el número de personas derechohabientes cotizantes en la metrópoli en 2023iv Se observa que, en general, las metrópolis más grandes en términos de empleo formal se caracterizan por tener altos niveles de salario promedio y desigualdad; esto puede relacionarse con sus estructuras económicas más complejas, especializadas en bienes y servicios sofisticados que requieren de mercados laborales profundos y diversos, como lo describe Haussman (2013)v. Entre las metrópolis de mayor salario promedio y desigualdad destacan: (i) las ubicadas en la región norte y en el Bajío, como Querétaro, San Luis Potosí y Saltillo, cuyas economías están integradas a las cadenas globales de valor, por lo que una proporción importante de sus empleos se ubica en el sector de manufactura orientada a la exportación hacia Estados Unidos.; (ii) mercados laborales muy pequeños que mantienen una proporción importante de empleos ligados a actividades bien remuneradas, relacionadas al petróleo o minería (Lázaro Cárdenas, Campeche, Salina Cruz), a la manufactura (Tianguistengo, Silao) o servicios turísticos (Valladolid). En la gráfica se resalta (en círculo rojo) un conjunto de metrópolis que se desvían de la tendencia general, al presentar un salario promedio elevado con una desigualdad muy baja. La característica que comparten estas metrópolis es que están en la frontera norte, donde el salario mínimo vigente es significativamente mayor (312.41 pesos diarios en 2023) al del resto del país (207.44 pesos).
Desigualdad salarial, salario promedio y tamaño del mercado laboral formal en las metrópolis de México en 2023
En los últimos 5 años, el salario promedio a nivel nacional (en el conjunto de las 92 metrópolis) ha crecido 23.4 % en términos reales, mientras que la desigualdad salarial ha disminuido 33.6 %, al pasar de 6.8 a 4.5. La siguiente figura muestra el salario promedio real para los años 2018 y 2023 (en pesos de 2023) en el eje horizontal y la desigualdad salarial en el eje vertical. Se observa que el conglomerado de puntos se desplazó hacia la derecha (es decir, un crecimiento del salario real) y hacia abajo (menor desigualdad), y también una disminución la relación positiva (la pendiente) que existe entre el salario y la desigualdad.
Desigualdad salarial y salario promedio en las metrópolis de México en 2018 y 2023
Como resumen, los mercados laborales más grandes tienen un nivel más elevado de salarios y desigualdad, relacionado a la mayor complejidad de sus actividades económicas. Algunos mercados laborales medianos y pequeños presentan niveles elevados de salario y desigualdad, relacionados a su mayor integración a las cadenas globales de valor, sobre todo en el norte del país y en la zona del Bajío, o bien a la preponderancia de sectores bien remunerados, relacionados al petróleo, minería o manufactura. En general, las metrópolis más pequeñas presentan menores salarios y menor desigualdad, ya que una proporción notable de las personas derechohabientas gana un salario cercano al mínimo. La desigualdad salarial ha disminuido entre 2018 y 2023 en todas las metrópolis, sobre todo las de la frontera norte, en donde, a partir de 2019, se estableció un salario mínimo significativamente mayor al del resto del país, lo que generó que la proporción de personas derechohabientes que gana un salario cercano al mínimo se multiplicará hasta 6 veces.
La plataforma Infonavit Investigación y Análisis es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector de hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
iOECD (2015), “In It Together: Why Less Inequality Benefits All”, OECD Publishing, Paris.
iiLas Metrópolis de México 2020. Véase https://www.gob.mx/conapo/documentos/las-metropolis-de-mexico-2020.
iiiLa OCDE considera los ingresos de los hogares, netos de impuestos y contribuciones de seguridad social, por concepto de salarios, autoempleo, transferencias e intereses.
ivLas distribuciones de salario se obtienen sobre el número total de derechohabientes que cotizaron en 2023 en cada metrópoli, considerando su salario promedio en ese año.
vHausmann, R., et al., “The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity”. Segunda edición, Cambridge: MIT Press, 2013.
En junio de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó el Reporte Económico Trimestral número 20. Este reporte analiza situaciones coyunturales que ocurrieron entre los meses de enero a marzo de 2024, puede ser consultado en esta liga. En el reporte se incorpora el recuadro “Cambios demográficos y su efecto en la conformación de hogares jóvenes en 2020’’ donde ser analiza un cambio en las tasas de liderazgo en el hogar influenciado por diferencias de género.
Este blog motiva la discusión sobre el crecimiento de los hogares jóvenes liderados por mujeres al destacar su participación en el mercado laboral y examinar los factores determinantes que influyen en su cambio de participación. Entre estas variables destacan la ocupación, edad y estado civil..
El recuadro define la tasa de jefatura del hogar como el porcentaje de personas consideradas como principales responsables de las decisiones del hogar (jefes) y compara su proporción respecto del total de población, en ambos casos para personas dentro de un grupo de edad. En este análisis, la tasa de jefatura también se desglosa por género, con lo que se obtiene un cruce entre el género y la edad (con rangos que edad de cinco años, que inician desde los 15 y terminan a los 39 años). Las cifras muestran un declive en los índices de jefaturas masculinas, con una disminución de 5.6 puntos porcentuales entre 2010 y 2020. En contraste, las mujeres del mismo rango de edad experimentan un incremento de 3.7 puntos porcentuales, un aumento considerable en el número de hogares encabezados por mujeres. De acuerdo con el Censo de Población 2020 del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en 33 de cada 100 hogares las mujeres son reconocidas como jefas de vivienda a nivel nacional, lo que significa un aproximado de 11.0 millones de hogares. Estos datos destacan cómo ha aumentado la participación femenina en la organización de los hogares.
Un posible factor explicativo en el crecimiento de los hogares con jefas mujeres es su mayor participación en la población económicamente activa, pues la proporción de mujeres que se encuentran ocupadas o en búsqueda de empleo (tasa de participación) aumentó de 42.24% a 45.06% entre 2010 y 2020. Esto significa que se incorporaron 4.8 millones de mujeres a la fuerza laboral (de un total de 8.1 millones de mujeres en edad de trabajar). En contraste, la participación masculina disminuyó ligeramente en 1.95 puntos porcentuales, al pasar de 78.39% en 2010 a 76.44% en 2020. De esta manera, entre el primer semestre de 2010 y 2020, la diferencia entre la participación masculina y femenina para cada periodo disminuyó en 4.7 puntos porcentuales.
Según la información del Censo de Población y Vivienda 2020, la cantidad de hogares unipersonales presentó un máximo histórico respecto de las últimas cuatro décadas, cuando pasó de representar 8.8 % del total de los hogares en 2010 hasta un 12.4 % en 2020 (un crecimiento de 3.6 puntos porcentuales) . Esto, en conjunto con el crecimiento de mujeres empleadas, podría estar impulsando el crecimiento en su participación como responsables del hogar. Además, parece que el aumento en la ocupación tanto de hombres como mujeres podría estar influyendo en la decisión de formar nuevos hogares y estos podrían relacionarse con la reducción en la proporción de conyugalidad.
La gráfica 1.2 muestra una evolución en las estructuras de las organizaciones familiares. Esta variación podría señalar que cambios en los entornos culturales, socioeconómicos y demográficos provocan este fenómeno de reorganización. Un ejemplo destacado son los cambios en los roles de género, la configuración de las familias tradicionales, la amplitud de las familias monoparentales e, incluso, la compartición de vivienda.
El incremento en la tasa de jefatura femenina podría alinearse con los fenómenos estudiados por Heathcote et al. (2023) en Estados Unidos, en donde los autores observan que la distribución al ingreso interior del hogar ha disminuido su efecto como un mecanismo de redistribución tras la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Esto es, la participación de las mujeres dentro del mercado laboral ha atenuado las diferencias de ingreso al interior de los hogares debido a una reducción en la brecha de género entre integrantes del hogar.
Podemos entonces concluir que la creciente participación femenina en el mercado laboral está relacionada con la diversificación de la tipología de los hogares y la formación de nuevos hogares. Es valioso considerar que los cambios observados en la reconfiguración de los hogares podrían tener un impacto importante en la demanda de vivienda, por ello es adecuado un análisis que permita nuevas propuestas a la evolución del entorno social y económico.
i La diversificación en la tipología de los hogares puede estudiarse desde la clasificación propuesta por INEGI, en donde los hogares se clasifican en hogares nucleares, ampliados, compuestos, unipersonales y corresidentes. Sin embargo, la clasificación de los hogares puede variar según diferentes criterios como su estructura, composición y situación económica. Los hogares ser diversos y extensos, por lo que es importante un análisis para estudiar las tendencias y su impacto en el entorno social.
La plataforma Infonavit Investigación y Análisis es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector de hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
México es un país con una baja tasa de motorización, donde solo 46% de los hogares posee un automóvil. Esta cifra coloca al país en el puesto 32 de 34 entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), superando solo a Chile y Turquía. Además, menos del 28% de los viajes al trabajo en México se realizan en carro, aun así, las legislaciones estatales en materia de construcción exigen a los propietarios proveer un número determinado de cajones de estacionamiento en sus propiedades. Estas normativas no consideran factores importantes como la ubicación, el acceso al transporte público o los ingresos de los habitantes.
Por ejemplo, en Oaxaca, una tienda de abarrotes requiere un cajón de estacionamiento por cada 40 m² de construcción, mientras que en Cuernavaca se requiere uno por cada 25 m² y en Tamaulipas uno por cada 50 m². Esta falta de uniformidad refleja la ausencia de una base técnica sólida para estas regulaciones. Además, estos requisitos obligan a los propietarios a destinar una parte importante de su terreno a estacionamientos, independientemente de si tienen auto o no.
Un cajón de estacionamiento ocupa en promedio 12 m². Para una familia que adquiere un predio de 90 m² significa destinar 13% de su terreno a un espacio que posiblemente no usará. Dado que tanto el suelo urbano como las superficies construidas son bienes escasos y caros, conviene evaluar el costo y beneficio de estas regulaciones.
Estas normativas son regresivas y afectan desproporcionadamente a la población de menores ingresos, que tiene una tasa de motorización más baja y menos recursos para adquirir metros cuadrados de vivienda. Por ejemplo, solo 31% del 20% de los hogares más pobres posee un auto, mientras que en el 20% más rico, 77% dispone de un vehículo. Estas reglas obligan a muchas familias a consumir más metros cuadrados de suelo de los necesarios, lo que eleva el costo de las viviendas y forza a las familias a adquirir terrenos más baratos y peor ubicados.
Porcentaje de hogares con automóvil por quintil de ingreso
Este problema es muy evidente en la zona metropolitana de Monterrey. Las menores tasas de motorización se encuentran en las periferias en desarrollos habitacionales de bajo costo. En Cadereyta Jiménez, uno de los municipios conurbados, el reglamento exige al menos un cajón de estacionamiento por vivienda. De las 37,366 unidades habitadas, solo 20,080 tienen automóvil. A pesar de que 46% de los hogares no posee un vehículo, todos deben destinar un espacio de su vivienda y presupuesto para un cajón de estacionamiento. Por ejemplo, en el fraccionamiento Valle del Roble de ese municipio hay 13,456 viviendas, cada una con un cajón de estacionamiento, pero solo 2,213 hogares tienen auto, y 25 hectáreas se ocupan en cajones de estacionamiento en viviendas sin vehículo. Situaciones similares se observan en otros fraccionamientos, como Colinas del Aeropuerto en Pesquería o Hacienda del Sol en García.
Distribución de hogares con automóvil en la Zona Metropolitana de Monterrey (2020)
Estas normativas también inhiben la producción de viviendas en zonas centrales, donde los terrenos son más costosos. Los proyectos de vivienda que pudieran proponerse en zonas centrales deben recurrir a esquemas costosos para cumplir con la normativa al respecto: a estacionamientos subterráneos o deben destinar parte de la superficie edificable permitida para cajones. Esto ralentiza y encarece la construcción de vivienda en áreas céntricas, que cuentan con infraestructura consolidada, y la relega a la periferia.
Además, junto con otras normativas y capacidades institucionales, estos requisitos han resultado en una subutilización del suelo urbano en áreas céntricas, promoviendo su uso como estacionamientos debido a su bajo costo de desarrollo, mantenimiento y administración. Este fenómeno no es exclusivo de México, también es crítico en varias ciudades de Estados Unidos.
En nuestro país, Guadalajara, Ciudad de México y San Pedro Garza García han eliminado los requisitos mínimos de estacionamiento y permiten a los desarrolladores determinar la necesidad de construir estacionamiento basándose en otros criterios como la demanda, el tipo de vivienda, el ingreso, la ubicación y la oferta de estacionamiento en la zona. Esta flexibilidad en las regulaciones ha llevado a un uso más eficiente y adecuado del suelo urbano. La eliminación de los requisitos de estacionamiento en algunas ciudades de Estados Unidos también ha demostrado beneficios similares, como en San Francisco, Austin y Portland.
El análisis muestra una brecha significativa entre la baja cantidad de autos en México y las estrictas reglas de estacionamiento. A pesar de que menos de la mitad de los hogares mexianos utiliza esta forma de transporte, las leyes obligan a las familias a destinar presupuesto y terreno a espacios de estacionamiento que subutilizarán. Ello encarece la construcción de viviendas en zonas céntricas, que podrían aprovecharse mejor para viviendas en benefiioc a las familias de menores ingresos y de un desarrollo urbano más sostenible.
Sabemos que la vivienda adecuada, además de ser un derecho humano, potencia la consecución de otros derechos para sus habitantes. Es decir, no se puede concebir el derecho a la educación si no existe una escuela cerca de la casa; como tampoco se puede materializar el derecho a la movilidad si no hay medios de transporte e infraestructura que la conecten con el resto de la ciudad.
La expansión urbana descontrolada, la falta de instrumentos que permitan la correcta gestión del suelo, problemas de déficit presupuestario a nivel local o incluso la instrumentalización de la vivienda y el suelo como un negocio millonario para unos pocos son factores que han contribuido a que este derecho sea prácticamente imposible de conseguir para las personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados o vulnerables, como las mujeres, los niños, aquellas de escasos recursos o sin acceso a la seguridad social. Estos grupos han enfrentado barreras adicionales en el acceso a una vivienda digna debido a la discriminación, la falta de recursos y el acceso limitado a servicios esenciales.
Es por ello que la más reciente edición de revista Vivienda Infonavit presenta estudios y reflexiones en torno a las barreras y las oportunidades que representa la materialización del derecho a la vivienda adecuada para los grupos de población vulnerables y en territorios que presentan condiciones.
Las y los autores que contribuyen en esta edición de la revista Vivienda Infonavit exponen reflexiones como la falta de atención a atender las condiciones de habitación de las personas jornaleras, o el papel que juegan los refugios para las mujeres que sufren de violencia doméstica, o el derecho inatendido de las infancias de disfrutar de espacios urbanos adecuados para su sano desarrollo físico y mental. Además, se incluyen textos donde se exponen casos en los que se han edificado asentamientos humanos en territorios poco aptos para ello, así como situaciones donde la vulnerabilidad de los terrenos y sus habitantes se intensifica debido a los impactos de fenómenos meteorológicos, como el caso de la costa de Guerrero con el huracán "Otis".
La edición completa se puede consultar en revistavivienda.infonavit.org.mx
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Este y otros documentos están en la plataforma Infonavit Investigación y Análisis, un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que se llevan a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario.
Si bien la vivienda tiene función última servir como un espacio habitacional, una parte de la población la considera relevante como un vehículo para la acumulación de riqueza o como un activo de inversióni. En este análisis se toma como base la información de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para segmentar y caracterizar a la población de México que autorreporta la necesidad de una vivienda y, en particular, a la que busca adquirirla en propiedad.ii
LA ENVI estima que 8.2 millones de personas en México requieren una vivienda. Este grupo tiene un ingreso promedio de $8,044.61 MXN mensuales, que es 6.4 % mayor al promedio nacionaliii. Además, se identifica que 1 de cada 10 de estas personas habita en el Estado de México, lo que la convierte en la entidad federativa con mayor participación a nivel nacional. En cuanto a la intención de compraiv, 90.7 % (7.4 millones) reporta querer adquirir una vivienda nueva, usada o construir una propia.
La encuesta también identifica los principales motivos detrás de esta decisión para este grupo. En primer lugar se identifican aquellos relacionados con las características de la vivienda actual, su situación de cercanía a servicios y vías de acceso, motivos personales, seguridad y mejoramiento del entorno. Dado que estos intereses se relacionan con el objetivo de habitar la vivienda, se clasifican como “motivos habitacionales”.
En segundo lugar están quienes desean utilizar la vivienda como un vehículo de inversión –quienes conforman el grupo de interés de este análisis–, a lo que se denominará “motivos de inversión”. En tercero y último lugar están quienes quieren aprovechar un crédito, reducir los costos de su vivienda o servicios, o disponer de un inmueble para uso vacacional, lo que se clasifica como “otros”. El grupo de “motivos habitacionales” suma 5.9 millones de personas (79.1%); los de “motivos de inversión”, 0.7 millones de personas (10.4%) y los de “otros”, 0.8 millones de personas (10.5 %).
La gráfica 1 muestra algunas características sociodemográficas del grupo “motivos de inversión” y el de “motivos habitacionales”. En particular, los primeros tienen una mediana de edad de 36 años –4 más que los segundos (32 años)–, 39.1 % son mujeres –0.80 puntos porcentuales (pp) menos que los segundos (39.9 %). Sobre su ingreso laboral, el grupo de “motivos de inversión” presenta un nivel 19.7 % mayor respecto del de “motivos habitacionales”: la mediana de ingreso de los primeros es de $7,500.00 MXN mensuales, en contraste con el de los segundos, que es de $6,020.00 MXN. Finalmente, en el nivel de escolaridad, 37.7 % de la población que desea invertir tiene estudios de licenciatura o más, mientras que solo 27.3 % de la población que requiere por motivos habitacionales cuenta con el mismo nivel de escolaridad.v
Gráfica 1. Características demográficas de la población objetivo
La gráfica 2 muestra la distribución geográfica del interés en utilizar la vivienda como un activo de inversión entre quienes autorreportan requerir una: Colima, Quintana Roo y Sonora, con niveles de 18.3 %, 18.3 % y 17.0 %, respectivamente, son las entidades donde hay más. En el centro del país, Estado de México y la Ciudad de México tienen participaciones de 9.2 % y 8.0 %, respectivamente. Por último, la participación más baja se reporta en Tlaxcala, Oaxaca y Campeche, con 6.1 %, 6.0 % y 5.0 %, respectivamente.
Gráfica 2. Distribución por entidad de la población que requiere una vivienda por motivos de inversión
Finalmente, se calcularon las correlaciones entre la demanda de vivienda por inversión con una medida de actividad turística y con los precios de la vivienda. Si bien en la gráfica 3 se observan casos en los que vemos simultáneamente una participación alta del turismo en la economía local (al 2022) y del interés por invertir, como Quintana Roo y Colima, no se encuentra una relación estadísticamente significativa entre ambas variables.vi
Gráfica 3. Variables asociadas con la población que demanda una vivienda por motivos de inversión
En contraste, la variable del incremento en los precios de la vivienda entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2018, medidos por el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal (ISHF), muestra una relación positiva con el interés por invertir, la cual es estadísticamente significativa.vii La estimación muestra que un aumento de 1.00 pp sobre la variación anual de los precios está asociado con uno de 0.54 pp sobre la participación del interés de la vivienda como inversión. Este resultado podría ser relevante para entender la dinámica del mercado de vivienda por entidad en México.
Para concluir, este análisis refleja la diversidad de necesidades de vivienda que existen en la población, tanto en aspectos habitacionales como de inversión. No obstante, es necesaria una investigación más profunda de ambas perspectivas y la necesidad de entender sus determinantes en México.
i Las implicaciones de este fenómeno se han estudiado bajo el concepto de financiarización de la vivienda, en contextos en los que ha ganado una mayor participación y se ha asociado con el desplazamiento de poblaciones urbanas hacia las periferias. Para mayor referencia se pueden consultar fuentes como Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (s.f.) “Financialization of housing Special Rapporteur on the right to adequate housing”, disponible en https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-housing/financialization-housing
ii Se parte de la pregunta ¿Cuál es el motivo principal para comprar (construir) una vivienda? Supuesto de que el mercado debe funcionar de manera que cada hogar habite una vivienda independiente.
iii El ingreso promedio laboral nacional reportado en la ENVI 2020 es de $7,559.16 MXN.
iv Se parte de la pregunta ¿Tiene la intención de comprar, rentar, construir o no sabe?
v La media de edad para el grupo 1 (motivos de inversión) es de 38 años y para los del grupo 2 (motivos habitacionales) es de 35 años. La media de ingreso para el grupo 1 es de $10,596.93 MXN mensuales y para el grupo 2 es de $7,618.23 MXN mensuales. La mediana del nivel de escolaridad para ambos grupos es el bachillerato.
vi Se calculó un modelo lineal por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) que plantea, como variable dependiente, la variable que mide la participación que auto reporta requerir una vivienda por motivos de inversión. Como variable explicativa, se estimó un primer modelo que plantea la proporción que representa la actividad turística total respecto del Valor Agregado Bruto total por entidad al 2022. La estimación del modelo resultó en un parámetro no estadísticamente significativo, con un p-value de 0.11.
vii Un segundo modelo lineal por MCO la relación de la participación que auto reporta requerir una vivienda por motivos de inversión con el crecimiento de los precios de la vivienda entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2018 medidos por ISHF. Este modelo derivó en un parámetro estadísticamente significativo, con un p-value de 0.02.
La plataforma Infonavit Investigación y Análisis es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector de hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
En junio de 2024, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó el Reporte Económico Trimestral número 20, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2024, el cual puede ser consultado en esta liga.
Este reporte presenta información, análisis económico internacional y nacional, con énfasis en la evolución de los sectores de la construcción, la vivienda y el hipotecario.
n esta ocasión se incluyen tres recuadros que abordan temas de análisis económico relacionado con la equidad en los salarios, la evolución en la composición de los hogares y los requisitos de lugares de estacionamiento y su impacto en la disponibilidad de vivienda. En el recuadro 1, se estudia la desigualdad salarial en los mercados laborales locales, destacando el tamaño y ubicación geográfica de las zonas metropolitanas como factor explicativo. El recuadro 2, ofrece un análisis de los cambios demográficos en México ocurridos entre 2010 y 2020, que se han visto reflejados en los niveles de tasa de jefatura del país. En el recuadro 3, se muestra que los requisitos regulatorios por lugares de estacionamiento en México afectan el acceso a la vivienda. Es decir, encarecen y limitan la disponibilidad de vivienda.
El análisis que se destaca en el reporte de este trimestre es:
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit_agenda_investigacion/
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El 30 de mayo pasado se presentó en el Instituto el libro "Por una cancha pareja: igualdad de oportunidades para lograr un México más justo", una obra coeditada por los investigadores Roberto Vélez Grajales y Luis Monroy-Gómez-Franco. Este evento se enmarcó dentro de los Seminarios Infonavit, organizados por la Coordinación General de Investigación y Finanzas.
Durante la presentación, los autores compartieron con las y los asistentes las motivaciones que los llevaron a escribir la obra, así como las ideas principales que desarrollan en ella. Destacaron especialmente la estrecha relación que guarda la igualdad de oportunidades con la justicia social en México.
El libro explica los conceptos fundamentales de estas dos ideas, respondiendo además a las críticas que se han formulado sobre este enfoque, incluida la confusión con la meritocracia y el “échaleganismo”. Además, Monroy y Vélez analizan detalladamente las circunstancias personales que generan inequidad en México, como el nivel educativo de los padres o el color de piel. Por citar un par de ejemplos, para aquellos que nacen en el escalón más bajo de la distribución económica, la probabilidad de caer en la pobreza es alarmantemente alta, o el hecho de que solo 5% de los mexicanos con padres sin formación educativa formal logran acceder a estudios profesionales.
Este panorama, según los autores se ve agravado por el contexto actual, marcado por la creciente automatización del trabajo y el cambio climático. Estas tendencias, se argumenta en el libro, amenazan con eliminar empleos tradicionales (y generar nuevas disparidades en el mercado laboral), además de complicar aún más la estabilidad económica y ambiental.
Para cambiar esta realidad y avanzar hacia un México más justo y equitativo, los autores proponen abordar las raíces profundas de la disparidad y promover políticas y acciones que fomenten la igualdad de oportunidades para todos. En su charla hicieron énfasis en necesidad de revisar y ajustar las reglas de competencia del mercado para garantizar que las circunstancias personales no determinen las recompensas que cada individuo recibe.
De no hacerlo, advierten, se corre el riesgo de ampliar aún más la brecha entre los que tienen y los que no, lo que alimentará la polarización política y socavará la capacidad de la sociedad para alcanzar consensos sobre su dirección futura.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
El equipo de Investigación Económica del Infonavit obtuvo el segundo lugar en el pronóstico de la tasa de interés de referencia para el año 2023, otorgado por Focus Economics, una institución líder en previsiones económicas, con sede en Barcelona.
Entre las estimaciones de distintas variables macroeconómicas que mensualmente realiza el equipo para ser utilizadas en la estrategia de inversión, la planeación financiera y el análisis económico internos, está la tasa de interés, que además se comparte con varias casas encuestadoras.
Los pronósticos de la tasa de interés de referencia son esenciales tanto para la planeación financiera del Infonavit como para el ámbito financiero nacional, ya que la tasa de interés influye en el costo del crédito, la inversión y el ahorro, afectando de manera directa el balance del Infonavit.
Es por ello que el Instituto se esfuerza por brindar estimaciones precisas y oportunas que permitan a sus derechohabientes, y a la comunidad en general, comprender mejor el entorno financiero para tomar decisiones informadas a partir de los análisis y documentos que publica, como es el caso de los reportes mencionados.
El reconocimiento otorgado por Focus Economics refleja el compromiso del equipo de Investigación Económica del Infonavit con la excelencia y precisión en el análisis económico, lo que consolida su reputación como una fuente confiable de información para nuestros órganos de gobierno y para el mercado.
Focus Economics, con sede en Barcelona, España, proporciona informes detallados y pronósticos sobre indicadores económicos clave para más de 130 países. Sus análisis abarcan aspectos como el crecimiento del PIB, la inflación, las tasas de interés y las monedas, y recopila opiniones de expertos para ofrecer a empresas, instituciones financieras y gobiernos, una visión integral y comparativa del panorama económico global. Esto la convierte en una fuente confiable para la toma de decisiones informadas en el ámbito económico.
Más información acerca de este reconocimiento en la siguiente liga.
Awards – FocusEconomics (focus-economics.com).
El material que genera el equipo de Investigación del Infonavit se publica en el Portal de Investigación y Análisis. Ahí se aloja una amplia gama de estudios y análisis que abarcan diversos aspectos de la economía, con el objetivo de proporcionar información valiosa y accesible para todos, por lo que invitamos a consultarla.
La migración humana se encuentra ligada históricamente a la búsqueda de mejores condiciones de vida.
De acuerdo con la evidencia empírica internacional1, la migración interna ha pasado de ser rural – urbana a ser urbana – urbana (entre zonas metropolitanas). Los reportes muestran que los flujos de migración interna son mayores en países con disparidades regionales pronunciadas y con poblaciones jóvenes; además, los flujos se dirigen preponderantemente hacia un número limitado de ciudades, de mayor tamaño y productividad, ubicadas en regiones cercanas, dados los costos de la migración.
El análisis que se presenta en el Recuadro “Migración y empleo de las personas derechohabientes del Infonavit”, inserto en el Reporte Económico Trimestral septiembre – diciembre de 2023, se lleva a cabo un análisis de migración con información de derechohabientes del Infonavit. En el 4to bimestre de 2023 cotizaron 22.9 millones de derechohabientes, de los cuales 9.0 millones se encontraban también activos (cotizando) 10 años antes (4to bimestre de 2013), de los cuales 79.2% (7.1 millones) trabajó en ambos periodos en empresas ubicadas en alguna metrópoli. Dentro de este grupo de derechohabientes metropolitanos (en ambos extremos del periodo), 80.7% se encontraba empleado 10 años antes en una empresa que se ubicaba en la misma metrópoli2, mientras que 19.3% se encontraba empleado en otra empresa ubicada en una metrópoli distinta; el análisis se enfoca sobre este subconjunto de derechohabientes (1.4 millones), a quienes se les define como derechohabiente migrante, ya que su empleo se ubicaba en una metrópoli distinta al inicio y al final de la última década, lo que implicaría que el derechohabiente tuvo que cambiar de residencia en algún punto intermedio3.
Los derechohabientes migrantes identificados se concentran en las principales metrópolis del país; en el eje horizontal de la siguiente gráfica se representa el tamaño del mercado laboral (logaritmo del número de empleos formales en la metrópoli), mientras que el tamaño de la burbuja representa el número de derechohabientes migrantes que fueron identificados en cada metrópoli; las 3 metrópolis con los mercados laborales más grandes concentran a 30.2% de los derechohabientes migrantes identificados. Si bien, en promedio, 19.3% de los derechohabientes que trabajaron al inicio y al final de la década en metrópolis se identifican como migrantes, es decir, su empleo 10 años antes se ubicaba en una metrópoli distinta a la actual, esta proporción (medida en el eje vertical de la gráfica) se triplica en pequeñas metrópolis que han experimentado un fuerte crecimiento del empleo formal en la última década, como Valladolid (67.3%) o San Martín Texmelucan (53.7%), y se duplica en metrópolis medianas de similar desempeño, como Cancún (36.1%) o Querétaro (32.7%).
Tamaño del mercado laboral y proporción de migrantes en cada metrópoli
Fuente: Infonavit
Para caracterizar a los flujos de migración inter metropolitana de los derechohabientes se identifica a las metrópolis de origen, donde trabajaban 10 años antes, y destino, donde trabajan ahora. Para una mejor visualización, se agrupan las metrópolis en 5 regiones, Frontera (ubicadas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), Bajío (Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y San Luis Potosí), Mesa central (Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos), Pacífico (Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco, Colima y Michoacán) y Sur (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo)4.
En la siguiente gráfica se representan 1.4 millones de cambios en la ubicación de empleo de derechohabientes, quienes potencialmente migraron de una metrópoli a otra en la última década. En la gráfica es posible identificar los principales flujos migratorios inter metropolitanos, por ejemplo, la Ciudad de México presenta un flujo negativo de derechohabientes migrantes, al haber transferido 385,500 derechohabientes y recibido 172,300, lo que es consistente con la dinámica poblacional que reporta INEGI.
La gráfica también revela la importancia de flujos intrarregionales5, donde las metrópolis más importantes de la región reciben una proporción importante de derechohabientes migrantes provenientes de metrópolis cercanas, en consonancia con la evidencia empírica internacional. Por ejemplo, 51.3% de los 41,800 derechohabientes que se trasladaron a Cancún provenían de metrópolis ubicadas en la región sur del país.
Flujo de migración intra e interregional 2013 - 2023
Fuente: Infonavit
1 OECD. (2021), The laws of attraction: economic drivers on inter-regional migration, housing costs and the role of policies.
OECD. (2021), Migration, housing and regional disparities: a gravity model of inter-regional migration with an application to selected OECD countries.
2 En este caso puede tratarse de la misma empresa o de otra distinta, siempre y cuando se ubique en la misma metrópoli.
3 Esta metodología sobrestima el número de derechohabientes migrantes ya que, en algunos casos, cuando ambas metrópolis se ubican cercanas entre si (por ejemplo, entre Celaya e Irapuato o entre Toluca y la Ciudad de México), el derechohabiente podría haber permanecido en su domicilio original.
4 El catálogo del sistema metropolitano ya define en qué estado se ubican las metrópolis que se integran de municipios pertenecientes a distintas entidades.
5 En la gráfica se listan, señalándolas también en los mapas regionales, las 34 metrópolis que mayor número de derechohabientes migrantes recibieron en el periodo analizado.
En el Reporte Económico Trimestral octubre – diciembre 2024 se incluye el recuadro "Indicadores de Rezago en la Vivienda y de Marginación en Hogares con Viviendas Autoproducidas", que presenta los resultados de dos índices construidos para medir el rezago en la vivienda y las condiciones de marginación para los hogares cuya vivienda fue autoproducida.
El objetivo es profundizar en el estudio de las condiciones de vivienda y marginación de los hogares autoproductores1, considerando que 62.8 % de las viviendas propias en México han sido autoproducidas2.
Los indicadores se denominan (i) “Índice del Rezago de la Vivienda Autoproducida” (IRVA 2022) y (ii) el Índice de Marginación de los Hogares Autoproductores (IMHA 2022). El primero mide el rezago habitacional en las viviendas producidas por sus habitantes en términos de las carencias de la vivienda, mientras que el segundo analiza la marginación de los hogares que optan por la autoproducción3, tomando como base la metodología para la medición de la pobreza en México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Este último restringe el análisis a las características del o la jefa del hogar, asumiendo que son más representativas de la situación de los hogares, e identifica a la población con al menos una carencia social asociada por dimensión.
Los indicadores se construyen con base en la metodología empleada por el Coneval, pero se enfocan en la población que manda a construir con terceros o autoconstruye su vivienda; el IRVA 2022 se elabora a partir de la carencia en las dimensiones de calidad y espacios de la vivienda y por servicios básicos.
El IMHA 2022 se elabora considerando las jefaturas del hogar4 y se enfoca en sus características sociodemográficas, incluyendo rezago educativo, acceso a seguridad social, acceso a la salud, alimentación nutritiva y de calidad e ingreso inferior a la línea de pobreza.
En los resultados a nivel nacional, tomando en cuenta el inventario total de vivienda (que incluye a las viviendas particulares propias y no propias, el cual se estima en 36.9 millones de unidades), se observa que 19.6 % presenta al menos una carencia en sus dimensiones de calidad y servicios básicos y 12.7 % corresponde a las viviendas autoproducidas (lo que sugeriría que esos 6.9 puntos porcentuales de diferencia corresponden a otros tipos de viviendas, incluyendo las no propias y las adquiridas mediante otros mecanismos). De forma similar, la marginación de los hogares representó 65.9 % del total, mientras que los autoproducidos acumularon el 33.0% respecto del mismo universo.
Para comparar el IRVA 2022, siguiendo la metodología propuesta, se construyeron índices para las formas de adquisición de vivienda que identifica la ENIGH 2022, donde el universo de viviendas con alguna carencia en calidad de espacios o acceso a los servicios básicos es de poco más de 7.3 millones. Los resultados obtenidos resultan relevantes: por ejemplo, para viviendas adquiridas comercialmente, el indicador señala 345 mil con alguna carencia (alrededor del 0.9 % del total de las viviendas), mientras que para viviendas no propias, el indicador representa 1.7 millones. (4.7 % del total de viviendas).
Se observa también que, según la forma de adquisición de la vivienda, el mayor rezago se encuentra en la vivienda autoproducida (64.7 % de ellas presenta carencias), pero al subdividir la autoproducción según su proceso de obra, la vivienda mandada a construir representa 37 % del rezago, seguida de la autoconstruida con 27.7 %; el rezago en la vivienda no propia (rentada o prestada) representa 24 % del rezago, y 6.7 % lo conforma otras formas de adquisición de vivienda.
En el caso IMHA 2022, para las otras formas de adquisición de vivienda, el universo de hogares con algún tipo de marginación es de más de 24.7 millones. Se observa que de los hogares que adquieren su vivienda, alrededor de 3.2 millones (13.2 %) de ellos tienen algún tipo de marginación; para la vivienda no propia, el mismo indicador registra 7.8 millones (31.7 %). La marginación en hogares se encuentra principalmente en los autoproductores (50.1 %), sin embargo, al desagregar la autoproducción de acuerdo con su proceso de obra, los que mandaron construir representan 28.9 % y quienes autoconstruyeron, 21.2 %.
En conclusión, los indicadores para los hogares y viviendas autoproducidas son relevantes, ya que permiten vincular las condiciones de rezago y marginación con la práctica de la autoproducción. Entender que todas las viviendas, indistintamente de su forma de adquisición, pueden enfrentar carencias, así como la variedad de niveles de marginación, sienta las bases para el diseño de políticas públicas adecuadas destinadas a mitigar estas condiciones5.
1 Según la forma de adquisición de vivienda, los hogares autoproductores son aquellos que mandaron a construir su vivienda con terceros, o bien, ellos mismos la construyeron (autoconstrucción).
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2023 (INEGI). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022.
3 Para este análisis se considera el total de parque habitacional en 2022 según la ENIGH, alrededor de 36.9 millones de viviendas.
4 El INEGI define jefatura de hogar como la persona reconocida como tal por los demás integrantes de este, independientemente de su género.
5 CONEVAL (2023). Resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2022. El porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda pasó de 11.0 % a 9.1 %, y las personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda pasaron de representar 19.6% de la población en 2018 a 17.8 % en 2022.
La plataforma Infonavit Investigación y Análisis es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector de hipotecario y de la vivienda.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
El pasado 5 de febrero, el Presidente de la República envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional en materia de pensiones que garantiza una tasa de reemplazo de 100 % a las personas trabajadoras de la Generación Afore que se pensionen a los 65 años o más1, hasta por un monto equivalente al salario promedio del IMSS (16,777 pesos mensuales). La propuesta busca beneficiar particularmente a quienes no alcanzarán a recolectar plenamente los beneficios de la reforma de 2020, la cual mejorará la cobertura y el nivel de las pensiones de las personas trabajadoras de la Generación Afore afiliadas al IMSS a largo plazo, al incrementar las aportaciones a la cuenta individual y al disminuir las semanas de cotización requeridas para obtener una pensión2. Sin embargo, la implementación gradual de la reforma de 2020 generará que, durante los próximos 20 años, las personas pensionadas que provengan de la Generación Afore perciban menores tasas de reemplazo por dos razones: (i) el incremento gradual de las contribuciones que se contempló, el cual inició en 2023 y concluirá en 2030; (ii) su ingreso tardío al mercado laboral, por lo que acumularán menos semanas de cotización en comparación con los trabajadores que se pensionen de 2042 en adelante3.
La siguiente gráfica muestra una estimación de las tasas de reemplazo que obtendrían trabajadores con ciertas características socioeconómicas bajo la Ley del Seguro Social. La gráfica muestra las tasas de reemplazo estimadas en función del ingreso laboral (representado como múltiplo del salario promedio del IMSS, que equivale actualmente a 16,777 pesos mensuales) y su evolución en el tiempo, lo que permite observar una mejora gradual en la tasa de reemplazo conforme generaciones posteriores de pensionados logren acumular más semanas de cotización y un mayor ahorro en su cuenta individual. Esta es una de las motivaciones centrales de la propuesta de reforma constitucional, aún con los avances que implica la reforma del 2020, para un sector importante de la población existirá, por mucho tiempo, una brecha sustancial entre la pensión que reciban y su último salario.
1 La Generación Afore se refiere a las personas que entraron al mercado laboral formal a partir del 1 de julio de 1997 en el IMSS o que cotizan en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE.
2 Un análisis al respecto se publicó en el recuadro “Reforma del sistema de pensiones” inserto en el Reporte Económico Trimestral octubre – diciembre 2020.
3 La edad mediana de ingreso al mercado laboral de la Generación Afore es de 20 años, por lo que un periodo de acumulación completo cubre 45 años (de los 20 a los 65). Los trabajadores de la Generación Afore que se están pensionando actualmente (considerando que tienen 60 - 65 años) entraron al mercado laboral formal al menos entre los 33-38 años (su edad en 1997).
Un primer elemento que destacar es que la reforma tiene un alcance acotado en términos de población y beneficios. Plantea el otorgamiento de un beneficio complementario, adicional a la PMG, a los trabajadores de la Generación Afore que se pensionen a los 65 años o más, hasta por un monto equivalente al salario promedio del IMSS el cual está calculado actualmente en 16,777 pesos mensuales. Un segundo elemento es que la reforma fortalece el carácter progresivo del sistema de pensiones, acorde con estándares internacionales, garantizando una tasa de reemplazo de 100% solo a los trabajadores de menores ingresos.
En la siguiente gráfica se muestra en el eje vertical el monto de la pensión que obtendrían trabajadores de distinto nivel salarial; en particular, el ejercicio hace referencia al trabajador que ingresó a los 38 años en 1997 y se pensiona en 2024, cuyos supuestos se describieron en la gráfica anterior. Para cada caso, la barra que representa el nivel de la pensión se desglosa en los 3 componentes del sistema actual, el ahorro en la Afore, el ahorro en Infonavit y la PMG, en su caso, señalando la tasa de reemplazo que obtiene de cada uno. Por último, se integra un cuarto componente, el subsidio complementario, orientado a incrementar la tasa de reemplazo a 100%, hasta un tope de 16,777 pesos mensuales.
Como se observa en la gráfica, la tasa de reemplazo total sería de 100% solo para los trabajadores con salario igual o menor al salario promedio del IMSS, mientras que el resto obtendría una tasa de reemplazo decreciente con respecto a su salario. La PMG y el subsidio complementario que propone la reforma, mantendrían un diseño progresivo, reduciendo su aportación a la tasa de reemplazo total para trabajadores de mayores salarios; además, ambos subsidios reducirían su prevalencia conforme generaciones posteriores de pensionados logren acumular un mayor número de semanas de cotización y de ahorro en su cuenta individual.
El subsidio complementario se entregaría a la gran mayoría de nuevos pensionados de la Generación Afore, sobre todo en los siguientes 20 años. Si bien, el subsidio garantiza una tasa de reemplazo de 100% a los primeros 3 rangos salariales (que perciben el salario promedio del IMSS o menos), donde se ubican actualmente 71.7% de los trabajadores cotizantes, al menos en 2024 se otorgaría a todos los pensionados cuyo salario fuese de hasta 3 veces el salario promedio del IMSS (50,331 pesos mensuales)4 , lo que abarca actualmente a 94.8% de los trabajadores cotizantes. En el largo plazo, cuando generaciones posteriores de pensionados logren acumular un mayor número de semanas de cotización y de ahorro en su cuenta individual, se esperaría que la PMG se entregue solo a los
4 Bajo los supuestos descritos, estos trabajadores, que perciben pensiones superiores a la PMG, estarían obteniendo pensiones menores a 16,777 pesos, por lo que recibirían el subsidio complementario para llegar a ese umbral.
trabajadores de menores ingresos y el subsidio adicional solo se entregue a trabajadores con ingresos menores al promedio. Se estima que el número de nuevos pensionados con derecho al subsidio complementario (que se hayan retirado a los 65 años o más) crecería de 8,800 en 2024 a 294,000 en 2050; en 2050 el programa cubriría a 2.7 millones de pensionados. El costo anual del programa crecería de 470 millones de pesos en 2024 a 151,760 millones en 2050 (pesos de 2024); el valor presente de los flujos del periodo 2024 – 2050 sería equivalente a 3.79% del PIB.
El diseño del programa permite mantener un costo acotado, estableciendo un mecanismo de financiamiento específico, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual recibiría aportaciones iniciales y complementarias que incluyen ingresos derivados de utilidades de empresas públicas, recuperación de adeudos y otras actividades. Entre ellas se considera los recursos por la aplicación del artículo 37 de la Ley del Infonavit, que refiere a los recursos de la SCV que no sean ejercidos por el trabajador una vez transcurridos los 10 años en que sean exigibles. Adicionalmente, la propuesta prevé que cada 8 años debe revisarse la fuente de financiamiento para establecer medidas específicas. De la propuesta que el Ejecutivo envió al Congreso, se desprende que las aportaciones iniciales permitirían que el Fondo contara con un monto de 64 mil millones de pesos. Bajo un escenario base, que supone que no existen aportaciones adicionales al Fondo, los recursos son suficientes hasta el año 2038. Bajo un escenario alterno, que asume aportaciones adicionales a partir de 2033, equivalentes a 0.1% de la masa salarial asociada a los trabajadores formales, las cuales se incrementan gradualmente, 0.1% cada año, hasta alcanzar 1.2% de la masa salarial en 2045, el Fondo de Pensiones para el Bienestar podría tener recursos suficientes más allá de 2050.
Los recursos que se acumulen en el Fondo de Pensiones para el Bienestar estarán etiquetados para el pago del nuevo programa, manteniendo sin cambio los requerimientos fiscales para solventar el resto de los pasivos que enfrenta el gobierno federal provenientes de esquemas de transición de trabajadores del sector privado (Ley de 1973) y público (Ley de 1983 ISSSTE, Décimo transitorio ISSSTE, RJP - IMSS), empresas del Estado (Pemex, CFE), subsidios a los esquemas de cuentas individuales (PMG y Cuota Social) y pensiones no contributivas. Un análisis más detallado de esta iniciativa se encuentra en el Reporte Económico Trimestral octubre – diciembre 2024.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
Este reporte presenta información, análisis económico internacional y nacional, con énfasis en la evolución de los sectores de la construcción, la vivienda y el hipotecario.
En esta ocasión se incluyen tres recuadros con temas especiales: i) la propuesta de reforma constitucional de pensiones; ii) las condiciones de la migración laboral formal, y iii) el rezago habitacional en las viviendas autoproducidas de la población mexicana. Particularmente, en el primero se ofrece un análisis de la iniciativa de reforma constitucional en materia de pensiones que el presidente de la República envió al Congreso el 5 de febrero de 2024, que se enfoca en aquellas personas trabajadoras que no alcanzarían plenamente los beneficios de la reforma de 2020. En el segundo recuadro se analiza cómo migraron las personas trabajadoras formales durante una década entre distintas áreas metropolitanas dentro del país. Del recuadro 3 se destaca que 62.8 % de las viviendas de México han sido autoproducidas, lo que equivale a 16.1 millones de unidades. De estas, 9.6 millones fueron construidas por terceros, mientras que 6.5 millones por sus propios habitantes, lo que se manifiesta más en el sur del país (Oaxaca, Guerrero e Hidalgo); además, se encontró que los mayores rezagos de servicios se encuentran en las viviendas autoconstruidas.
La información que se destaca del resto del documento es:
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma “Infonavit Investigación y Análisis”, un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
En el Reporte Económico Trimestral julio–septiembre 2023, se incluye el recuadro "Impacto de Programas Sociales en la Participación Laboral en México" que presenta un análisis econométrico para examinar la posible influencia de los programas sociales implementados por el gobierno mexicano en la participación laboral en el país de 2021 a 2023.
La política social del gobierno federal en México se ha centrado en proporcionar acceso efectivo a los derechos sociales, especialmente para grupos vulnerables a través de la modificación de programas existentes. Además, se han creado nuevos apoyos como aquellos dirigidos a la población en edad de trabajar con el fin de que encuentren opciones para incorporarse en las actividades productivas, reciban capacitación y cuenten con servicio médico. Por ejemplo, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, mediante el cual se han otorgado apoyos a 2.3 millones de personas en 352.5 miles de centros de trabajo entre 2019 y junio de 2022, con una erogación de 81.0 miles de millones de pesos en 2022.[1] Sin embargo, a pesar de sus objetivos loables, estos programas han sido objeto de debate debido a la preocupación de que podrían desincentivar la búsqueda de empleo al ofrecer beneficios similares o incluso superiores a los obtenidos mediante el trabajo.
La literatura económica no proporciona una conclusión clara sobre el impacto de los programas sociales en el mercado laboral. La teoría señala que las transferencias monetarias reducen la oferta laboral a través de un efecto ingreso, donde a mayor transferencia monetaria, mayor será la reducción de la oferta laboral (Alzúa, M. L., Cruces, G., & Ripani, L., 2013; Kanbur, R., Keen, M., & Tuomala, M., 1994). Empíricamente los resultados no son concluyentes, por ejemplo, Kabeer, N., & Waddington, H. (2015) analizan estudios de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Paquistán y Uruguay, y encontraron que solo el programa paquistaní reporta un impacto negativo de las transferencias monetarias en la oferta laboral, en el resto el efecto es estadísticamente no significativo. Particularmente, para el caso de México, Alzúa, M., Cruces, G., y Ripani, L. (2013) encuentran que el programa Progresa tiene un efecto pequeño pero positivo en la oferta laboral, al incrementar las horas trabajadas por las personas beneficiarias.
En este análisis se utiliza información del mercado laboral y de las personas que reciben alguna beca o apoyo del gobierno en México entre el año 2021 y 2023, para analizar si con la información disponible hay elementos estadísticos que sugieran que los programas sociales implementados recientemente desincentivan la participación laboral en el país.
Para abordar esta cuestión en el contexto mexicano se utiliza la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre 2021 y 2022, y entre 2022 y 2023. Se analiza si la recepción de apoyos gubernamentales, como becas, afecta la participación laboral de las y los beneficiarios. Los datos revelan que, en el primer trimestre de 2022, 6.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) y 32% de la Población No Económicamente Activa (PNEA) recibieron algún apoyo gubernamental. En el primer trimestre de 2023, la cantidad de personas que recibieron algún apoyo gubernamental aumentó 1.7 millones en un año, dentro de los grupos poblacionales, la cantidad de apoyos gubernamentales incrementó a 8% en la PEA y a 36% en la PNEA, respecto de 2022.
Distribución de la población en edad de trabajar por apoyo del gobierno
En millones de personas y porcentaje
Fuente: INEGI, ENOE primer trimestre de 2022 y primer trimestre de 2023.
* Se refiere a la cantidad de personas que mencionaron recibir algún apoyo económico en los últimos tres meses por parte del gobierno en alguna de las siguientes categorías: i) beca de capacitación o ayuda económica para encontrar trabajo (jóvenes construyendo el futuro), ii) apoyo para realizar una actividad por su cuenta (Procampo/producción para el bienestar, microcréditos para el bienestar), o iii) ayuda de otro programa de gobierno (beca de estudio, despensa).
En este trabajo se analiza si recibir un apoyo monetario del gobierno disminuye la probabilidad de pertenecer a la población ocupada. Para conocer la correlación entre estas variables se tomó el panel que genera la ENOE y que es representativo a nivel nacional, se consideraron las viviendas que entraron por primera vez al panel en el primer trimestre de 2022, para poder volver a observarlas en el primer trimestre de 2023. Con ello se tienen dos observaciones en el tiempo de cada persona dentro del panel relacionadas con apoyos gubernamentales. Aquí se analiza también si recibir un apoyo monetario del gobierno disminuye la probabilidad de pertenecer a la población ocupada con un modelo panel logístico.
En la siguiente figura se muestran los resultados de las estimaciones econométricas, los cuales sugieren que no existe evidencia estadística para afirmar que las becas o apoyos gubernamentales que se dieron entre el primer trimestre de 2021 y el primero de 2022 hayan distorsionado la participación de las personas que recibieron dichos apoyos económicos en el mercado laboral. Este resultado se refuerza, pues incluso al utilizar el panel de 2023, los estimadores se mantienen en magnitud y significancia.
Resultados de las estimaciones
econométricas
por tipo de variable dependiente
Fuente: Infonavit.
Regresión Logit para datos panel con efectos fijos. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
La categoría Panel hace referencia al periodo de construcción: el Panel 2022 considera aquellas personas que contestaron por primera vez la encuesta en el primer trimestre de 2021 y su quinta encuesta se realizó en el primer trimestre de 2022. Para Panel 2023 se refiere a aquellas personas que contestaron por primera vez la encuesta en el primer trimestre de 2022 y su quinta encuesta en el primer trimestre de 2023. Son dos paneles diferentes, cada uno representativo para el periodo que corresponde.
Nota: Estos resultados incluyen controles sociodemográficos (edad, edad al cuadrado, logaritmo natural del ingreso del hogar, cantidad de infantes en el hogar) y de otros apoyos económicos (remesas, apoyos económicos de una persona del mismo estado, apoyos económicos de una persona de otro estado). Se incluyeron individualmente y en conjunto, en ningún caso los resultados se modifican de manera significativa.
Una limitación de este estudio es la agregación de programas sociales en la variable que refleja las becas o los apoyos gubernamentales, porque incluye programas sociales diversos; por ejemplo, incorpora becas para estudiar en cualquier nivel escolar, las pensiones económicas para las y los adultos mayores, seguros de desempleo, entre otros. Otra limitación es que, si bien el panel que se construye con la ENOE es representativo de la población, cuando se analizan subgrupos tan específicos como aquellas personas que reciben un apoyo gubernamental se podría perder representatividad. Abona la incorporación en el análisis de los programas sociales de inserción laboral como el “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
Finalmente, hacemos una reflexión sobre el uso de programas sociales como una herramienta que puede usar el Estado para reducir la marginación y ofrecer un estado de bienestar a su población: las críticas no son aplicables a todos los programas sociales y pueden variar según el diseño, la implementación y el contexto específico de cada programa. El documento completo del análisis puede ser consultado en el citado Reporte Económico Trimestral.
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma Infonavit Investigación y Análisis, un espacio de difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
[1] (2022) Cuarto Informe de Gobierno, 213 pp.
La más reciente edición de revista Vivienda Infonavit, publicada en diciembre de 2023, explora alternativas integrales e inclusivas para abordar el reto global de proveer vivienda y servicios esenciales para todos y todas en un mundo que se encamina a duplicar su población urbana para 2050.
Si se desea no repetir el saldo negativo que ha dejado en nuestros países el modelo expansivo de ciudades y de producción masiva impuso en la primera década del siglo (abandono, segregación y deterioro de la calidad de vida, por mencionar algunos aspectos) es necesario explorar otras opciones de hacer viviendas y construir ciudad. Es por ello que en todo el mundo se están diseñando estrateglas para abordar el déficit habitacional mediante políticas que integren el acceso a la vivienda con educación, empleo, salud y ambiente sostenible, de forma inclusiva, y que atiendan las necesidades reales de la población.
El reto primordial es cambiar el enfoque: reconocer la vivienda como derecho fundamental que potencia otros. Es necesario adoptar una aproximación integral y transformadora que aborde no solo la cantidad, sino también la calidad es una obligación para lograr mejores ciudades y elevar el nivel de vida de sus habitantes.
Las y los autores que contribuyen en esta edición de la revista Vivienda Infonavit exponen opciones como la producción social del hábitat, la importancia del diseño participativo y la participación ciudadana en la discusión de estos modelos, el reto de contar con asistencia técnica eficiente y suficiente para acompañar los procesos de autoproducción o el alquiler moderado en edificios públicos. Además, se incluyen casos de éxito específicos en los que estos modelos han probado ser una alternativa eficaz para abatir el rezago habitacional, por ejemplo, la autoproducción colectiva de vivienda en Alemania, la protección inquilinaria que la ciudad de Nueva York ha puesto en marcha o el diseño inclusivo para un pueblo originario que se llevó a cabo en el norte de México, por mencionar solo algunos artículos.
La edición completa se puede consultar en revistavivienda.infonavit.org.mx.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
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El pasado 6 de diciembre marcó un hito especial para la Revista Vivienda Infonavit con la celebración de su evento conmemorativo por la publicación de 100 artículos a lo largo de 6 ediciones desde su relanzamiento en 2020. El evento reunió a destacados integrantes del Consejo Editorial de la publicación, y autores y autoras clave de la revista, así como a como personas entusiastas y estudiosas del desarrollo urbano y el territorio.
La jornada se inauguró con una conferencia a cargo de Andrés Semo, ingeniero geomático por la UNAM, quien colaboró con Thomas Khole en el reciente proyecto “Retrato de Tenochtitlán”. En su presentación "La Ciudad de México, 500 años de construir ciudad. De lago a megalópolis", Semo explicó a la audiencia la transformación de la cuenca del Valle de México y sus implicaciones urbanas que se han dado en cinco siglos.
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Acto seguido se llevó a cabo un taller denominado "Mesas de Café". En él se debatieron ideas y propuestas sobre temas cuatro temas presentes en las diferentes ediciones de la revista Vivienda Infonavit: La vivienda como derecho humano; Sostenibilidad y cambio climático; Ciudades y proximidades y El futuro urbano. Las y los participantes en este ejercicio se sumergieron en debates guiados por expertas y expertos en cada tema, donde se compartieron y recopilaron ideas innovadoras en torno a los tópicos planteados.
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El evento culminó con la conferencia de Shane Phillips, experto en planificación urbana y políticas públicas y actual director del Lewis Center Housing Initiative de la Universidad de los Ángeles. En su ponencia “Lecciones aprendidas en la política de vivienda de Estados Unidos y reformas largamente esperadas”, el autor de "The Affordable City. Strategies for putting housing within reach (and Keeping it there)" expuso tanto el contexto como algunos de los retos y aciertos de la política de vivienda de su país en los últimos años.
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El material del evento (fotos, videos y las presentaciones de los ponentes) puede consultarse y descargarse en esta liga.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
La movilidad salarial, entendida como el cambio de posición en la distribución salarial, se encuentra correlacionada con la frecuencia con la que la persona derechohabiente logró emplearse en trabajos formales en el periodo de análisis. El Reporte Económico Trimestral julio–septiembre 2023 incluye un recuadro que presenta el resultado de un análisis en este sentido para el periodo 1998-2021.
Las personas derechohabientes suelen ingresar en la parte baja de la distribución de salarios, distribuyéndose de forma más homogénea con el paso del tiempo, lo que denota la variedad de historias laborales que existen en el mercado de trabajo. En general, quienes ingresan en los primeros quintiles de salario experimentan una movilidad salarial significativa, contrastando con la movilidad marginal que experimentan las personas que ingresaron en el quintil más alto. En la siguiente gráfica se muestra la distribución de las y los derechohabientes en función del quintil salarial al que pertenecían al ingresar al mercado laboral (lado izquierdo de la gráfica) y a los 10 años de haber entrado (lado derecho de la gráfica). En la gráfica es posible distinguir las transiciones entre quintiles, es decir, el origen y destino de 9.5 millones de derechohabientes analizados. De las personas que ingresaron en el quintil más bajo, 25.0 % permanece en el mismo quintil en el año 10, mientras que 33.9 % se mueve a los dos quintiles más altos. Por el contrario, quienes ingresaron en el quintil más alto, 75.2 % permanece ahí en el año 10, mientras que solo 10.4 % cae a los dos quintiles más bajos.
Movilidad salarial de la derechohabiencia,
10 años después de haber ingresado al mercado laboral
Fuente: Infonavit.
La movilidad salarial es decreciente con respecto del salario de ingreso, como se aprecia en la siguiente gráfica: el eje horizontal señala el percentil al que pertenece el primer salario del derechohabiente (percentil de ingreso) y el eje vertical muestra el percentil en el que se ubicó en promedio el salario de los derechohabientes de cada grupo (esto es, de cada percentil de ingreso) al décimo año de haber ingresado al mercado laboral. Por ejemplo, aquellas y aquellos que percibieron un primer salario ubicado en el primer decil (percentiles 1 a 10) a los 10 años obtuvieron un salario que en promedio se ubicó entre los percentiles 38 y 47. Por su parte, quienes iniciaron en el cuarto decil (percentiles 31 a 40), a los 10 años se ubicaron en promedio entre los percentiles 50 y 53. En contraste, las y los derechohabientes que iniciaron en el décimo decil (percentiles 91 a 100), a la década se ubicaron en promedio entre los percentiles 85 y 90.
En la misma gráfica se muestra que la movilidad salarial fue mayor para quienes lograron mantenerse más tiempo en la formalidad. Por ejemplo, la línea azul refleja la movilidad de las personas con densidad de cotización mayor a 80 %, es decir, que cotizaron al menos 8 de los 10 años analizados. Al interior de este grupo, quienes ingresaron en el cuarto decil (percentiles 31 a 40) se ubicaron a los 10 años de haber ingresado, entre los percentiles 57 y 60 en promedio. Por contraparte, la línea verde refleja la movilidad de las personas con densidad de cotización menor a 50 %, es decir, que cotizaron máximo 5 de los 10 años analizados. Al interior de este grupo, quienes ingresaron en el cuarto decil se ubicaron a los 10 años de haber ingresado, en el percentil 42 en promedio. Estos resultados presentan pequeñas variaciones cuando se controla por sexo de la persona, así como por la edad o el año en el que inició la carrera laboral.
Percentil al que pertenece el salario inicial
y percentil promedio al que pertenece el salario
a 10 años de haber ingresado al mercado laboral
Fuente: Infonavit.
Nota: El área verde corresponde al intervalo de confianza para una desviación estándar.
A partir del historial de las personas derechohabientes, mediante una regresión econométrica, es posible estimar los factores que podrían haber favorecido su crecimiento salarial en la primera etapa de su vida laboral. Los resultados establecen que, mientras mayor es la densidad de cotización de la persona en su primera década, mayor crecimiento experimenta en la distribución salarial: por cada punto porcentual adicional de densidad de cotización en el periodo, el crecimiento se incrementa en 0.28 percentiles, es decir, una persona que haya cotizado la década completa creció 14 percentiles más que aquel que haya cotizado solo 5 años.
Por el contrario, mientras mayor sea el percentil de ingreso de la persona derechohabiente, menor será su crecimiento en la distribución salarial: por cada percentil adicional que experimenta el salario inicial, su crecimiento en la década se reduce en 0.66 percentiles, lo que es lo mismo, una persona que inicia su vida laboral con un salario ubicado en la mediana de la distribución crece 13 percentiles menos que aquel que haya iniciado con un salario ubicado en el percentil 30.
Adicionalmente, entrar al mercado laboral a menor edad influye positivamente en el crecimiento salarial experimentado en la primera década; por cada año que la edad de entrada disminuya, la movilidad aumenta en 0.63 percentiles: alguien que haya ingresado al mercado laboral a los 20 años experimentó un crecimiento de 6 percentiles adicionales a quien ingresó a los 30 años.
En resumen, una mayor permanencia en el sector formal se encuentra correlacionada con un mayor crecimiento del salario, lo que coloca a la persona derechohabiente en una mejor posición al interior de la distribución salarial. Quienes ingresan en los primeros quintiles de salario experimentan una movilidad salarial significativa, en contraste con quienes ingresaron en el quintil más alto, que experimentan cambios marginales en su posición.
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma Infonavit Investigación y Análisis, un espacio de difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
El 5 de diciembre de 2023, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó el Reporte Económico Trimestral número 18, correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2023, el cual puede ser consultado en esta liga.
Este reporte presenta información, análisis económico internacional y nacional, con énfasis en la evolución de los sectores de la construcción, la vivienda y el hipotecario.
En este trimestre se incluyen tres recuadros. El primero de ellos presenta las acciones de apoyo a las y los derechohabientes implementadas por el Infonavit tras el impacto del huracán Otis que azotó a municipios mexicanos de la costa de Guerrero. En el segundo recuadro se estudia el fenómeno de la movilidad salarial en México, donde se identifica una relación estadísticamente significativa entre la densidad de cotización con respecto al ingreso temprano al empleo. El tercer recuadro se muestra un análisis que compara el estado de ocupación de la población mexicana según su condición como receptora de programas sociales.
En el reporte de este trimestre destaca lo siguiente:
La plataforma Infonavit Investigación y Análisis es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector de hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
Existen múltiples factores que impulsan la demanda agregada de vivienda, entre ellos la historia laboral de los trabajadores, en específico, el tiempo que han permanecido en la formalidad y las características de las empresas en las que han trabajado la mayor parte de este tiempo. Mantener relaciones laborales estables, de largo plazo, permite acumular un mayor ahorro y contar con una mejor perspectiva sobre la capacidad para solventar los pagos de la hipoteca, asimismo permite contar con más posibilidades de elegir la ubicación de la vivienda, y de los demás satisfactores del hogar. Las relaciones laborales largas suceden con mayor frecuencia en ciertos tipos de empresas y actividades económicas1, lo que podría estar relacionado a la productividad, a la complejidad y especialización del trabajo desarrollado, así como al nivel de los salarios que se observan en estos sectores y empresas.
En el capítulo “Permanencia en el mercado formal del derechohabiente y originación de crédito hipotecario” del Reporte Anual de Vivienda 2023 se analiza la historia laboral de 10.4 millones de derechohabientes que iniciaron su carrera laboral a partir de 2006 y que mantuvieron al menos una relación laboral con un año o más de duración2, lo que les permitió en su momento a tener acceso a un crédito con Infonavit. En promedio, los 934 mil derechohabientes de la muestra que obtuvieron un crédito hipotecario entre 2006 y 2021 han tenido permanecido en un empleo formal aproximadamente el doble de años de los que no obtuvieron un crédito. Adicionalmente, su salario promedio fue 48.4 % mayor al de los derechohabientes sin crédito.
En la siguiente figura se muestra en el eje horizontal el promedio de años cotizados en un empleo formal, mientras que en el eje vertical aparece la frecuencia con la que los derechohabientes han obtenido un crédito hipotecario al interior de cada rango; la figura muestra el promedio de ambos datos para distintos derechohabientes, agrupados de acuerdo con la división económica y el tamaño de la empresa en la que experimentaron su empleo de mayor duración. Se observa que es más frecuente la obtención de créditos hipotecarios entre los derechohabientes asociados a empresas grandes (círculos de color gris), particularmente en algunas divisiones económicas que se caracterizan por mantener relaciones de larga duración y salarios por encima del promedio (el salario promedio se refleja en el tamaño del círculo). En la figura también se observa que los derechohabientes empleados en las pequeñas empresas (círculos de color naranja) se caracterizan por presentar salarios y frecuencias de originación menores al resto de las empresas en casi todas las divisiones económicas.
Años cotizados y frecuencia en la originación de crédito,
por división económica y tamaño de las empresas
Derechohabientes que ingresaron entre 2006 y 2021
Fuente: Infonavit.
Controlando por el tiempo de cotización en un empleo formal, la frecuencia en la originación de crédito es mayor en entidades como Nuevo León o Yucatán respecto al promedio, y menor en Oaxaca o Guerrero, lo que podría derivarse de condiciones particulares del mercado de vivienda en cada entidad, como lo es la relevancia de la autoproducción como forma de adquisición de la vivienda, la cual es mayor en las entidades donde la población es menos urbana. Existen además otras variables, relacionadas a las características del derechohabiente, que pueden influir en la probabilidad con la que genere un crédito hipotecario, como son el sexo y la etapa de su ciclo de vida; la frecuencia con la que hombres obtienen un crédito hipotecario es marginalmente mayor a la de las mujeres, controlando por el número de años cotizados, mientras que la probabilidad de obtener un crédito aumenta cuando la relación laboral inicia entre los 20 y 25 años, reduciéndose para ambos sexos en las edades maduras.
La contribución de cada una de estas características de la relación laboral a la probabilidad con la que se origina un crédito hipotecario puede ser evaluada a través de una regresión econométrica tipo Logit, donde la variable dependiente es binaria, es decir, toma el valor de uno si durante el periodo en que se encontraba activa la relación laboral se originó un crédito y de cero si no se originó; el modelo utiliza como variables independientes los años cotizados, el salario real promedio, el sexo y la edad del derechohabiente al inicio de la relación laboral, controlando además por el tamaño y la división económica y entidad en la que se ubica la empresa involucrada en la relación laboral.
Los resultados muestran que la permanencia en el mercado laboral formal es la variable que contribuye en mayor medida a explicar la probabilidad de obtener un crédito hipotecario; la probabilidad de originar un crédito aumenta 2.32 % por cada año que incrementa el periodo total de cotización del derechohabiente en un empleo formal, independientemente de las demás características de las empresas donde trabaje o las del propio derechohabiente. Por otro lado, la probabilidad de originar un crédito aumenta 0.59 % por cada 100 pesos que se incrementa el salario diario promedio de la relación laboral; este resultado implica que la probabilidad de crédito es casi homogénea (controlando por todas las demás variables), excepto quizá para los derechohabientes del décimo decil de ingresos.
Los resultados muestran además que cuando los hombres y mujeres presentan condiciones similares en el mercado laboral, su probabilidad de obtener un crédito es muy similar, por lo que la menor participación de las mujeres en la cartera de crédito de Infonavit se explica por las diferencias en esas condiciones, es decir, por las brechas de género que subsisten en la participación laboral y en los salarios. Así mismo, trabajar en cierta división económica, como la industria de la transformación o en el comercio, aumenta la probabilidad de originar un crédito en más de 8.0 % con respecto a trabajar en la división agropecuaria, controlando por todas las demás variables. Por último, trabajar en Quintana Roo, Tamaulipas, Colima, Yucatán o Nuevo León aumenta la probabilidad de originar un crédito en más de 11.0 % con respecto a trabajar en Oaxaca, controlando por todas las demás variables.
En la siguiente figura se observa que, manteniendo fijas todas las demás variables, la probabilidad estimada de originar un crédito es creciente con respecto a la permanencia del derechohabiente en el mercado laboral formal, siendo muy baja (menor a 5 %) para los derechohabientes que acumulan menos de 5 años de cotización y muy alta (mayor a 30 %) para los derechohabientes que acumulan 11 años o más.
Probabilidad estimada de originar un crédito para derechohabientes con distintos años de cotización acumulados
Fuente: Infonavit.
Nota: El área verde corresponde al intervalo de confianza para una desviación estándar.
Los resultados del análisis son relevantes para fines de establecer la demanda de créditos del Instituto. Si bien, todos los derechohabientes que se incluyen en la muestra presentan una relación laboral con duración de al menos 1 año, y por lo tanto en su momento fueron sujetos de crédito, la probabilidad de que ejercieran ese derecho podría haber sido mínima para la mayor parte de ellos, dada su reducida historia laboral, sus cambios frecuentes de empleo o incluso por la desventaja que representaba trabajar en ciertas zonas del país, con condiciones menos favorables para adquirir una vivienda.
La plataforma Infonavit Investigación y Análisis es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector de hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1 El mercado laboral formal presenta relaciones laborales muy cortas, 24.2 % de las relaciones entabladas por los derechohabientes dura sólo un bimestre y 75.4 % dura menos de un año.
2 En total se reportan 51.8 millones de relaciones laborales entabladas por estos derechohabientes.
Desde 2009, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) emite una convocatoria anual destinada a instituciones de la Administración Pública Federal (APF), Órganos Constitucionales Autónomos (OCA), integrantes de la academia vinculados a centros de investigación de instituciones de educación superior, Instituciones Rectoras de la Evaluación a nivel nacional en países de América Latina y Organismos Internacionales a participar para reconocer las “Buenas Prácticas en el Uso de los Resultados de Evaluación y Monitoreo en el Ciclo de las Políticas Públicas”.
Mediante esta iniciativa, el Coneval busca “reconocer y difundir las mejores prácticas que representan un esfuerzo adicional a lo que la normatividad establece en materia de evaluación y monitoreo, así como el avance y fortalecimiento en el uso de evidencia para la toma de decisiones que contribuya a la mejora continua de programas, acciones y políticas públicas y, con ello, del bienestar de la población en México y América Latina.
En 2023, el Infonavit participó en la categoría de “generación, uso y difusión de evidencia” con el Sistema de Información Infonavit (SII). Dentro de esta categoría se reconocen aquellas prácticas destacadas que contribuyen a la generación de evidencia para la toma de decisiones, diseño de intervenciones novedosas o mejora de programas, acciones o políticas a partir del uso de evidencia y el fomento del uso de la información de las evaluaciones para guiar la toma de decisiones.
El anuncio de los resultados de la convocatoria se hizo el lunes 16 de octubre de 2023. Es importante mencionar que las iniciativas premiadas fueron seleccionadas por la Comisión Ejecutiva del Coneval. Este órgano técnico, integrado por las y los investigadores académicos y el secretario ejecutivo, evaluó la relevancia, la innovación y la institucionalización de cada proyecto.
En esta edición se premiaron siete iniciativas, entre las cuales se destacó el Sistema de Información Infonavit (SII) como una buena práctica en la generación, uso y difusión de evidencia. Este reconocimiento se basa en la contribución del SII a la transparencia y rendición de cuentas al sistematizar la entrega de información íntegra, periódica y oportuna, por medio de series, cubos y mapas de datos. Esta práctica permite a diversos actores de la sociedad evaluar la operación institucional, además de que contribuye con el análisis de políticas públicas de vivienda y/o mercado hipotecario en México.
En el marco de este reconocimiento del Coneval también se destacaron iniciativas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Perú), la Secretaría Nacional de Planificación (Ecuador) y el Departamento Nacional de Planeación (Colombia).
La plataforma Infonavit Investigación y Análisis es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector de hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
Según la Ley de Vivienda, la política debe asegurar el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, así como la generación de indicadores que midan su cumplimiento2. El objetivo de este trabajo es entender el déficit de vivienda en México mediante un indicador que modele la formación de hogares entre 2010 y 2020 y la disponibilidad de vivienda. Este indicador se presenta como una estimación del déficit de vivienda y busca ser una referencia sobre la brecha entre la oferta y la demanda de vivienda en México. Así, esta investigación aporta información valiosa para la planificación de políticas públicas y destaca la necesidad de datos robustos, precisos y claros sobre los problemas del sector habitacional. La versión completa de este análisis se encuentra en
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit_agenda_investigacion/.
Este estudio emplea una metodología desarrollada por la organización no gubernamental Up for Growth en Estados Unidos, con ajustes propuestos por la hipotecaria Freddie Mac, para calcular el déficit habitacional en México a nivel de zonas metropolitanas3. La metodología parte del supuesto de que el mercado debería garantizar que cada hogar resida en una vivienda independiente. Para calcular el déficit se realiza la resta de dos componentes. En primer lugar, se establece un número "objetivo" de viviendas, que incluye a los hogares ya formados, a aquellos que aún no se han conformado debido a la imposibilidad de adquirir una vivienda a precios elevados, y a las viviendas desocupadas disponibles en el mercado para agilizar las transacciones (viviendas de transición)4. A este número se le resta el acervo actual de unidades que son consideradas habitables; es decir, aquellas que son aptas para ser habitadas y que no son consideradas secundarias.
La fuente de datos es la información censal a nivel de zonas metropolitanas en 2010 y en 2020. Se observa que el número de viviendas particulares aumentó de 22.2 millones a 26.4 millones, representando un crecimiento anual promedio de 1.7%. Este aumento parece insuficiente en comparación con el número de hogares, que creció 2.5% anual promedio. Al considerar las viviendas disponibles y dividirlas entre la cantidad de hogares se observa que en 2010 había 1.24 viviendas particulares por cada hogar, lo cual significaría que por cada 4.2 hogares se tiene una vivienda particular adicional. En esta relación se observa una posible consecuencia en el desfase de los crecimientos entre las viviendas y los hogares, pues la relación de 4.2 hogares por vivienda adicional en 2010 pasó a ser una vivienda adicional por cada 6.6 hogares en 2020.
Al estudiar el déficit con la metodología de Up for Growth es necesario ajustar los conceptos de hogares y de viviendas en 2020 para identificar correctamente su relación e implicaciones para el déficit. Esto puede observarse en el desglose de los agregados de viviendas objetivo y viviendas disponibles y habitables que se realiza en siguiente figura. Para derivar la cantidad de viviendas “objetivo” deben sumarse los 440 mil hogares ausentes estimados5 con los 22.9 millones de hogares existentes y las 689 mil viviendas de transición. De esta manera se calcula un total de 24.0 millones de viviendas objetivo. Posteriormente, se descuentan las viviendas de uso temporal (que representan 1.2 millones de unidades) y las inhabitables (que se calcularon en 2.4 millones)6 para identificar 22.7 millones de viviendas disponibles y habitables. La estimación del déficit en las zonas metropolitanas de México resulta de la diferencia entre los 24.0 millones de viviendas objetivo y las 22.7 millones de viviendas disponibles y habitables, lo cual asciende a 1.2 millones de unidades a lo largo de las 74 zonas metropolitanas analizadas (equivalente al 5.6% de los hogares existentes).
Déficit de vivienda en México
Al analizar los resultados en los principales núcleos del país, se observan comportamientos diferenciados. En las zonas más pobladas en 2020 destacan los casos del Valle de México (17.3 % de la población nacional en 2020), Monterrey (4.2 % en 2020) y Guadalajara (4.2 % en 2020). En el caso del Valle de México se observa un déficit de 589.0 mil viviendas. La figura 1.2 destaca además otro punto interesante: si bien Monterrey y Guadalajara son las zonas metropolitanas más pobladas después del Valle de México, no se aprecia que exista este mismo ordenamiento en el análisis del déficit. En el caso de Guadalajara, hay un ligero superávit de vivienda (3.8 mil unidades) respecto de 1.5 millones de viviendas objetivo. Por su parte, Monterrey destaca por mostrar un superávit de vivienda más elevado, de 40.3 mil unidades, que representan 1.7 % de los 23.3 millones de hogares estimados para 2020.
Déficit de vivienda por zonas metropolitanas
Fuente: Infonavit.
El déficit de vivienda exhibe así la problemática generada por el hecho de que el crecimiento de la producción de vivienda sea insuficiente ante las crecientes necesidades se la población. De forma prospectiva, según la estimación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 2020 y 2030 la población crecerá en promedio 1.95% anual. En contraste, de mantenerse el ritmo promedio de crecimiento del parque habitacional observado entre 2010 y 2020 (1.7% promedio anual), se generaría una brecha aún mayor de la calculada en el estudio. Esta investigación resalta entonces la necesidad de encontrar soluciones que combinen los marcos internacionales de derechos humanos y las políticas nacionales de vivienda con el objetivo de generar soluciones que aseguren el acceso equitativo a viviendas seguras, adecuadas y asequibles para las personas que habitan el país.
La plataforma Infonavit Investigación y Análisis es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales con el propósito de impulsar el entendimiento del sector de hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1Este texto se realizó con el valioso apoyo de Carlos Eduardo Soto Salcedo.
2La Ley de Vivienda puede consultarse en la siguiente liga: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LViv_140519.pdf.
3La selección de la cobertura hacia zonas metropolitanas tiene fundamento en que el 84.9% de la población se encuentra en una de ellas.
4Las viviendas de transición comprenden un inventario de viviendas vacantes con el propósito de agilizar la compraventa. Las viviendas de transición permiten que los hogares que adquieren una nueva vivienda puedan mantener la posesión de su vivienda anterior mientras consolidan la adquisición y realizan la mudanza hacia la nueva vivienda. En ese momento temporal, los hogares son dueños de dos viviendas.
5Al hacer un análisis econométrico (descomposición Oaxaca-Blinder), se encontró que la población de entre 15 y 39 años se ha desincentivado por formar un hogar. Particularmente, se calculó que alrededor de 440 mil hogares no se han formado ante el crecimiento de los precios de la vivienda.
6Los criterios de análisis para determinar una vivienda potencialmente inhabitable es el acceso a agua potable, saneamiento, espacio adecuado, calidad estructural, cocina segura, acceso a electricidad y una seguridad de tenencia. Cuando se cuenta, con al menos una carencia, se clasifica una vivienda como inhabitable.
Durante el primer semestre de 2023, el mercado de vivienda en México observó un bajo crecimiento en la producción de nuevas unidades ya la par de una mejoría en el ingreso y la capacidad de ahorro de los hogares. Sin embargo, también hubo decrecimiento en la colocación hipotecaria de la banca, posiblemente a raíz del crecimiento acelerado en los precios de la vivienda.
En este blog se sintetizan los eventos más relevantes de los mercados hipotecario y de vivienda en México expuestos en el Reporte Anual de Vivienda 2023.
Durante el periodo entre junio de 2022 y junio de 2023, la inversión en vivienda experimentó decrecimientos anuales, como se evidencia en la siguiente figura. Específicamente, la inversión residencial —que agrupa la producción de vivienda realizada por los hogares y las empresas— ha mantenido una tendencia a la baja desde junio de 20221. En junio de 2023, esta tendencia ubicó la inversión 14.7 puntos porcentuales por debajo de sus niveles en enero de 2020 (85.3)2. Simultáneamente, la producción de vivienda por parte de empresas constructoras disminuyó en 6.7 % en junio de 2023 (en términos reales de junio de 2023 respecto del mismo mes del año anterior) según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC); lo que representa una reducción mayor que el componente agregado de la inversión residencial. Respecto de la oferta, las unidades de vivienda social producidas disminuyeron en 9.0 % (en relación con la producción entre enero y junio de 2023, comparado con el mismo período del año anterior)3. En conjunto, estos indicadores sugieren un panorama de bajo crecimiento en este sector para el resto de 2023.
Producción de vivienda
Índice, enero 2020=100
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), IMFBCF y ENEC.
En el segundo trimestre de 2023, los precios de la vivienda crecieron a una tasa de 11.5 % anual, según el Índice de Precios de la Vivienda de Sociedad Hipotecaria Federal. La brecha entre el crecimiento de los precios al consumidor y los precios de la vivienda (ambos en comparación con sus valores en el primer trimestre de 2018) se sitúa en 24.0 puntos porcentuales (pp) y en 5.3 % del Índice Nacional de Precios al Consumidor, mientras que la brecha en relación al crecimiento de los costos del productor residencial es de 7.5 puntos. De igual manera, la tasa de interés promedio ponderada alcanzó un valor de 10.5 % en junio de 2023. Estos incrementos de precios, así como el alza en las tasas de interés bancarias, podrían estar presionando la capacidad de la población para adquirir una vivienda.
Precios de la vivienda
Índice, enero 2020=100
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), IMFBCF y ENEC.
* Se refiere a la producción medida de acuerdo con el Indicador Mensual de Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF).
** Se refiere a la producción medida en valor de la producción en la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), según la serie de año base 2018.
Según datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) y el Sistema de Información Infonavit (SII)4 , la colocación de crédito hipotecario y para la vivienda en México disminuyó durante 2022 y el primer semestre de 2023 (26.9 % en comparación con 2021). Esto significa que la reducción se observó en los créditos para la adquisición de la vivienda y en los créditos de remodelación, mejoramiento, entre otros créditos relacionados con el desarrollo de la vivienda. En la siguiente figura se observa que la colocación bajó. En los seis meses siguientes, es decir, entre enero y junio de 2023, esta tendencia se invirtió, con un aumento de 4.2 % respecto del mismo periodo de 2022 y con 372.1 miles de créditos colocados en el mismo periodo.
En el caso específico de los créditos para la adquisición de vivienda se ha observado una tendencia hacia la sustitución de inmuebles nuevos por existentes, lo cual se alinea con la tendencia a la baja en la producción, como se evidencia en la figura siguiente. Entre enero y junio de 2017, las viviendas recién construidas representaban el 70.4 % de los créditos hipotecarios otorgados por el Infonavit, sumando un total de 163.5 mil préstamos. Sin embargo, tal como se muestra en la figura 1.3, en el período acumulado hasta junio de 2023, su porcentaje se ha reducido a 56.9 %, con 90.4 mil créditos. Esta disminución implica un descenso de 3.1 pp en comparación con el mismo periodo del año anterior y de 13.5 pp en comparación con 2017.
Colocación hipotecaria por tipo de vivienda
Miles de créditos, acumulado de enero a junio de cada año
Fuente: Infonavit.
Nota: Considera créditos de adquisición de vivienda nueva y existente. Se muestra la colocación en promedios móviles de tres meses.
El panorama del mercado de la vivienda refleja una baja en la producción y la presencia de precios restrictivos, lo que posiblemente impacte la colocación de créditos hipotecarios. Un aspecto relevante de esta dinámica es el aumento en la adquisición de viviendas ya existentes. Para entender y abordar estos fenómenos es crucial realizar un seguimiento de factores como los costos de producción, los valores del suelo y la observación constante de los precios. Este enfoque será fundamental para los participantes del mercado, ya que proporcionará una visión más clara sobre su actividad y perspectivas a mediano plazo.
Este y otros reportes pueden ser consultados en la plataforma de Investigación y Análisis, un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que el Instituto lleva a cabo para impulsar el entendimiento del sector hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1 Con el término inversión residencial se identifica al Indicador Mensual de la Formación Bruta en Capital (IMFBCF) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Antes del Cambio de Año Base 2018 el indicador se conocía como Inversión Fija Bruta.
2 Cabe destacar que el valor total del Indicador Mensual de Formación Bruta de Capital Fijo ha presentado una recuperación en meses recientes, particularmente creció 25.0% entre junio de 2023 y junio de 2022. Esto podría señalar presiones propias del mercado de la producción de vivienda.
3 La vivienda social comprende las clasificaciones de vivienda reportadas ante el Registro de Vivienda (RUV).
4 El Sistema de Información Infonavit ofrece los principales indicadores del Infonavit mediante series, cubos y mapas. Puede consultarse en la liga: https://sii.infonavit.org.mx.
El 12 de octubre de 2023, el Infonavit publicó el Reporte Anual de Vivienda 2023, el cual puede ser consultado en esta liga. Esta edición integra tres capítulos que ofrecen un análisis del panorama de la vivienda durante el periodo 2022-2023 en un contexto caracterizado por tasas inflacionarias elevadas y una baja producción residencial.
En el primer capítulo, que se refiere a la coyuntura del sector de la vivienda, se destacan dos comportamientos relevantes. En primer lugar, los niveles bajos que la producción de vivienda ha mantenido durante el periodo comprendido entre julio de 2022 y junio de 2023; en particular, la de vivienda social (aquella reportada en el Registro de Vivienda), que decreció 9.0 % respecto del mismo periodo de 2022. En segundo lugar, se observa que continúan elevados los costos para la producción de vivienda y su financiamiento. Este contexto se traduce en un marcado crecimiento de los precios de la vivienda a pesar de que los ingresos laborales de la población han experimentado mejoras en los últimos años, especialmente en el caso de las personas con bajos ingresos.
En relación con la originación de crédito se ha observado un descenso real de 5.6 % anual en el monto de colocación entre enero y junio de 2023 comparado con el mismo periodo de 2022. Sin embargo, en el casodel Infonavit aumentó, pues registró 12.5 % real en monto y 4.5 % en número más que 2022. La colocación durante estos seis meses equivale a 73.3 mmdp y un total de 178.2 mil créditos. Estas cifras sugieren señales de recuperación durante 2023, aunque persisten factores de riesgo, como los mayores costos y la brecha entre los precios de vivienda y los salarios.
En el segundo capítulo se presenta una estimación del déficit de vivienda en las zonas metropolitanas del país. Los resultados, obtenidos con una metodología y definición específicas, indican que existe un déficit de aproximadamente 1.2 millones de viviendas, que puede atribuirse a diversas carencias, como deficiencias en las características de las viviendas, un inventario insuficiente y la dinámica de formación de los hogares. La metodología utilizada para calcular el déficit factores que podrían convertir una vivienda en inhabitable, como la calidad estructural del inmueble, el uso del espacio, el acceso al agua potable, el saneamiento, entre otros.
En el tercer capítulo se presenta un estudio que examina el impacto de las características de las relaciones laborales de las personas en la probabilidad de obtener un crédito hipotecario. El análisis considera diversos factores, como la historia laboral de las personas, su duración en la formalidad y las particularidades de las empresas en las que han trabajado de manera consistente. Los resultados resaltan la importancia de la estabilidad en el empleo formal, la ubicación geográfica y el sector de actividad económica como factores relevantes para la originación de un crédito hipotecario.
A través del Reporte Anual de Vivienda 2023, el Instituto reafirma su dedicación a analizar y discutir temas relevantes para el país, pues este informe proporciona una valiosa herramienta que contribuirá al fortalecimiento del debate público en torno a la vivienda.
Este análisis forma parte de la agenda de investigación del Infonavit, que puede consultarse en la plataforma de Investigación y Análisis, un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que el Instituto lleva a cabo para impulsar el entendimiento del sector hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
Hace unos días, el premio Nobel de Economía 2023 fue otorgado a Claudia Goldin, historiadora económica y profesora de Harvard, por sus contribuciones en el campo de la economía laboral, en particular, al entendimiento de los factores que determinan la brecha de género. Sus investigaciones resaltan que, a pesar notables avances en la participación laboral y el nivel de escolaridad de las mujeres en las últimas décadas, el mercado laboral sigue penalizando sus carreras salariales, como respuesta a una menor disponibilidad de tiempo para el trabajo, en comparación con los hombres, particularmente tras el nacimiento del primer hijo1. Desde su perspectiva, cerrar por completo la brecha de género requerirá impulsar políticas regulatorias y corporativas que flexibilicen el entorno laboral, además de fomentar un rol más activo de los hombres en el cuidado de la familia (por ejemplo, concediendo permisos de paternidad similares a los de maternidad, entre otras medidas).
Aunque los estudios de Goldin se basan en información histórica del mercado laboral estadounidense, sus hallazgos son coherentes con lo que se observa en otros países, incluido México. Por ejemplo, los datos administrativos del Infonavit reflejan el crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado laboral en los últimos 25 años. La siguiente figura ilustra dos tendencias: (i) el incremento en la participación de las mujeres entre el conjunto de derechohabientes activos cada año2, que ha pasado de 33.2 a 39.0 %, y (ii) el aumento en la participación de las mujeres entre el conjunto de nuevos ingresos al mercado laboral, que ha pasado de 35.0 a 46.3 %. Este segundo indicador sugiere que la brecha de participación se seguirá cerrando en los siguientes años.
Participación de las mujeres en el mercado laboral formal
en los últimos 25 años
Fuente: Infonavit.
Goldin apunta que la brecha salarial tiende a ampliarse a partir del nacimiento del primer hijo. Esta observación es consistente con los hallazgos de estudios sobre el mercado laboral en México, que han documentado una disminución significativa en los salarios de las mujeres que reportan un evento de maternidad en los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en comparación con aquellas que no lo reportan o con los varones3.
En 2023, el salario mediano de las mujeres que desempeñan empleos formales en México es 4.7 % menor al de los hombres4. Los datos de Infonavit indican que la brecha salarial en el mercado laboral formal se ha reducido gradualmente en los últimos años, tal como lo señala la economista galardonada con nobel en 2023. La figura a continuación muestra, para grupo etario, la proporción que representa el salario mediano de las mujeres respecto al de los hombres, considerando el historial salarial de cinco grupos de derechohabientes, quienes ingresaron al mercado laboral a los 20 años, en distintos momentos: 1998, 2003, 2008, 2013 y 2018. Al comienzo de sus carrera laborales, a los 20 años, el salario mediano de las mujeres oscilaba entre el 90.9 – 97.7 % del salario mediano de los hombres, dependiendo de la generación. Una década después, a los 30 años, el salario mediano de las mujeres fue equivalente a 88.3 – 92.9 % del de los hombres. Finalmente, a los 40 años, el salario de las mujeres oscilaba entre el 85.6 – 92.2 % del de los hombres. Como se aprecia en la gráfica, las generaciones más recientes (2013 y 2018) presentan hasta ahora una menor divergencia salarial entre hombres y mujeres, sin que la brecha se haya cerrado completamente.
Salario mediano por género y edad de derechohabientes
que ingresaron al mercado laboral en 1998, 2003 y 2008
Fuente: Infonavit.
Este análisis forma parte de la agenda de investigación del Infonavit, que puede consultarse en la plataforma de Investigación y Análisis, un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que el Instituto lleva a cabo para impulsar el entendimiento del sector hipotecario y de la vivienda.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1 Entre sus libros más influyentes sobre este tema se encuentran, “Understanding the Gender Gap: An Economic History of American Women”. New York: Oxford University Press, 1990; “Career & Family: Women's Century-Long Journey toward Equity”. Princeton University Press, 2021.
2 Se consideró a toda la derechohabiencia que registra al menos un periodo de cotización en el año. Se excluye a aquella de la que no se posee registro de su género (no se cuenta con la CURP).
3 Raymundo M. Campos-Vázquez, Carolina Rivas-Herrera, Eduardo Alcaraz y Luis A. Martínez (2021), “The effect of maternity on employment and wages in Mexico”, Applied Economics Letters, 2022, vol. 29.
4 Considerando a todas la derechohabiencia que cotizó en un empleo formal en algún periodo al interior del primer semestre de 2023; el salario mediano de los hombres y mujeres es 336.6 y 320.8 pesos diarios, respectivamente.
Una mayor intermitencia de las personas entre trabajos formales e informales constituye un factor relevante que explica el incremento en la probabilidad de que su crédito se encuentre vencido en el mediano plazo. Analizando una muestra de los primeros 10 años del historial de los créditos originados entre 2007 y 2012 por el Infonavit, se observa que solo 28.2 % de los acreditados logró mantenerse continuamente en un empleo formal, mientras que 57.4 % experimentó periodos fuera de un trabajo formal1.
Una primera caracterización de la intermitencia se relaciona con la velocidad con la cual la persona pierde su condición de trabajador formal y el tiempo que tarda en reingresar a la formalidad. En promedio, los acreditados que salen del mercado laboral formal después de haber obtenido su crédito, lo hacen después de 3.6 años; 53.6 % de ellos deja la formalidad antes de cumplir 3 años desde la originación y 72.5 % antes de cumplir 5 años. Adicionalmente, los acreditados que experimentan periodos de desempleo formal se mantienen inactivos en promedio por 1.9 años. Durante la primera década del crédito, los acreditados intermitentes, es decir, aquellos que migran entre empleos formales e informales, presentan en promedio 2.7 periodos discontinuos de formalidad, cuya duración promedio es de 3.2 años cada uno.
En el eje horizontal de la siguente gráfica se muestra la duración promedio del primer periodo de empleo formal contado a partir de la originación del crédito hipotecario, mientras que en el eje vertical aparece la duración del primer periodo de inactividad2. Cada punto representa a los distintos sectores de actividad económica en la que la persona acreditada estuvo contratada al momento de haber obtenido el crédito hipotecario. Adicionalmente se muestran los créditos que se encuentran vigentes y vencidos al cierre del décimo año posterior a la originación del crédito. Como se observa, en promedio, los acreditados intermitentes con créditos vigentes perdieron su condición de trabajadores formales a los 3.8 años, manteniéndose inactivos por 1.6 años; mientras que los acreditados intermitentes con créditos vencidos presentan una duración promedio del primer periodo de formalidad de 2.9 años y de 2.7 años del primer periodo de inactividad. En el gráfico destaca, por ejemplo, que los acreditados del sector de la construcción presentan historias laborales de mayor intermitencia entre la formalidad e informalidad, ya que la duración promedio de ambos periodos es la menor entre todos los sectores.
Duración del primer periodo de cotización continua
y del primer periodo de inactividad,
por sector y estatus del crédito
Fuente: Infonavit.
A partir del historial de los créditos analizados es posible estimar, mediante una regresión econométrica tipo Logit, la probabilidad de que un crédito se encuentre en vencimiento 10 años después de haber sido originado en función del tiempo que el individuo permaneció en un empleo formal, controlando por características del acreditado y su empleo.
El impacto de cada variable en la probabilidad de que un crédito se encuentre vencido al término de los primeros 10 años se dimensiona mediante su efecto marginal. Por ejemplo, la probabilidad de vencimiento aumenta 2.9 % por cada vez que el acreditado sale de la formalidad y vuelve a reingresar, es decir, por cada que agrega un periodo discontinuo de formalidad a su historia laboral. Por el contrario, la probabilidad de vencimiento del crédito se reduce conforme el acreditado pasa una mayor proporción del tiempo (de la década que se analiza) en empleos formales, lo que se registra en su densidad de cotización: por cada punto porcentual que incrementa la densidad de cotización del acreditado, la probabilidad de que su crédito esté vencido en el décimo año se reduce 0.6 %.
Para observar el impacto de la densidad de cotización en la probabilidad de que el crédito se encuentre vencido al término de la primera década desde su originación se mantienen fijas todas las demás variables, modificando gradualmente la densidad. Como se observa en la siguiente gráfica, la probabilidad estimada es decreciente con respecto a la densidad de cotización, siendo menor a 20 % cuando el acreditado mantiene un empleo formal en al menos 7 de cada 10 meses (densidad de 70 % o más); por el contrario, la probabilidad de que el crédito se encuentre vencido al décimo año es mayor a 50 % cuando el acreditado no logra mantener un empleo formal en al menos uno de cada tres meses (densidad de 33 % o menos).
Cuando una persona acreditada no logra permanecer en un empleo formal la probabilidad de que incumpla el pago de su crédito aumenta conforme tarda más en reingresar a la formalidad. Si bien las personas acreditadas presentan una mayor densidad de cotización promedio que el resto de los derechohabientes, sus carreras laborales pueden presentar periodos amplios o continuos de informalidad, lo que sucede con mayor frecuencia en algunos grupos de acreditados, caracterizados por el sector o empresa en la que se emplean.
Probabilidad estimada de que el crédito se encuentre vencido al año 10
ante distintas densidades de cotización
Fuente: Infonavit.
El análisis presentado muestra la importancia de la permanencia en el empleo para que un individuo pueda pagar su crédito hipotecario. Todos los detalles de este análisis están descritos en Recuadro 2. Empleo formal y comportamiento en el pago de hipotecas del Reporte Económico Trimestral número 17.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1 El 14.4 % restante de los créditos ya se había cerrado al décimo año, como resultado de un prepago o de su cancelación derivada de la muerte o invalidez del acreditado, entre otras causas.
2 Se muestra información de 1.0 millones de acreditados con periodos de inactividad laboral formal, cuyos créditos se encontraban activos al cierre del décimo año.
El propósito de este blog es analizar el desarrollo del empleo formal privado en México desde 2018 hasta 2023 utilizando datos proporcionados por el Infonavit, mientras se investigan variables que podrían estar vinculadas a su recuperación y expansión tanto en las entidades fronterizasi como en las no fronterizas. Las variables consideradas en este análisis incluyen la participación de México en las importaciones de Estados Unidos, el crecimiento de la inversión y el rendimiento del sector manufacturero.
Los resultados iniciales de este estudio revelan que, entre el primer bimestre de 2018 y el segundo bimestre de 2020, se observó un crecimiento promedio bimestral del empleo del 0.3 % en la región fronteriza y del 0.4 % en el resto del país, lo que se traduce en una diferencia de 10 puntos base entre ambos grupos. A partir del quinto bimestre de 2020 hasta el primer bimestre de 2023, las entidades fronterizas experimentaron una recuperación con un crecimiento promedio bimestral del empleo de 1.2 %, en contraste con el 0.7 % observado en las áreas no fronterizas.
A partir del cuarto bimestre de 2020, se constató que el empleo en las microempresas fue, en promedio, 0.6 puntos porcentuales (pp) mayor en la zona fronteriza, mientras que en las pequeñas empresas esta diferencia fue de 0.3 pp a favor de las regiones fronterizas. En cuanto a las medianas empresas, las áreas no fronterizas mantuvieron niveles superiores de empleo durante todo el período de análisis, mientras que en las grandes empresas, entre el cuarto bimestre de 2020 y el primer bimestre de 2023, el crecimiento de personas empleadas en las entidades fronterizas fue de 21.1 %, en comparación con el 12.6 % observado en las no fronterizas. Esto sugiere que en la zona fronteriza, el aumento del empleo ha sido impulsado principalmente por las empresas de mayor tamaño.
En el desglose de las empresas según su división económica se evidencia que, durante el primer bimestre de 2023, en la región fronteriza norte, el sector manufacturero empleó a 42.0 % de la fuerza laboral, en contraste con 22.0 % en las entidades no fronterizas. Cuando se consideran conjuntamente los sectores de manufactura y transporte, que están estrechamente relacionados debido al movimiento de mercancías, representan 48.0 % del empleo en la frontera norte y 29.0 % en los estados no fronterizos. Esta relevancia también se refleja en el indicador de Inversión Extranjera Directa (IED), que se concentra en 57.0 % en promedio en estos dos sectores. Importante destacar que, en 2018, la inversión destinada a la zona de la frontera norte para estos sectores fue de 40.9 %, y en 2022 aumentó notablemente a 57.6 %, lo que representa un marcado cambio en la distribución geográfica de la inversión y podría indicar una tendencia hacia el nearshoring.
A partir del quinto bimestre de 2020 se observaron diferencias significativas en el empleo en los sectores de manufactura y transporte y comunicaciones entre las regiones. El empleo en la manufactura en la zona fronteriza tuvo un crecimiento que superó a las demás entidades del país, con una diferencia promedio de 5.8 pp. En el sector de transportes y comunicaciones, también aumentó en la frontera norte del país, con una diferencia porcentual de 3.8 pp en comparación con las entidades no fronterizas. Es importante resaltar que para el primer bimestre de 2023, los sectores manufacturero y de transportes y comunicaciones representaban 48.1 % del empleo total en la frontera norte, en contraste con el 28.9 % en el resto del país.
Número de trabajadores por sector económico
Índice 100 = primer bimestre de 2018
Fuente: Infonavit.
Otro indicador útil para analizar el fenómeno del nearshoring es el número de empresas y su crecimiento en diferentes regiones. Al examinar la creación de empresas dedicadas a las manufacturas y a los sectores de transporte y comunicaciones, se observa una tendencia similar tanto en la región fronteriza y como en la no fronteriza desde el primer bimestre de 2018 hasta el segundo de 2020.
Sin embargo, a partir del quinto bimestre de 2020, surge una diferencia: las empresas dedicadas a manufacturas en la zona fronteriza experimentan un crecimiento más rápido en comparación con el resto del país. En otras palabras, en la región fronteriza, la creación de empresas en promedio cada bimestre aumenta en 0.6 %, mientras que en el resto del país no muestra variación.
En cuanto al sector de transportes y comunicaciones, la tendencia es similar durante el periodo analizado, pero a partir del cuarto bimestre de 2021 se observa un cambio en la dinámica. Esto podría explicarse por el impacto de la contingencia, impulsado por el auge del comercio en línea y una mayor actividad económica en la zona fronteriza del norte.
Número de empresas por sector económico
Índice 100 = primer bimestre de 2018
Fuente: Infonavit.
En resumen, al analizar el mercado laboral mexicano se destaca un crecimiento del empleo en la zona fronteriza que supera al del resto del país. Al examinar el empleo según el tamaño de la empresa, se identifican diferencias notables en el crecimiento, especialmente en el caso de las empresas grandes, que crecen a un ritmo más acelerado en la zona fronteriza. Además, al desglosar el empleo por sectores económicos se aprecia un mayor crecimiento en las áreas de manufacturas, transportes y comunicaciones.
Todos los detalles del análisis están descritos en Recuadro 1. Dinámica del empleo y las empresas en la frontera norte: posibles impactos del nearshoring del Reporte Económico Trimestral número 17.
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma Infonavit Investigación y Análisis, un espacio de difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
i Entidades fronterizas: Baja California; Sonora; Chihuahua; Coahuila; Nuevo León; y Tamaulipas.
El 31 de agosto de 2023, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó el Reporte Económico Trimestral número 17, correspondiente a los meses de abril a junio de 2023, el cual puede ser consultado en esta liga.
Este reporte presenta información, análisis económico internacional y nacional, con énfasis en la evolución de los sectores de la construcción, la vivienda y el hipotecario. Se incluyen dos recuadros donde se analizan temas relevantes sobre el mercado de vivienda; el primero de ellos muestra una comparación sobre la evolución del empleo y el número de empresas entre las entidades de la frontera norte con el resto del país, donde se advierte que la evolución diferenciada puede estar influenciada por el fenómeno de economías de cercanía (nearshoring). El segundo recuadro presenta el impacto que tiene el empleo formal sobre la capacidad para pagar un crédito hipotecario, adicionalmente se estudia la correlación en la carrera laboral, la actividad económica y el tamaño de la empresa junto con la región en donde está empleado el trabajador.
La información que se destaca en el reporte de este trimestre es:
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma “Infonavit Investigación y Análisis”. Esta plataforma es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario, la cual podrá ser consultada en:
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit_agenda_investigacion/
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
En La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es una herramienta que permite analizar la situación económica de los hogares en México. Los datos más recientes, correspondientes al año 2022, revelan que el promedio del ingreso corriente promedio trimestral (ICPT) por hogar fue de 63 mil 696 pesos, con el trabajo subordinado como principal fuente, representando 65.7 % del total. El ICPT mostró un aumento real de 11 % en comparación con 2020, 4.6 % respecto de 2018 y 0.2 % en relación con 2016. Al profundizar su desglose, destaca que el crecimiento más significativo desde 2020 se dio en el ingreso por trabajo, con un aumento de 14.3 %, seguido por las transferencias, que incrementaron 8.0 %. Al analizarlo por decil de ingreso, se observa que los hogares con menores ingresos experimentaron un aumento del ICTT de 18.3 %, y los hogares con mayores ingresos uno de 7.8% en comparación con 2020.
En 2022, el promedio del gasto total trimestral fue de 60 mil 263 pesos, y se compuso del gasto corriente promedio total (GCPT) con 50 mil 896 pesos y de las erogaciones financieras y de capital con 9 mil 367. A su vez, el GCPT está formado por un componente monetario y uno no monetario, que representaron 39 mil 965 y 10 mil 931 pesos, respectivamente. El componente monetario del GCPT experimentó un incrementó de 17.2 % en comparación con 2020, 2.1 % en relación con 2018 y 4.0 % respecto de 2016. En 2022, los componentes del gasto que más aumentaron respecto de 2020, fueron educación y esparcimiento, con 49.7 %, y vestido y calzado con 49.6 %. Por decil de ingreso, el gasto monetario promedio trimestral aumentó en comparación con 2020 en mayor medida en los hogares con mayores ingresos, a razón de 21.8 %, mientras que en los hogares con menores ingresos evidenciaron el menor aumento con 8.7%.
En cuanto a la situación de la vivienda, de gran interés para el Infonavit, se observa que en 2022 se contabilizaron 37.6 millones de hogares, 5.1 % más que en 2020. De estos, 61.8% habitan en una vivienda propia, 15.0% en una rentada, 12.3% en una prestada, 7.8% en una propia que están pagando, 2.4% en una intestada o en litigio y 0.8% en una en otra situación. Respecto de 2020, se observa un aumento de 0.2 puntos porcentuales (pp) y de 0.5 pp en aquellos hogares en una vivienda propia y en una intestada o en litigio, respectivamente. Además, se observa una reducción de 0.1 pp en los que habitan una vivienda rentada y de 0.2 p.p. en los que habitan una prestada y en una propia que están pagando.
Situación de la tenencia de la vivienda
Distribución porcentual con respecto del total de viviendas
Fuente: ENIGH 2018, 2020 y 2022.
Al desglosar por decil de ingreso, respecto de 2020 se observa un aumento de 1.3 puntos porcentuales (pp) en el porcentaje de viviendas propias en los hogares del primer decil (66.1 en 2020 frente a 67.4 en 2022). En este mismo decil se percibe una disminución de 2.8 pp en los hogares que habitaban una vivienda rentada (16.2 en 2020 en comparación con 13.3 en 2022). Este comportamiento se mantiene hasta el tercer decil. En los deciles del VIII a , se evidencia una disminución de la participación de las viviendas propias respecto de los registros de 2020, con reducciones de -1.3, -1.2 y -1.1. p., respectivamente. Por el contrario, la vivienda rentada incrementó en mayor medida en los hogares con mayores ingresos, con 1.2 pp (11.6 en 2020 y 12.8 en 2022).
En 2022, a nivel nacional, se registraron 5.6 millones de hogares que habitan en una vivienda rentada. De este grupo, 14 % paga por alquiler menos de mil pesos al mes, mientras que 37 % destina entre mil y 2 mil, 36 % entre 2 mil y 5 mil, 8 % entre 5 mil y 9 mil, y 4 % más de 9 mil pesos mensuales. En términos regionales, la Ciudad de México lidera con el mayor porcentaje de hogares que pagan 9 mil pesos o más al mes, representando 17 % del total, de Nuevo León y Baja California, ambas con 9 %. Por otra parte, Guerrero destaca por tener el mayor porcentaje de hogares que pagan mil pesos o menos al mes, con 38 %, mientras Chiapas y Oaxaca que siguen de cerca con 37% en este mismo rango.
En lo que concierne al porcentaje del gasto destinado a alquiler e hipotecas, se observa que los estados de el norte como Tamaulipas y Durango, así como entidades en el sur como Guerrero y Tabasco, destinaron menos de 12.5 % del ingreso al pago de alquileres e hipotecas en 2022. En contraste, la CDMX (27.8 %), Querétaro (22.4 %) y Q. Roo (21.2 %) registraron el mayor porcentaje de ingreso a esos rubros, en promedio. Por decil de ingreso, los hogares con menores ingresos destinaron a este concepto 38 % de sus ingresos, lo que representa una disminución de 9.7 pp en comparación con 2020, alcanzando un nivel similar al observado en 2018. En cambio, el decil con mayores ingresos destinó 12 % de su ingreso a este rubro.
Evolución del gasto de los hogares
en alquileres e hipotecas
Gasto mensual en pesos, porcentaje del ingreso corriente,
deciles de ingreso y a nivel nacional
Fuente: ENIGH 2018, 2020 y 2022.
Sumarizando, los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI 2022 muestran un crecimiento real en el ingreso y en el gasto promedio trimestral de los hogares respecto de 2016, 2018 y 2020. En contraste con 2020 se aprecia que aquellos hogares con menores ingresos registraron un mayor incremento en su ingreso y una menor alza en sus gastos, en comparación con los hogares con mayores ingresos, quienes tuvieron un menor aumento de su ingreso, pero un mayor incremento de sus gastos. Además, esta encuesta muestra los cambios en la tenencia de vivienda, el alquiler promedio por entidad federativa y el porcentaje del gasto en vivienda, los cuales son aspectos clave que requieren más investigación para entenderlos a cabalidad y poder proponer políticas públicas que contriguyan a mejorar la calidad de vida de todas las personas.
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma Infonavit Investigación y Análisis, un espacio de difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
i Con la valiosa contribución de Rubén Omar Ramírez Ramírez.
En mayo de 2022, el Infonavit implementó una nueva política para el otorgamiento de crédito con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus derechohabientes y contribuir a garantizar el pleno ejercicio del derecho a una vivienda adecuada. En las Reglas de Otorgamiento de Crédito se incluyeron criterios sobre las características que deben cumplir las viviendas y el suelo para ser susceptibles de financiamiento por parte del Infonavit. Las Reglas definen Zonas de Consolidación Urbana (ZCU), en función del equipamiento urbano y la movilidad de la zona, fuera de las cuales el Instituto no otorga financiamiento.1
Para llevar a cabo este proceso, el país se dividió en áreas cuadrangulares de 500 metros por lado. Las ZCU son aquellas que coinciden con localidades urbanas del Sistema Urbano Nacional (SUN), así como con localidades semiurbanas con una población mayor a 2 mil 499 habitantes. Además, se toma en cuenta que no coincidan con Zonas No Aptas para el desarrollo urbano o construcción de vivienda.2
Para cada ZCU resultante se realizan dos cálculos desde el centroide. En primer lugar, se contabiliza la cantidad de equipamiento urbano a menos de 2.5 kilómetros a la redonda, y las densidades de empleo y de vivienda en función de la población3. Y, en segundo lugar, se estiman las condiciones de movilidad, buscando que desde esas zonas se tengan acceso a diferentes establecimientos4.
Con esta información se clasifican las ZCU en seis tipos, de acuerdo con el equipamiento urbano disponible.5
Esta clasificación toma en cuenta el equipamiento urbano y la movilidad, sin considerar factores administrativos6. En el ejemplo específico de la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, la mayor parte de la ciudad de Puebla está clasificada como una zona consolidada, mientras que se observan aglomeraciones con la misma clasificación, como Muñoz de Domingo Arenas, que en 2020 registró una población de 4 mil 755 habitantes, y cumple con las condiciones de acceso a satisfactores urbanos y de movilidad para ser considerada zona consolidada.
Distribución de las Zonas de Consolidación Urbana
en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala
Fuente: Infonavit.
Para analizar el impacto de la entrada en vigor de las ZCU en la ubicación de las viviendas, se estudiaron los créditos hipotecarios otorgados desde enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022. Todos los créditos fueron georreferenciados y se les asignó la ZCU correspondiente. A los créditos anteriores a mayo de 2022 se les imputó una ZCU de manera hipotética.
Los resultados muestran que, antes de la implementación de esta política, el porcentaje de créditos otorgado fuera de una ZCU estaba incrementando marginalmente: en 2019 fue de 2.62 % del total de créditos, aumentando a 3.03 % en 2020, y alcanzando 3.64 %. Para 2022, el porcentaje de créditos fuera de una ZCU a los créditos que no les aplicaron las Reglas de ZCU llegó a 5.09 %; sin embargo, para los créditos que sí les aplicaron las Reglas de ZCU este porcentaje fue de 0.00 %.
Es interesante destacar que 33 % de los créditos a los que les aplicaron las Reglas de ZCU se ubicaron en zonas consolidadas y 16 % zonas semiconsolidadas, lo que representa el mayor porcentaje desde 2019.
Distribución de los créditos hipotecarios
por tipo de Zona de Consolidación Urbana
Fuente: Infonavit.
Los créditos a los que les aplicaron las Reglas de ZCU mostraron una mejora en su proximidad a centros urbanos y a establecimientos, en comparación con años anteriores. En 2022 se observó una disminución de 2.2 puntos en el porcentaje de viviendas en zonas céntricas o intermedias para los créditos que no estaban sujetos a las Reglas de ZCU, mientras que para los que sí las tenían aplicadas aumentó en un 4.2 % en comparación de 2021.
Además, los créditos sujetos a las ZCU presentaron mayor cercanía a distintos establecimientos en comparación con años anteriores; específicamente, la distancia a paradas de transporte público se redujo 14 metros respecto de 2021.
Todos los detalles del análisis están descritos en Recuadro 1. Zonas de Consolidación Urbana del Reporte Económico Trimestral del Infonavit, Núm. 16.
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma Infonavit Investigación y Análisis, un espacio de difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1 En las Reglas de Carácter General del Infonavit se consideran algunos casos de excepción, presentes en la regla novena, décima y décima primera, y en los artículos transitorios, cuarto, quinto y sexto.
2 Las Zonas No Aptas se refieren a aquellas en donde hay cuerpos de agua o Áreas Naturales Protegidas.
3 Se consideran los siguientes destinos: una o más escuelas primarias, centros de abastos, espacios recreativos y vías primarias en un radio de 2 kilómetros, y una o más escuelas secundarias y establecimientos de salud en un radio de 2.5 kilómetros.
4 Para las condiciones de movilidad se estima la cantidad exacta de escuelas primarias, secundarias, centros de abastos, establecimientos de salud y centros recreativos que se pueden alcanzar en al menos uno de los siguientes medios de transporte: caminando durante 30 minutos, en bicicleta durante 20 minutos o en transporte público durante 45 minutos, y transporte privado durante 45 minutos.
5 Posteriormente se subclasifican en tres grupos en función de las condiciones de movilidad. Se considera que una zona consolidada, una zona de evaluación con vivienda o una zona de evaluación con empleo tiene movilidad alta, media o baja, cuando desde el centroide se pueden alcanzar al menos cinco, cuatro o tres establecimientos en cualquier medio de transporte en los tiempos determinados. Las zonas semiconsolidadas y en proceso de consolidación tienen movilidad alta, media o baja, cuando desde el centroide pueden alcanzar al menos cuatro, tres, o dos establecimientos en cualquier medio de transporte en los tiempos definidos. En esta primera aproximación no se realiza un análisis sobre las condiciones de movilidad.
6 Las ZCU no consideran la división estatal, municipal, o local en el país.
La más reciente edición de la Revista Vivienda Infonavit, publicada en junio 2023, se centra en destacarla buenas prácticas que fomentan la vivienda adecuada, resaltando su papel fundamental en la vida de las personas y en el desarrollo sostenible de las ciudades.
La vivienda es un derecho humano esencial que está intrínsecamente relacionado con la supervivencia, el bienestar y la dignidad de las personas. Además, desempeña un papel fundamental al facilitar el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la salud, la educación, el trabajo, la movilidad y una vida digna en general. Al reconocer la vivienda como un elemento esencial para el bienestar y el desarrollo sostenible, es necesario considerarla como un factor clave en el ordenamiento territorial, con la capacidad de integrarse armónicamente con su entorno y responder de manera satisfactoria a las necesidades de las personas.
En esta edición especial se han recopilado esfuerzos e iniciativas implementadas en diversas partes del mundo con el objetivo de mejorar el hábitat y el territorio a través de la vivienda como elemento articulador. Es esencial conocer y aprender de lo que se está realizando en otros lugares, ya que existen soluciones exitosas donde el compromiso y esfuerzos de diversos actores públicos y privados a nivel nacional, regional y local han logrado transformaciones significativas. Se presentan ejemplos de diferentes países, como Argentina, Brasil, Chile, España, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, México, Perú, Sudáfrica, entre otros. Estos ejercicios abordan aspectos como la gestión del suelo, la regularización y regeneración de asentamientos informales, la autoproducción progresiva de vivienda, los modelos alternativos a la propiedad; sin embargo, todos destacan el importante papel que desempeña la participación comunitaria en estos procesos.
El objetivo de compartir estas experiencias es inspirar y motivar a todos los actores del sector de la vivienda y el desarrollo urbano a continuar trabajando en el avance del derecho universal a una vivienda adecuada, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. Se espera que esta edición especial sea un llamado a la acción, a seguir en la búsqueda de soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas y fortalezcan nuestras comunidades y ciudades, tomando la vivienda adecuada como punto de partida.
La edición se puede consultar en revistavivienda.infonavit.org.mx.
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma “Infonavit Investigación y Análisis”. Esta plataforma es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario, la cual podrá ser consultada en:
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit_agenda_investigacion/
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
En este ejercicio se propone una metodología para desarrollar un Índice de Vivienda Adecuada que permita evaluar el grado de adecuación de las viviendas financiadas por Infonavit, con base en los criterios establecidos por las Naciones Unidas:
Criterios que definen a una vivienda adecuada
Fuente: ONU-Habitat.
Con el objetivo de facilitar la interpretación y evaluar el grado de adecuación de una vivienda en relación a sus características y entorno, es necesario contar con métricas que reflejen la multidimensionalidad de la vivienda adecuada. En este ejercicio se han desarrollado variables e indicadores proxy para cada uno de los criterios establecidos por las Naciones Unidas.
Para este propósito se generaron dimensiones o subíndices que se aproximan a los criterios descritos, con excepción del criterio de accesibilidad debido a la limitada disponibilidad de información en el momento actual. El universo del análisis se basa en los créditos hipotecarios originados entre enero de 2020 y julio de 2022.
Una vez que se ha realizado la aproximación para cada dimensión, los valores de las mediciones se han normalizado en un rango de 0 a 1. El Índice de Vivienda (IDV) global y para cada vivienda se obtiene mediante el cálculo de la media simple de los valores normalizados de los seis subíndices generados. Por lo tanto, el IDV resultante varía entre 0 y 1, donde valores más cercanos a 1 indican un mayor cumplimiento de los criterios establecidos por la ONU, según la parametrización utilizada.
Índice de Vivienda Adecuada distribuido por rangos
Fuente: Infonavit.
A nivel nacional, las viviendas financiadas por el Infonavit presentan un IDV de 0.731. Al clasificar los resultados en rangos1, se observa que 65.2 % de las viviendas analizadas presenta un IDV alto o muy alto, mientras que 33.6 % registra un IDV medio. En contraste, solo 1.2 % de las viviendas reporta un IDV bajo.
En un análisis adicional por entidad federativa, se observa que la Ciudad de México presenta el IDV más alto (0.774), seguida de Campeche y Guerrero/Zacatecas con un IDV de 0.771 y 0.763, respectivamente.
Esta primera aproximación permite identificar las divergencias que existen en la vivienda financiada por el Infonavit entre las diferentes entidades federativas. Según la parametrización realizada se identifica que el centro del país se destaca por mostrar los niveles más altos de Seguridad de la Tenencia, lo que significa que presenta un mayor porcentaje de saldo liquidado del crédito a la fecha de corte (julio 2022). La región centro-sur, por su parte, se caracteriza por valores más elevados en términos de Asequibilidad, es decir, el costo de la vivienda compromete en menor medida la capacidad de pago para acceder a otros satisfactores básicos. Además, esta región también muestra una mayor Adecuación Cultural, entendida como la cercanía a sitios que brindan una identidad cultural a la comunidad. Por otro lado, la región norte registra mejores niveles de Habitabilidad, lo que implica que las viviendas en esa zona cuentan en mayor medida con condiciones que garantizan la seguridad física y ofrecen un espacio habitable suficiente.
Subíndice por dimensión y Entidad Federativa
(Promedio)
Fuente: Infonavit.
En resumen, se observa que al menos 65 % de la vivienda financiada mediante créditos del Infonavit, durante el periodo entre enero 2020 y julio 2022, presenta un IDV alto o muy alto. Esto indica que los ocupantes de estas viviendas cuentan con mayor certeza jurídica respecto a su patrimonio, además de tener acceso a servicios básicos, infraestructura social, y disfrutar de espacios habitables y seguros.
Es importante señalar que se identificaron algunas dimensiones con valores más bajos, como Seguridad de la Tenencia, Asequibilidad y Adecuación Cultural; en contraste, los criterios de Habitabilidad, Ubicación y Disponibilidad registran los valores más altos. Estas diferencias pueden estar relacionadas con la forma en que se parametrizaron las variables en cada dimensión. Por ejemplo, en el caso de Adecuación Cultural se pudo aproximar únicamente a través de la cercanía a iglesias o centros comunitarios, aunque implica más aspectos. Por tanto, esta primera aproximación es susceptible de mejoras, pero representa un esfuerzo institucional para identificar si las viviendas financiadas por Infonavit cumplen con aspectos mínimos para garantizar los criterios de adecuación reconocidos a nivel internacional. Además, sirve para identificar áreas de oportunidad en las cuales el Instituto pueda proponer o ajustar mecanismos que fomenten la provisión de vivienda adecuada para las y los trabajadores derechohabientes del país.
El detalle de la aproximación para cada dimensión está descrito en Recuadro 2. Propuesta de un índice de Vivienda Adecuada. Reporte Económico Trimestral del Infonavit, Núm. 16.
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma “Infonavit Investigación y Análisis”. Esta plataforma es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario, la cual podrá ser consultada en:
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“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1Se toman como referencia los parámetros del Programa de las Naciones Unidas para clasificar a países por IDH bajo, medio, alto y muy alto.
El 1 de mayo de 2023, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó el Reporte Económico Trimestral número 16, correspondiente a los meses de enero a marzo de 2023, el cual puede ser consultado en esta liga.
Este reporte presenta información, análisis económico internacional y nacional, con énfasis en la evolución de los sectores de la construcción, la vivienda y el hipotecario. Se incluyen dos recuadros donde se analizan temas relevantes sobre el mercado de vivienda. En el primero se muestra el impacto en las características relacionadas con la vivienda de los nuevos requisitos de consolidación urbana y de movilidad de las Zonas de Consolidación Urbana (ZCU) implementadas por el Infonavit. En el segundo recuadro se presenta una propuesta del Índice de Vivienda Adecuada (IDV) como una aproximación a los requerimientos de adecuación de las viviendas que hace la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y desde el cual se realiza un análisis multidimensional de las viviendas financiadas por el Infonavit.
La información que se destaca en este reporte es:
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma “Infonavit Investigación y Análisis”. Esta plataforma es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario, la cual podrá ser consultada en:
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“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
El raspado de datos (web scraping) es una herramienta automatizada que permite recopilar información directamente desde la red, mediante un programa informático. En el caso que nos ocupa, se utiliza para identificar y capturar los precios de las viviendas y sus características de diferentes portales inmobiliarios. Este método ha demostrado ser una herramienta útil para organismos internacionales. Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha utilizado el web scraping para identificar los precios de la oferta en portales inmobiliarios de Brasil, Ecuador y Perú. Además, en Estados Unidos se ha empleado para estudiar los precios de las rentas de viviendas (Boeing y Waddell, 2016). En el mercado mexicano, el estudio de las viviendas aún es incipiente, pero el uso de estas herramientas ayudará a entender las características y los precios de las viviendas comercializadas en los portales de internet.
En el presente ejercicio se analiza la oferta digital de viviendas mediante los registros de un portal de internet durante septiembre de 2022. Para llevar a cabo este estudio, los datos obtenidos pasaron por un proceso de limpieza de diversas etapas. En primer lugar, se verificaron las coordenadas para cada vivienda (para asegurarse de que correspondieran a una ubicación dentro del país); luego se excluyeron los registros que no contenían información sobre precio o tamaño; además se realizó una limpieza de registros duplicados y se eliminaron las observaciones que se encontraban por debajo del primer percentil de precios y por arriba del percentil 95 a nivel estatal. Después de aplicar estos criterios, se analizaron 171 mil observaciones. El objetivo principal de este estudio es obtener un análisis descriptivo del tipo de oferta que se publica en internet, explorarndo los atributos de las viviendas como tamaño, ubicación, precio total y precio por metro cuadrado.
Al examinar la oferta digital de viviendas por tipo y por entidad federativa, se observa que lo que más se promueve son los,departamentos, que representan 62.5 % del total, mientras que las casas constituyen 37.5 %. En términos de distribución geográfica, 84 % de la oferta se concentra en solo 10 entidades del país y el restante se distribuye en las otras 22. En relación con los departamentos que se publican en el portal, 57.1 % se concentra también en 10 estados que representan 25.7 % de la oferta de vivienda, lo que podría estar relacionado con el grado de urbanización y la penetración del internet. Al analizar por entidad, la mayor oferta de departamentos se encontró en la Ciudad de México, con 22.2 %, seguida por Quintana Roo, con 8.6 %, y por el Estado de México, con 6.8 %. Por otro lado, Querétaro presenta la mayor oferta de casas, con 4.3 %, después Nuevo León, con 3.3 % y Jalisco, con 2.6 % de los registros.
El precio promedio de las casas y departamentos a nivel nacional es de 4.9 millones de pesos. Al observar el detalle por estado identificamos que los departamentos más caros se encuentran en Baja California Sur, con un precio promedio de 6.5 millones de pesos, mientras que los más económicos están en Zacatecas, cuyo precio promedio ronda los 800 mil pesos. Con relación a las casas, Nuevo León presenta los un precios más altos, en promedio de 7.4 millones de pesos, mientras que en Baja California están las más económicas, 2.7 millones de pesos en promedio.
Al desglosar el análisis por tipo de vivienda se observa que el precio promedio del metro cuadrado de las casas a nivel nacional es 18.3 mil pesos. En cuanto a las casas, el mayor precio por metro cuadrado lo presenta Quintana Roo, con un promedio de 24.9 miles de pesos, mientras que el menor se observa en Baja California, 14.2 miles de pesos por metro cuadrado, en promedio. Al considerar la relación entre precio por metro cuadrado y volumen ofrecido en el mercado, se puede observar que el tamaño promedio de casas a nivel nacional es de 254.4 m2; Nuevo León destaca por tener el mayor, con una superficie promedio de 313.9 m2, mientras que el menor lo registra en Colima, 181.4 m2.
El precio promedio por metro cuadrado de los departamentos a nivel nacional es de 41.3 miles de pesos. Los departamentos con el mayor precio por metro cuadrado están en Nayarit, con un promedio de 51.6 miles de pesos, mientras el menor precio se localizó en Tamaulipas, 15.8 miles de pesos en promedio. La superficie promedio de los departamentos a nivel nacional es de 119.7 m2 y los departamentos de mayor tamaño se encuentran en el Estado de México, con 155.9 m2 en promedio, y los de menor superficie en Zacatecas, con un tamaño promedio de 63.0 m2.
Con este análisis pudo identificarse que los departamentos ofertados en internet tienen un precio por metro cuadrado más alto que las casas; no obstante, estas presentan mayor superficie, lo que equilibra los precios totales. También se puede observar que los departamentos usualmente se ofertan en entidades en donde se encuentran las ciudades más grandes del país. Además, aquellos ofertados en Nayarit, Baja California Sur y Oaxaca presentan los precios más elevados por metro cuadrado, lo que puede deberse a la actividad turística.
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma “Infonavit Investigación y Análisis”. Esta plataforma es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario, la cual podrá ser consultada en: https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit_agenda_investigacion/
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iAlgunas veces un registro se descarga más de una vez, por lo que se eliminan utilizando como identificador la dirección URL (Uniform Resource Locator).
Según la Organización de las Naciones Unidas, una vivienda asequible es aquella cuyo costo no impide a las personas acceder a otros satisfactores básicos o ejercer sus derechos humanos. Por lo general, la asequibilidad de la vivienda se mide comparando los ingresos del hogar con los gastos asociados a su tenencia como la hipoteca o la renta. Si estos gastos no superan 30 % del ingreso familiar, se considera que la vivienda es asequible.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que este indicador incluye el efecto de la tasa de interés o del periodo de amortización que se utilice para el pago de la hipoteca, lo que dificulta su comparación temporal o entre distintos países. Por ello, se puede utilizar una medida alternativa de asequibilidad: calcular el número de años de salario que un trabajador promedio necesita para adquirir una vivienda estándar. Esta medida permite determinar si la vivienda es cara o asequible en comparación con otras ciudades o con el paso del tiempo. En este blog se presenta un cálculo de este último indicador para las ciudades del Sistema Urbano Nacional (SUN)i.
El concepto de asequibilidad adquiere sentido al considerar un territorio específico, es decir, al contrastar los ingresos de un hogar o trabajador promedio en una ciudad determinada con el costo promedio de habitar esa misma ciudad. Por ejemplo, en sus reportes anuales sobre los mercados de vivienda de las principales ciudades del mundoii, el banco de inversión UBS utiliza como indicador el número de años de salario que una persona promedio necesita para adquirir una vivienda de 60 metros cuadrados cercana al centro de la ciudad. Según su informe de 2022, el promedio de este indicador en las 26 ciudades que analiza UBS es de 8.9 años, con un rango que va desde 5 años en Miami hasta 24 años en Hong Kong. El informe también señala que el desacoplamiento de los precios de las viviendas con respecto a los ingresos de la población local se debe a una fuerte demanda de inversores extranjeros, sumada a estrictas regulaciones en el uso del suelo y en los contratos de arrendamiento.
El Infonavit cuenta con microdatos sobre precios de las viviendas adquiridas con créditos hipotecarios y de los salarios percibidos por los trabajadores formales a nivel municipal. A partir de ellos es posible calcular un indicador de asequibilidad para las 401 ciudades que conforman el SUN, donde habita 74.2 % de la población del país. De acuerdo con la clasificación establecida por la SEDATU, la CONAPO ey el INEGI en 2018, el SUN se compone de 74 zonas metropolitanas, que se caracterizan por su mayor tamaño e intensa integración funcional; 132 conurbaciones, que son un conglomerado de dos o más localidades con continuidad física entre ellas, y 195 centros urbanos o localidades individuales.
De las 401 ciudades del SUN, 211 se encuentran en un solo municipio y 190 en dos o másiii, que suman un total de 761 municipios. En general, cada municipio alberga solo una ciudad del SUN, pero en 19 casos, un mismo municipio es compartido por dos o incluso tres localidades diferentes (no conurbadas). Por ejemplo, en el municipio de Compostela, Nayarit, se ubican tres centros urbanos: Compostela, Las Varas y La Peñita de Jaltemba. En estos casos solo se considera a la ciudad de más población en el municipio en cuestión, por lo que la muestra se reduce a 386 ciudades.
Para calcular el precio mediano por metro cuadrado de las viviendas adquiridas en cada ciudad del SUN se utiliza información de 6.5 millones de créditos hipotecarios otorgados porel Infonavit entre 2005 y 2021. Para cada año se consideran solo las ciudades donde se originaron al menos 10 créditos hipotecarios (entre 178 y 230 ciudades cumplen este criterio anualmente).
Por otro lado, para estimar la mediana del salario anual en el mercado laboral local durante el mismo periodo de 2005 a 2021 se utiliza la información de las aportaciones bimestrales a la Subcuenta de Vivienda que recibieron las y los trabajadores que mantuvieron una relación laboral activa con empresas domiciliadas en cada ciudad (identificadas con su registro patronal)iv.
Por último, el indicador de asequibilidad de cada ciudad i en el año j se obtiene multiplicando el precio mediano por metro cuadrado de las viviendas adquiridas en esa ciudad y en ese año por 60 (para considerar un tamaño de vivienda estándar de 60 metros cuadrados) y dividiendo el resultado entre el salario mediano anual de las y los trabajadores de esa ciudad para ese año.
En la siguiente gráfica se puede apreciar la distribución del promedio del indicador de asequibilidad para tres periodos diferentes: 2005–2007, 2012–2014 y 2019–2021. Destaca que el nivel promedio de este indicador ha incrementado gradualmente, pasando de 7.0 a 7.6 años en el transcurso de los periodos mencionados. Durante el primero, que abarca de 2005 a 2007, 11.6 % de las ciudades presentaba un precio mediano de la vivienda equivalente a más de 10 años del salario mediano que pagaban las empresas locales. Esta proporción se incrementó a 15.0 % de las ciudades en el periodo de 2012 a 2014, y a 16.3 % en el de 2019 a 2021.
La siguiente gráfica muestra el indicador de asequibilidad para 206 ciudades que cuentan con datos en los periodos 2005-2007 y 2019-2021. De estas ciudades, 131 experimentaron un incremento en el indicador y se ubican por encima de la línea azul de 45 grados, mientras que 75 presentaron una reducción. En promedio, las ciudades que se volvieron menos asequibles tuvieron un incremento de 21.2 % en el indicador, con una desviación estándar de 21.4 %, mientras que las ciudades que se volvieron más asequibles experimentaron una reducción del 13.8 %, con una desviación estándar de 9.7 %.
Se señalan en rojo las 10 ciudades menos asequibles en el periodo más reciente (2019-2021): Tequisquiapan (Qro), Crucecita (Oax), San Miguel de Allende (Gto), Cozumel (QRoo), Jojutla-Tlaquiltenango (Mor), Playa del Carmen (QRoo), Pabellón de Arteaga (Ags), Guasave (Sin), San Francisco del Rincón (Gto) y Oaxaca (Oax). Entre el primery el tercer periodo de análisis, el indicador de asequibilidad de este grupo creió 58.9 %. La mayoría de estas ciudades tiene una vocación turística, por lo que la brecha entre precios e ingresos de la población local podría deberse a una fuerte demanda de inversionistas foráneos, por un lado, y restricciones en la oferta, por el otro, derivadas de la propia geografía de la ciudad (por ejemplo, ubicación frente a la costa) o de regulaciones que limitan su densificación.
En contraste, las 10 ciudades más asequibles durante el mismo periodo (2019–2021), que se señalan en verde, son Cosamaloapan-Carlos A. Carrillo (Ver), Cananea (Son), Ciudad Sahagún-Tepeapulco (Hgo), San Juan de los Lagos (Jal), Anáhuac (NL), Tepeji de Ocampo (Hgo), Valle Hermoso (Tamps), Matamoros (Tamps), Nuevo Laredo (Tamps) y Saltillo (Coah). El indicador de asequibilidad de estas ciudades disminuyó 12.3 % entre ambos periodos. La mitad de estas ciudades se ubica en municipios de la Zona Libre de la Frontera Norte, donde se estableció un salario mínimo mayor al del resto del país a partir de 2019v, lo que podría haber ayudado a mejorar el poder adquisitivo de sus habitantes, incluyendo su capacidad de adquirir una vivienda.
La brecha de los precios de las viviendas con respecto de los salarios que ofrecen las ciudades podría afectar el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias, quienes se ven forzadas a adquirir viviendas de menor calidad o más lejanas (incluso fuera de la ciudad), al tiempo que desincentivaría la llegada de nueva fuerza de trabajo a esas localidades.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
iSEDATU (2018), Sistema Urbano Nacional 2018.
iiUBS (2022), UBS Global Real Estate Bubble Index.
iiiLa ciudad con más municipios es la zona metropolitana del Valle de México, con 76.
ivLa aportación a la Subcuenta de Vivienda equivale a 5 % del salario base de cotización, lo que nos permite estimar el salario diario al suponer que la aportación bimestral corresponde a 60 días de salario. Sin embargo, este método subestima el salario de aquellas personas que laboran menos de 60 días al bimestre, lo que afecta principalmente a los primeros 2 o 3 deciles (es decir, alrededor de 20-30 % de las y los trabajadores cotizan menos de 60 días al bimestre debido a diversos factores como contratación o separación interbimestral, faltas o ausencias. Para evitar esta distorsión se utiliza la mediana del salario aproximado, en lugar de su promedio.
vPor ejemplo, el salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte en 2021 era de 213.39 pesos, mientras que en el resto del país era de 141.70 pesos.
A finales de 2022, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publicó los resultados de la Cuenta Satélite de Vivienda (CSVM) correspondiente al año 2021. Esta fuente de datos permite dar seguimiento a las actividades económicas asociadas con el sector de la vivienda en México. Entre los resultados más destacados se observa que el crecimiento en el sector estuvo impulsado principalmente por actividades de producción y los gastos relacionados con su uso. Asimismo, se resalta que si bien el uso financiamientos dentro del sector vivienda se contrajo durante la pandemia de 2020, se recuperó gradualmente durante 2021.
Durante 2021, el sector de la vivienda en México mostró signos de recuperación El sector de la vivienda se caracterizó por mostrar recuperación durante 2021 con un valor agregado de 971 mil millones de pesos (en pesos de 2013)i . Sin embargo, su desempeño estuvo por debajo del de la economía general. De acuerdo con los datos de la CSVM, reflejados en la gráfica 1, el sector tuvo un crecimiento real anual de 2.3% en 2021, mientras que el PIB total creció 4.6% real anual. En el periodo 2017 a 2021, el desempeño del sector ha sido inferior que el de la economía en general, con una tasa de crecimiento real del PIB de la vivienda de -1.5 %, y del PIB total de -0.4%. En el año 2020, que registró el mayor impacto de la pandemia por COVID-19, el sector de vivienda decreció 9.1% respecto al año anterior, mientras que la economía disminuyó 7.8% en el mismo periodo.
En 2021, aunque el crecimiento del sector de la vivienda fue menos dinámico, su participación en el mercado laboral aumentó respecto del agregado de la economía. Según los datos de la CSVM hubo un total 2.4 millones de personas ocupadas en el sector, que representaron 5.8% de la ocupación nacional. Esta participación fue mayor que en 2019 (cuando representó 5.6% de la ocupación nacional) y en 2020 (cuando registró 5.5% de la ocupación nacional).
En cuanto valor agregado bruto del conjunto de actividades desempeñadas dentro del sector de la vivienda, fue equivalente al 5.7% del agregado nacional. Sin embargo, al revisar la tendencia en la participación del sector respecto del resto de la economía en la gráfica 2, se observa una contracción a partir de 2016 y hasta 2021: de una participación de 6.0% del PIB en 2016, el sector de la vivienda ha perdido relevancia en la producción nacional, disminuyendo su participación en 0.3 puntos porcentuales durante 2021. Visto de otro modo, la participación del sector en 2021 se encuentra 2.0 puntos porcentuales por debajo de la participación anual promedio entre 2010 y 2020 (5.9 %).
El valor agregado bruto del sector vivienda se debe en gran parte por la producción de la vivienda y los gastos asociados con su uso. De hecho, alrededor del 90% se concentra en las siguientes áreas: 58.3 % en el caso de la edificación, que cubre a todas las actividades que realizan empresas y hogares para el diseño, planeación y producción de una vivienda; y el uso, que representa 33.2 %, corresponde a los ingresos derivados de la posesión de una vivienda, los seguros asociados, el gasto destinado para alojamiento y el mantenimiento del inmueble. Finalmente, como tercera y cuarta actividades están la adquisición (8.1 %) y la regulación del sector (0.3 %).
Finalmente, la CSVM proporciona información detallada sobre los financiamientos solicitados para adquirir, construir o mejorar viviendas. Según los datos, durante 2021 se generaron 587 miles de millones de pesos (mmdp) corrientes a través de estos instrumentos. La adquisición de vivienda representó 71.2% del valor total, seguida por los mejoramientos (22.2%) y otros créditos para el mejoramiento financiero (6.6%).
El financiamiento de los mejoramientos de la vivienda en 2021 acumuló un monto anual de 131 mmdp el cual puede desglosarse según la fuente de los recursos. Estos pueden ser recursos propios de los hogares, pueden provenir de otras formas de financiamiento a los hogares (subsidios, crédito público y crédito privado) o al sector (principalmente en forma de crédito puente). La gráfica 3 muestra que el valor del financiamiento destinado a mejoramientos se incrementó entre 2008 y 2018, antes de estabilizarse en niveles de entre 120 y 135 mmdp. En el caso de 2020, el choque de la pandemia por COVID-19 implicó una expansión en el gasto por ampliaciones y rehabilitaciones que alcanzó un nivel de 135 mmdp. Sin embargo, las cifras preliminares de 2021 muestran que el gasto disminuyó a un nivel de 131 mmdp.
En la gráfica también se puede observar la participación en el gasto de ampliaciones y rehabilitaciones según su fuente: recursos propios (68% en 2021) y financiamiento (31% en 2021). Es relevante señalar que el incremento mencionado en la derrama de 2020 es consistente con la hipótesis de una reorganización del gasto por parte de los hogares: como puede observarse en los datos de la CSVM, los recursos propios elevaron su participación en el gasto de un nivel del 67% en 2019 a uno de 83% en 2020. En 2021, la participación de las fuentes del gasto regresó a sus niveles de 2019. En la tendencia de más largo plazo destaca que el financiamiento ha duplicado su participación frente a los recursos propios: de un nivel de 15% en 2008, se elevó a uno de 31% en 2021. Si bien es cierto que las fuentes de recursos propios continúan siendo preponderantes para este tipo de acciones, existe un margen para incrementar la participación del financiamiento en los siguientes años.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
iSegún los datos reportados en la Cuenta Satélite de Vivienda 2021 sin alquiler imputado. A lo largo del texto se reporta la información del valor agregado bruto a precios básicos simplemente como el valor agregado. Cifras en datos constantes a menos de que se especifique lo contrario.
Con la normalización de las actividades económicas en el país una vez superadas las restricciones a la movilidad que se implementaron para evitar la dispersión de la COVID-19, el empleo también retomó su dinamismo. En el recuadro publicado en el Reporte Económico Trimestral número 15, correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2022, se documentan las transiciones entre el empleo y desempleo que experimentó la derechohabiencia del Infonavit desde el primer bimestre de 2020 hasta el primer bimestre de 2022. Se estudió la continuidad de las aportaciones que realizan los patrones a la Subcuenta de Vivienda (SCV) de sus trabajadores para determinar si mantuvo o se perdió el empleo, y con base en ello se definieron grupos de transiciones laborales.
Análisis similares han encontrado efectos diferenciados por la emergencia sanitaria en el mercado laboral; en Causa et al (2021)i, la pérdida de la relación laboral en Europa y Estados Unidos diverge por grupos por de edad y sexo. En Arceo y Guzmán (2021)ii se identifica mayor desempleo en los niveles de educación primaria, así como para las personas de 15 a 29 años, y de más de 60 años. Cervantes (2021)iii muestra una caída en los empleos permanentes contra el aumento de los empleos temporales, e identifica mayor pérdida de empleos entre las mujeres y en aquellos de sueldos de hasta dos salarios mínimos.
A partir del seguimiento a las y los trabajadores que se dio en cada uno de los 13 bimestres del periodo de estudio se construyeron siete grupos de transición de empleo, descritos en la Tabla 1iv . Los colores en esa tabla, dispuestos a manera de “semáforo”, muestran el riesgo que presentan las personas trabajadoras ante la pérdida de su empleo: inicia con aquellas, en verde oscuro, que recibieron aportaciones a su SCV durante todos los periodos, por lo que se consideran las más estables; contrastan, en rojo, las que que iniciaron con un empleo pero lo perdieron al final del periodo de análisis, y no lograron reincorporarse al mercado laboral formal privado durante ese lapso. La población fallecida y jubilada no cuenta con colores de semáforo debido a que están permanentemente fuera del mercado laboral formal privado, mientras que los grupos que van del verde (continuos) al rojo (desempleados) tienen oportunidad de moverse en entre los diferentes estados de transición en el futuro.
En la gráfica 1 se analizan las transiciones de los estados descritos en la tabla 1 para un periodo donde se tuvo la crisis sanitaria. Se encontró que entre el primer bimestre de 2020 y el primero de 2022 hubo 30.8 millones de personas con al menos una aportación a la SCV, es decir, por lo menos tuvieron una relación laboral activa en algún bimestre de este periodo. De ellas, 21.7 millones (70.5 % del total) estuvieron activas al final del periodo, y 9.0 millones (29.5 % del total), inactivas. De aquellas activas al primer bimestre de 2022, 12.7 millones tuvieron aportaciones continuas; esto es, 41.2 % del total presentó contribuciones sin intermitencia1 durante todo el periodo de análisis, por lo que se concluye que estuvieron empleadas de forma continua. También se consideran a 3.5 millones de personas (11.4 %) que se incorporaron al mercado laboral después del primer bimestre de 2020 y mantuvieron su empleo continuamente hasta el primero de 2022. En el periodo de análisis, 5.5 millones de personas (17.8 %) pasaron por desempleo temporal; de ellas, 3.5 millones (11.2 %) se encontraban empleadas en el primer bimestre de 2020 y 2022, mientras que 2.0 millones (6.5 %) recuperaron el empleo en el bimestre posterior al primer bimestre de análisis.
Las 9.0 millones de personas inactivas al primer bimestre de 2022 se pueden desagregar en aquellas que iniciaron el periodo de análisis con empleo pero que lo perdieron en algún momento. En total, este grupo suma 5.2 millones de personas (16.9 % del total). Por otra parte, 3.7 millones de individuos (12.1 %) pertenecen al grupo que se incorporaron en algún momento al empleo entre el segundo bimestre de 2020 y sexto de 2021, y que lo perdieron en el primer bimestre de 2022 (desempleos nuevos). Finalmente, las personas que se jubilaron durante el periodo de análisis sumaron un total de 76.1 mil (0.2 %), y las fallecidas fueron 128.6 mil (0.4 %).
Además, se observa que 41.2% personas se mantuvieron activas continuamente durante el periodo de análisis, y 17.8 % pasó por un periodo de desempleo temporal. En suma, 59.0 % de la población total se encontró laborando en el primer bimestre de 2020 y en el primero de 2022. Por otra parte, 5.2 millones de personas trabajadoras activas al primer bimestre de 2020 pasaron a la inactividad en el último bimestre del análisis, con la posibilidad de regresar al mercado laboral formal privado en el futuro. Finalmente, 0.2 millones de individuos se jubilaron o fallecieron.
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma Infonavit Investigación y Análisis, un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario.
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1Las y los derechohabientes que tuvieron continuidad en sus aportaciones no necesariamente las recibieron del mismo patrón, es decir, pudieron haber cambiado de empleo, pero sin pasar por periodos de desempleo.
iCausa, O., Luu, N. and M. Abendschein (2021): Labour market transitions across OECD countries: stylised facts, OECD Economics Department Working Paper No. 1692, disponible en https://doi.org/10.1787/62c85872-en
iiArceo, E., & Guzmán, K. (2021). Mercado laboral en México: El saldo al primer año de la pandemia por COVID-19. México Cómo Vamos, 1-50.
iiiCervantes, D. (2021). Recuperación del mercado de trabajo lenta e incompleta. Ciudad de México.
ivPara este análisis se define como relación laboral activa en un bimestre en particular a aquella en la que la persona recibió una aportación de vivienda a su SCV por parte del patrón, lo que permite estimar estuvo empleada en ese bimestre. Es posible que haya personas que no recibieron aportaciones a la SCV pero siguen empleadas en una empresa, esto puede ser porque el patrón no enteró al Infonavit las aportaciones a las que está obligado.
La reforma en materia de subcontratación laboral (outsourcing), publicada el 23 de abril de 2021, generó un traspaso masivo de personas trabajadoras entre distintos patrones. Este movimiento fue particularmente elevado en el cuarto bimestre de 2021, debido a que la reforma estableció la obligación de traspasar a las y los trabajadores subcontratados al patrón real antes del 1 de septiembre de 2021, reconociendo sus derechos de antigüedad.
El Infonavit cuenta con datos administrativos sobre los movimientos laborales que realizanlos patrones de su personal. Gracias a esta información se ha podido identificar los movimientos realizados alrededor del plazo que estableció la reforma. Como resultado se ha identificado a a 2.15 millones de trabajadores que fueron transferidos en grupos de al menos 2 personas de una empresa a otra en el cuarto bimestre de 2021, lo que sugiere una probabilidad sustancial de que hayan estado laborando bajo un esquema de subcontratación.
En la siguiente gráfica se observa cómo se distribuyó el personal transferido durante el cuarto bimestre de 2021, en función de la división económica del patrón que los empleaba antes de la transferencia (lado izquierdo de la gráfica) y del patrón al que fueron transferidos (lado derecho de la gráfica). Además indica las transiciones por división económica, es decir, el origen y destino de los 2.15 millones de personas traspasadas en el cuarto bimestre de 2021. Los datos sugieren que más de medio millón de trabajadores cambiaron no sólo de patrón, sino también de división económica.
La gráfica muestra varios flujos interesantes, por ejemplo, se puede observar que 84 mil personas que laboraban en el sector de servicios para las empresas y el hogar fueron transferidas hacia empresas de la división comercio, así como 63 mil personas de la división comercio fueron traspasadas a aquellas de servicios para las empresas, personas y el hogar. Además, la división de servicios para las empresas, personas y el hogar fue la que más personal transfirió a otros sectores (197 mil), mientras que el comercio fue la que más personal recibió de otros sectores (180 mil).
En el quinto bimestre de 2021, el Infonavit tenía registrados a 22.4 millones de trabajadores activos, por lo que los 2.15 millones de personas traspasadas que presumiblemente estuvieron laborando bajo un esquema de subcontratación, representaron 9.6 % del mercado laboral formal en ese bimestre. Sin embargo, algunos sectores se caracterizaban por hacer un uso amplio de los esquemas de subcontratación, como las tiendas de autoservicio y departamentales, los servicios colaterales a las instituciones financieras y las empresas dedicadas a la elaboración de bebidas. En estos sectores la proporción de las personas empleadas en el quinto bimestre de 2021 que habían sido traspasadas en el bimestre previo fue de 30.8, 20.9 y 18.6 %, respectivamente.
Si bien la subcontratación de algunas actividades o procesos secundarios con proveedores externos (outsourcing) puede generar eficiencias a las empresas al permitirles concentrar sus recursos y esfuerzos en su actividad preponderante, el mecanismo fue a menudo utilizado para limitar los derechos laborales de las personas, específicamente el reconocimiento de su antigüedad, lo que reduce la cuantía de vacaciones, prima de antigüedad o indemnización; así como para eludir el pago del reparto de utilidades, lo que se podía lograr con la subcontratación de personas empleadas por empresas distintas pertenecientes al mismo grupo empresarial, lo que se conoce como insourcing.
La reforma de subcontratación no solo mejoró las condiciones laborales de las personas trabajadoras, sino que también impactó positivamente en su salario promedio. Los datos muestran que, entre el quinto y el tercer bimestre de 2021, el salario de las personas traspasadas incrementó en promedio 20.0 %. La siguiente gráfica lo muestra, clasificando a las personas traspasadas de acuerdo con la división económica de la empresa que los recibió, que se identifica como su patrón real. Se observa que aquellas transferidas a empresas de la división de transporte y comunicaciones presentaron el mayor crecimiento promedio, de 30.1 %, mientras que aquellas traspasadas desde la industria eléctrica, captación y suministro de agua potable recibieron el menor incremento promedio, de 9.3 %.
Este análisis se enfoca sólo en el conjunto de personal traspasado en el cuarto bimestre de 2021, sin embargo, los efectos de la reforma pudieron haberse experimentado desde antes, al menos desde el tercer bimestre, al momento de publicarse. La reforma podría tener efectos de largo plazo en el mercado laboral que será de interés dimensionar; aquí se presentan solo los efectos inmediatos. Un análisis más amplio de este tema se encuentra en el Reporte Económico Trimestral de octubre – diciembre de 2022, publicado en el Portal de Investigación y Análisis del Infonavit.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
El 28 de febrero de 2023, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó el Reporte Económico Trimestral número 15, correspondiente a los meses de octubre a diciembre 2022, el cual puede ser consultado en esta liga.
Este reporte incluye información y análisis económico internacional y nacional, con énfasis en la evolución de los sectores de la construcción, de la vivienda y el hipotecario, así como dos recuadros con análisis en temas relevantes del mercado de vivienda. En el primero se presenta el impacto de la reforma del outsourcing en el mercado laboral; mientras que en el segundo se documentan las transiciones del empleo de las personas que cotizan al IMSS y al Infonavit en el periodo comprendido entre el primer bimestre de 2020 hasta el inicio de 2022.
La información que se destaca en este reporte es:
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma “Infonavit Investigación y Análisis”. Esta plataforma es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario, la cual podrá ser consultada en:
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit_agenda_investigacion/
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presenta los resultados de la Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas en México, correspondiente al cuarto trimestre de 2022. La encuesta recoge la opinión de las empresas aportantes al Infonavit respecto de sus actividades y desempeño, del empleo y de sus prospectivas sobre la economía en general. El Infonavit ha levantado esta encuesta durante nueve trimestres continuos, lo que permite analizar las opiniones actuales de las empresas y, más importante aún, su evolución en el tiempo.
Las empresas aportantes al Infonavit han evaluado de forma cada vez más positiva su desempeño reciente en comparación con el del año anterior, sin embargo, en las últimas encuestas se observa una moderación de esta dinámica. En el cuarto trimestre de 2022, 63.4 % de las empresas consideró que el nivel de ventas fue mayor o igual al observado durante el mismo periodo del año anterior; este porcentaje es similar al reportado en la encuesta previa.
La frecuencia con la que se reportan afectaciones (por ejemplo, paros técnicos) y preocupaciones derivadas de la pandemia de COVID-19 se ha reducido continuamente desde el inicio del levantamiento de la encuesta, en cambio, se incrementa la frecuencia con la que las empresas mencionan otras problemáticas, como la marcha de la economía, la normalidad en la cadena de suministro y el incremento en los costos.
Comparación de las ventas, producción o valor
de las obras ejecutadas en el trimestre anterior
respecto al del año pasado
Fuente: Infonavit, Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas en México. Cuarto trimestre 2022.
Nota: Se descartan las respuestas sin información.
La mayoría de las empresas mantiene una perspectiva optimista para los siguientes meses, esperando una mayor actividad económica, mayores ingresos y una mejoría en la situación de su sector y de la economía en general. No obstante, se percibe cierta moderación en las perspectivas, tanto de la economía como del empleo.
En el cuarto trimestre de 2022, 65.0 % de las empresas confía en que la economía mejorará el siguiente año, mientras que 28.2 % señala que va a empeorar; hace un año, estos porcentajes eran 79.0 % y 18.8 %, respectivamente.
Por otra parte, 30.7 % de las empresas considera que incrementaría el número de empleos, una proporción menor a la reportada en las tres encuestas anteriores.
Perspectiva sobre la creación o destrucción de empleo
Fuente: Infonavit, Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas en México. Cuarto trimestre 2022.
Nota: Se descartan las respuestas sin información.
Los resultados completos de la encuesta se pueden consultar en la sección de Reportes Estadísticos y Documentos de Investigación de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis o en la siguiente liga.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (ENVI), 57.3 de cada 100 viviendas fueron construidas por las personas que las habitan por medio de actividades de autoproduccióni. En este blog se presenta una propuesta para calcular un Índice de Costos para la Autoproducción que permite dar seguimiento a los incrementos en el nivel de costos que enfrentan las personas que autoproducen sus viviendas. Para ello, el índice ajusta las variaciones anuales en los materiales que reporta el Índice de Costos de la Construcción y en el subíndice de mano de obra de los Precios al Productor Residencial (ambos índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI) según la participación que tiene cada componente en la estructura de costos de una vivienda económica autoproducida.
Para generar ponderaciones de participación que sean adecuadas para la autoproducción se recurre al Simulador de Costos Infonavit, el cual ofrece información sobre la estructura de los costos que enfrentan los hogares que realizan la autoproducción de su vivienda. El Simulador utiliza como base una vivienda de tipo económico de una extensión habitable de 57.5 m2 con dos habitaciones para cuatro personas. Además de ser la base del Simulador, este prototipo de vivienda (denominado prototipo seis) tiene la particularidad de tener el costo más bajo para su primera etapaii. Según la estructura de costos del Simulador, el gasto total para la autoproducción de una obra puede ser dividido entre la participación de los materiales (52.1 %) y la mano de obra (47.9%).
El seguimiento a los materiales dentro de la propuesta del Índice de Costos para la Autoproducción de Vivienda se realiza con el Índice de Costos de la Construcción (ICC). Este índice permite desglosar la inflación en cada uno de los materiales asociados con la construcción, considerando precios al mayorista, con descuentos por volumen y descontando los impuestos para cuatro categorías de obras representativas: edificación residencial, edificación de inmuebles comerciales, construcción de naves industriales y construcción de obras viales. Lo que corresponde a las variaciones en el costo de la mano de obra puede estudiarse desde el Índice de Precios al Productor Residencial.
Para generar un índice que asigne una ponderación adecuada para cada gasto hay que considerar la estructura de costos involucrados en la autoproducción. Según los costos al momento del levantamiento del Simulador, 2021, los materiales constituyen 52.1 % del costo total de la obra, mientras que la mano de obra representa el 47.9 % restante. La gráfica 1 agrupa los materiales por categorías y presenta su incidencia en el costo total de la obraiii. En este ejercicio destaca que las categorías de concreto y metálicos presentan la mayor participación: en conjunto explican 70.5 % del costo en materiales (36.2 % para el concreto y 34.3 % para los metálicos). Por su parte, las categorías de minerales, prefabricados y químicos acumulan 23.8 % del costo en materiales. Finalmente, agrupados en la categoría de “Otros”, la madera, los productos asfálticos y otros productos químicos, y otros materiales, registran una participación de 5.7 % —que encabeza la madera (con 4.7%).
Al utilizar la información que nos ofrece el Índice de Costos de la Construcción y la participación que tiene cada categoría en el Simulador de Costos podemos generar el Índice de Costos de la Autoproducción (ICA). Este índice es equivalente a la suma ponderada que, ajustada por la participación de cada rubro de gasto en el costo total de la obra (0.52 para materiales y 0.48 para mano de obra), reflejará los cambios anuales en los costos de la autoproducción (ICA). Es pertinente mencionar que las variaciones anuales se obtienen al dividir los valores de cada subíndice en el periodo t respecto de sus valores en el mismo periodo del año previo (12 meses antes).
ICA=0.52vartmat+0.48vartmo en donde vartx=100((xt/xt-12) -1)
Para un momento t, las variaciones anuales en materiales (varmatt) del ICA surgen del producto de la participación (partit) que tiene cada categoría i en el costo total de la producción de una vivienda económica con las variaciones anuales promedio (varit) correspondientes. Las variaciones anuales promedio resumen los componentes del Índice de Costos de la Construcción para cada categoríaiv. Por ejemplo, la variación en los precios de la categoría de prefabricados contempla el promedio de las variaciones anuales en los precios de sus componentes, como lo son los equipos eléctricos y los muebles y accesorios.
vartmat=∑6(i=1)(partit X varit)
De forma similar, para un momento t, el subíndice de mano de obra (varmot) corresponde a las variaciones anuales del subíndice de remuneraciones del Índice de Precios al Productor Residencial. Este índice permite seguir las variaciones en el salario pagado a los empleados del sector dedicados a la producción de vivienda.
Una vez que el índice está construido es posible identificar que el concreto, los metálicos y la mano de obra tienen efectos considerables en la inflación de la autoproducción que enfrentan los hogares. Particularmente, entre enero de 2018 y hasta octubre de 2022, la volatibilidad de los precios del cemento y los metálicos generó una variación ponderada de 1.1 % y 2.8 %, respectivamente, mientras que la mano de obra presentó menor volatilidad en su crecimiento, pero una variación anual ponderada de 2.3% a causa de su alto peso en la estructura de los costos.
Con mayor detalle, el índice de los materiales de la autoproducción permite desglosar el impulso inflacionario que surge de las categorías del concreto y de los materiales metálicos. Por un lado, en la gráfica 2 se observa que los metálicos han atenuado su participación como impulsores de la inflación que incrementó a raíz del corte del proceso productivo (generado por el confinamiento por COVID-19). Así, los metálicos presentaron un incremento ponderado) de 1.4 % (en octubre de 2022) que contrasta con su punto máximo: en julio de 2021 mostraron un incremento anual de 19.1 %. Por otro lado, el concreto ha acelerado su participación en la inflación de los materiales. En octubre de 2022 registró una contribución a la inflación de 5.0 puntos porcentuales. Finalmente, las categorías de minerales, químicos, prefabricados y otros suman una contribución de 3.9 %, en donde los minerales encabezan el impulso (1.4 puntos porcentuales), mientras que los químicos, los otros y los prefabricados hacen una contribución secundaria (0.9, 0.9 y 0.7 puntos porcentuales, respectivamente). En total, el incremento en los materiales de la autoproducción alcanzó un valor de 10.3 %.
De forma paralela, con el ajuste de su participación según el costo total de la obra, el índice para las remuneraciones a la mano de obra presentó una variación anual de 3.5 % durante octubre de 2022. En este mes se cumplieron diez meses en donde ha incrementado su participación, pues desde enero de 2022 sostuvo crecimiento. Durante esos diez meses, el índice presentó un valor promedio de 3.1 % que contrasta con el 1.7 % para el mismo periodo, pero de 2021.
En conclusión, los ponderadores de incidencia (o participación) que alimentan la propuesta de Índice de Costos de la Autoproducción permiten dar un seguimiento en el tiempo de los cambios en los costos de la autoproducción. Así, el índice ofrece información ajustada para la estructura de costos a nivel minorista, pero con las variaciones anuales de precios correspondientes a precios de mayoreo. En consecuencia, ofrece un panorama que subestima la inflación. Aún con esta limitación, el índice tiene valor estadístico al generar información periódica que está ajustada con ponderadores relevantes para la autoproducción.
El seguimiento de los costos de la autoproducción permite estudiar la asequibilidad y el impacto de esta alternativa de vivienda en las decisiones de los hogares. Si bien el indicador presentado es una referencia para medir las tendencias en la inflación para la autoproducción, es necesario generar indicadores que midan el cambio en precios de manera más precisa. En particular, es fundamental idear una herramienta que permita dar seguimiento a las variaciones en los costos de la construcción a precios de minorista. El levantamiento riguroso y regular actualización de un índice que mida los cambios en el mercado minorista generaría oportunidades de investigación para entender la situación de más de 14.4 millones de viviendas en el país. El seguimiento de los costos de la autoproducción es información de interés público que puede traducirse en mejoras en el bienestar de la población mexicana.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
iLa autoproducción comprende el proceso que realizan los hogares para la gestión del suelo y la producción de su vivienda propia. Los hogares pueden asignar a otras personas o empresas como responsables de los materiales, la mano de obra o la supervisión, pero son los tomares de decisión dentro de este proceso productivo. Paráfrasis. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Autoproducción de vivienda adecuada en México (2021).
iiEn referencia de los ocho prototipos de vivienda que generó Infonavit para la plataforma Decide y Construye.
iiiLa construcción de categorías fue realizada con base en la semejanza de los materiales del Simulador de Costos y fue rediseñada para los componentes del Índice de Costos de la Construcción. Las categorías cubren los siguientes componentes: (1) concreto: cemento y concreto, productos a base de concreto, partes estructurales de concreto, otros productos de concreto; (2) metálicos: productos metálicos y productos de alambre; (3) minerales (minerales no metálicos, artículos a base de arcilla, otros artículos a base de minerales no metálicos); (4) prefabricados: equipos eléctricos, accesorios eléctricos, muebles y accesorios; (5) otros: productos de madera, otros productos químicos, otros materiales y accesorios; (6) químicos: aglutinantes, pinturas y similares, productos de plástico.
ivEn este momento, los componentes no tienen una participación desglosada más allá de la participación que tienen como categoría. El promedio, por lo tanto, se calcula con los componentes de una categoría sin algún pesaje adicional.
En diciembre pasado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó el número de la Revista Vivienda infonavit, “Resiliencia: riesgos, planeación y respuesta”, dedicado a reflexionar sobre cómo se adaptan nuestras ciudades a los riesgos que enfrentan, donde la vivienda juega un papel fundamental.
El concepto de resiliencia urbana ha ganado un destaque importante en los últimos años. Los efectos de la crisis climática y los diversos malestares sociales nos han mostrado que los desafíos de las ciudades están siempre presentes. La emergencia sanitaria que provocó la pandemia de la COVID-19 es un ejemplo muy reciente de ello, que nos ha dejado lecciones y aprendizajes, pero también nos ha mostrado dramáticamente hay mucho trabajo por hacer para que nuestras ciudades sean sostenibles, eficientes y justas para quienes las habitan.
Por ello, muchas urbes en todo el mundo han comenzado a emprender acciones encaminadas a incrementar su resiliencia; es decir, su capacidad para identificar los riesgos, anticipar el impacto, responder al evento y recuperarse prontamente, sin importar si la amenaza es de origen natural o antropogénico. Y, como es de esperarse, la vivienda está al centro de muchas de estas acciones.
En este número de la revista se muestran varios esfuerzos que han resultado acertados en este sentido, pero también las deudas pendientes en las cuales se sigue trabajando.
Hay varios textos que nos explican el concepto de resiliencia, sus diferentes interpretaciones y los factores que la comprenden; por ejemplo, uno de ellos expone los riesgos a los que se enfrentan los principales centros urbanos de la región latinoamericana y lo que se requiere para volverlos resilientes (fig. 1); otros autores proponen transitar del concepto tradicional hacia la resiliencia evolutiva, al considerar que no es suficiente aspirar a regresar al punto anterior del evento perturbador, pues generalmente prevalecen condiciones de pobreza y desigualdad; otro más plantea la urgencia de incorporar la gestión del riesgo de desastres a la administración del suelo urbano y la zonificación del territorio.
Figura 1. Acciones resilientes
Fuente: Red de Ciudades Resilientes y Mercociudades (2022).
La edición también muestra diversas investigaciones sobre temas relacionados con la resiliencia, por mencionar solo a algunos: un grupo de académicos expone en su texto cómo la proximidad de las viviendas a los distintos servicios urbanos abona a desarrollar ciudades resilientes; otro más plantea el riesgo que supone para la seguridad nacional el estrés hídrico que ya empiezan a padecer en varias regiones del país; otro recopila los resultados de diversos trabajos que han documentado cómo construir viviendas vulnerables resulta en un factor de riesgo para los asentamientos humanos.
En la última sección se recogen varios ejemplos de la manera en que diversas ciudades mexicanas viven los riesgos a los que están expuestas y cómo actúan frente a ellos; por ejemplo, la sequía que en meses pasados padeció la zona conurbada de Monterrey; o cómo en Tlajomulco, Jalisco, han enfrentado al desafío de la vivienda abandonada; o la forma en que Ciudad Juárez responde al desafío del creciente flujo de personas migrantes que arriban desde distintas partes del continente.
El número completo de la Revista Vivienda Infonavit puede consultarse en su sitio web y en esta liga.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
En los mercados laborales y crediticios existen niveles de participación diferenciados por género, situación que se ha documentado de manera robusta y que podría incidir sobre las variables de comportamiento de pago en los créditos hipotecarios. Particularmente, en México existe una brecha de participación laboral entre hombres y mujeres de 7.88 puntos porcentuales de acuerdo con el índice de Mejores Trabajos (2020) del Banco Interamericano de Desarrollo: mientras que 33.26 % de los hombres labora, solo 25.38 % de las mujeres lo hace. Por lo anterior, y a pesar de que las reglas para solicitar un crédito hipotecario en el Infonavit no diferencian por género, se observa que la proporción de mujeres derechohabientes o que han ejercido un crédito otorgado por el Instituto es menor que la de los hombres. Esta diferencia es notoria también en otras variables relevantes como el saldo promedio en la Subcuenta de Vivienda y en el monto de crédito otorgado.
Por lo anterior surgen las siguientes preguntas: ¿estas diferencias estructurales podrían impactar en el incumplimiento de pago de los créditos hipotecarios otorgados por el Infonavit? Y ¿en qué magnitud y sentido? Por ejemplo, Goodman, Zhu y Bai (2016) encuentran que, para Estados Unidos, entre 2004 y 2014, las mujeres tienen 7.43 puntos menos en el incumplimiento del pago de créditos hipotecarios, de los 28.89 puntos de los hombres. Este comportamiento se observa también en proyectos de microfinanzas: Barin y Boehe (2013) muestran que las mujeres tienen un mejor comportamiento en el pago de la deuda (menos pagos vencidos)1.
Para analizar la asociación de estas variables dentro del Instituto se utilizó información de datos administrativos. Se consideraron los créditos hipotecaros para adquisición de vivienda nueva y existente otorgados por el Infonavit en 2015. La muestra incluye 381 mil 020 créditos: 34.1 % fue otorgado a mujeres y 65.9 % a hombres.
Desde la originación de crédito se observan diferencias significativas por género, por ejemplo, la edad promedio en las mujeres es 8.4 meses mayor que la de los hombres; el Saldo de la Subcuenta de Vivienda (SSV) de las mujeres es 11.1 miles de pesos menor que el de los hombres, el monto de crédito que se les otorga a las mujeres es 27.8 mil pesos menor que el de los hombres, el ingreso promedio de las mujeres es 18.8 % menor que el de los hombres y, finalmente, una diferencia de 0.04 % refiere a que las mujeres pasan menos tiempo en el desempleo.
Las personas que tienen un crédito hipotecario con el Infonavit se pueden dividir en dos grupos según su situación laboral: cuando tienen un empleo formal (Régimen Ordinario de Amortización [ROA], en el que el patrón realiza pagos bimestrales) y cuando no tiene un empleo formal (Régimen Especial de Amortización [REA], en el que el pago debe hacerse de manera mensual por la o el acreditado). Esto es relevante porque se tomó una variable administrativa llamada “atrasos”, la cual mide el número de pagos incompletos acumulados para un crédito. Esta variable se actualiza de manera mensual y compara el pago que es requerido a la persona acreditada contra el pago que fue recibido por el Infonavit. Sin embargo, es una variable acumulativa que refleja el comportamiento histórico de la amortización y no solo los resultados de cada periodo, por lo que se recurrió a construir una variable llamada “pagos incompletos”, que refleja si la variable atrasos aumentó o no para cada mes del periodo analizado. Con esto fue posible observar la cantidad de meses con pagos incompletos que tiene un crédito hipotecario por género.
Se tomaron los 381 mil 020 créditos hipotecarios otorgados por el Infonavit en 2015 y se siguió la variable de pagos incompletos durante cuatro años, de 2016 a 2019. La primera medida de comparación fue la diferencia del promedio de la cantidad de pagos incompletos en diferentes cortes de tiempo por género. En la gráfica se observa que, al inicio del crédito, las mujeres tienen en promedio 0.04 pagos incompletos más que los hombres; esto es cierto hasta dos años después de adquirido el crédito pues, conforme pasa el tiempo, el comportamiento de pago de las mujeres mejora respecto del de los hombres. Lo anterior implica que, después de cuatro años de haberse originado el crédito, en promedio, los hombres acumulan una mayor cantidad de meses con pagos incompletos en relación con las mujeres. Para analizar si este efecto se mantiene cuando se controla por otras variables se estimó un modelo de regresión lineal.
En el modelo econométrico se utilizó una regresión lineal en la que la variable dependiente fue el número de pagos incompletos acumulados entre la originación del crédito y diciembre de 2019, y se buscó medir el efecto del género controlando por otros factores: primero se incluyeron las brechas en la originación del crédito como la edad, el SSV, el monto del crédito, el salario y el tiempo que pasó la persona acreditada en el REA como porcentaje del total del periodo. Posteriormente, a este primer modelo se le incluyeron como variables de control adicionales el precio de la vivienda, el estado civil y un indicador que identifica si la vivienda es nueva. En un tercer modelo se incluyó, en sustitución del precio de la vivienda y el monto de crédito, la razón préstamo-valor (Loan-to-value) y la capacidad de crédito usada. Finalmente se añadieron características de la vivienda.
Los resultados son consistentes en las cuatro regresiones y muestran que las mujeres tienen un mejor cumplimiento de sus obligaciones frente a los hombres cuatro años después de adquirir el crédito. En particular, se observa en la siguiente tabla que, por cada 10 pagos incompletos de las mujeres, los hombres tienen entre 13.7 y 14.3, este efecto se mantiene en magnitud y significancia en todas las regresiones. Con esto se indica que, a pesar de que las mujeres inician su crédito con características financieras de menor monto, menor saldo y mayor edad en promedio que los hombres, ellas logran cubrir sus amortizaciones con un mejor desempeño al pasar cuatro años.
Al tener un comportamiento de pago diferenciado también podría pensarse a futuro plantear condiciones crediticias diferenciadas y que atiendan a las necesidades y conductas que tiene cada grupo de derechohabientes.
El análisis completo puede consultarse en el Reporte Económico Trimestral. Julio-septiembre 2022.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1Barin y Boehe, Gender and Microfinance Performance: Why Does the Institutional Context Matter?, World Development, vol. 47, págs. 121–135, 2013.
En junio de 2022 se publicó en la Plataforma de Investigación y Análisis del Infonavit el documento “El subsidio de la Conavi y sus efectos sobre los precios de la vivienda financiada entre 2013 y 2019 en México” que aborda el impacto de este beneficio.
El subsidio de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) “Acceso al financiamiento para soluciones habitacionales” fue otorgado a nivel federal para contribuir a que la población de bajos ingresos tuviera acceso a una solución habitacional adecuada. Consistió en brindar un monto de apoyo económico no recuperable (subsidio), en conjunto con el ahorro del solicitante y un crédito hipotecario, con el propósito de asistir al beneficiario en la adquisición de una vivienda nueva o existente que cumpliera con los requisitos de habitabilidad y de entorno urbano. El programa estuvo vigente entre 2007 y 2019, pero alcanzó su momento de mayor crecimiento entre 2014 y 2016, años en los que dispersó transferencias de 7.5 miles de millones de pesos anuales, en promedio. De estos recursos, más de 90 % fue otorgado para viviendas adquiridas con créditos del Infonavit. Finalmente, en 2019 se reasignaron los recursos presupuestales del programa a otros proyectos de vivienda y desarrollo urbano.
Las reglas de operación del subsidio limitaron su dispersión para aquellos derechohabientes identificados como grupos de bajos ingresos con necesidades de vivienda. Se restringió su otorgamiento para aquellos con un ingreso individual menor que cierto umbral que se modificó con el transcurso de los años: entre 2013 y el primer semestre de 2014, el umbral sobre el salario base de cotización fue de 2.6 salarios mínimos (SM); entre el segundo semestre de 2014 y 2016, de 5 SM; en 2017, de 4 unidades de medida y actualización (UMA) y, finalmente, entre 2018 y 2019 fue de 2.8 UMA.i
La gráfica 1 muestra la proporción de acreditados del Infonavit que tuvieron el subsidio para los diferentes percentiles del ingreso. Es importante comentar dos aspectos: primero, el hecho de que el ingreso sirvió como una variable determinante para tener acceso al subsidio y, segundo, la manera en la que estos datos reflejan los cambios que hubo en el alcance del programa entre 2013 y 2019.
Por una parte, la restricción sobre los niveles del ingreso individual fue una medida determinante para el acceso al subsidio. Como se puede apreciar en la gráfica 1, el umbral que determinó el acceso al subsidio y que fue establecido en términos del ingreso individual (líneas verticales punteadas en cada año) generó “saltos” en la proporción de acreditados que se beneficiaron con el programa. Por ejemplo, se puede considerar el caso del primer semestre de 2014, en el que el umbral sobre el nivel del ingreso fue de 2.6 UMA. De acuerdo con los datos, 71.4 % de los acreditados en el grupo con un ingreso individual de entre 2.56 y 2.60 UMA tuvo el beneficio del subsidio. Sin embargo, entre aquellos con un ingreso de entre 2.67 y 2.74 UMA, el acceso al subsidio fue mucho menor, de 3.7 %. Esto es, al incrementar marginalmente el ingreso diario individual (de 2.60 a 2.67 UMA, que implica un incremento de 4.6 pesos diarios o 140 pesos mensuales), los acreditados disminuyeron considerablemente su elegibilidad para el subsidio. Este fenómeno es valioso para fines de análisis económico porque establece que el programa generó una “discontinuidad” en el ingreso sobre la participación en él.
En este análisis se utiliza esta discontinuidad para analizar el impacto del subsidio mediante el contraste de dos grupos de acreditados: aquellos con un ingreso marginalmente menor (0.5 UMA) que el umbral y aquellos con un ingreso marginalmente mayor (0.5 UMA) que el umbral. Contrastar ambos grupos tiene sentido al asumir que son lo suficientemente parecidos como para atribuir sus diferencias al hecho de haber recibido el subsidio o no. No obstante, dicha estrategia requiere contrastar otras características de acreditados y de las viviendas que adquirieron. Para ello se emplea aquella conocida como “Pareamiento por Puntaje de Propensión”, que se detalla más adelante.
También la gráfica 1 permite entender los cambios en el alcance del programa: su periodo de mayor crecimiento y el de reducción. Entre 2013 y el primer semestre de 2014, el programa mejoró su cobertura: en esos dos años, la proporción de acreditados del Infonavit con ingresos individuales por debajo del umbral y que tuvieron el subsidio se elevó de 79 % a 90 %. Más tarde, en el segundo semestre de 2014, hubo un incremento en el umbral que creció la base de beneficiarios respecto del total de acreditados para cada periodo: se extendió de un nivel de 49 % de acreditados a uno del 77%. Finalmente, entre 2017 y 2019, el programa disminuyó su cobertura. En 2017, la proporción de acreditados del Infonavit con ingresos menores al umbral de otorgamiento y con el subsidio fue de 52 %; en 2019 fue de 14 %.
Gráfica 1. Proporción de acreditados con el subsidio de la Conavi
1. Salarios mínimos.
2. Unidades de Medida y Actualización
FUENTE: Elaboración propia con datos del Infonavit.
Para analizar el impacto del subsidio sobre los precios de la vivienda adquirida por los beneficiarios del programa,se utilizó una metodología conocida como “Pareamiento por Puntaje de Propensión” (PSM). El reto principal para medir el impacto del subsidio viene del hecho de que los beneficiarios son diferentes de los no beneficiarios, pues adquirían viviendas que son distintas. Por ejemplo, se halló que, entre el segundo semestre de 2014 y 2016ii, los beneficiarios del subsidio adquirieron viviendas que eran, en promedio, entre 1.05 y 2.05 metros cuadrados más grandes que los no beneficiarios Entonces, una comparación simple entre los precios promedio de la vivienda para los grupos de beneficiarios y de no beneficiarios sería imprecisa: la diferencia en el precio promedio podría ser un impacto del tamaño de la vivienda más que del subsidio. Para aislar el efecto del subsidio, la estrategia denominada PSM genera grupos de viviendas con características similares para comparar los precios por los que se adquirieron. En particular, identifica las características de la vivienda más recurrentes entre los beneficiarios del subsidio y busca viviendas con las mismas características en el grupo de no beneficiarios para su comparación. Al ser viviendas con mismas características, contrastar los precios de aquellas adquiridas con un subsidio con los de aquellas sin subsidio permite encontrar un impacto atribuible al subsidio.iii
Con la metodología anterior, se llevó a cabo un análisis para medir las diferencias en los precios pagados por derechohabientes del Infonavit para la adquisición de vivienda entre grupos de acreditados que recibieron el subsidio Conavi y otro grupo de acreditados que no lo recibieron. Se analizaron 133 mil 937 créditos colocados entre 2013 y 2019 y los resultados obtenidos se muestran en la gráfica 2. Particularmente, se calcula que entre el segundo semestre de 2014 y hasta 2016, la diferencia en los precios de adquisición de vivienda entre hogares con y sin subsidio fue, en promedio, de 13 mil 803 pesos para los beneficiarios (3.7 % respecto de los no beneficiarios y 27.1 % del valor promedio del subsidio), al aislar el impacto del subsidio y separarlo de las características de las viviendas. Es decir, al comparar el precio de adquisición de viviendas similares, un derechohabiente con subsidio pagó más que uno sin el beneficio.
Gráfica 2. Impacto calculado del subsidio sobre los precios
*Estadísticamente significativo al 1 %.
Nota: Considera las estimaciones calculadas con el algoritmo de vecino más cercano.
Fuente: Elaboración propia con datos del Infonavit
Al revisar el impacto estimado y contrastarlo con la gráfica 1 se encuentra evidencia estadística que sugiere que, durante la expansión del programa entre el segundo semestre de 2014 y 2016, la implementación del subsidio podría haber ocasionado distorsiones en el mercado de la vivienda de interés social. En particular, los precios que observaron los derechohabientes habrían sido distintos de acuerdo con la condición de haber recibido el apoyo o no. El incremento en el umbral de otorgamiento que hubo a partir del segundo semestre de 2014 está asociado con un aumento en los precios de la vivienda para los hogares beneficiarios del subsidio. Más adelante, a partir de 2017, la diferencia de precios que observaron hogares con y sin disminuyó, también consistentemente con la reducción en el alcance del programa, en particular, en el ingreso máximo que podrían percibir los derechohabientes candidatos a un subsidio, descrito en la gráfica 1. Entre los posibles factores que pudieron propiciar esta diferencia de precios entre la población que recibió un subsidio en contraste con la que no, una hipótesis ampliamente estudiada en la literatura económica está relacionada con las asimetrías de información que existen en el mercado de la vivienda. En el escenario de que haya existido algún mecanismo por medio del que los oferentes hayan identificado a sus demandantes como potenciales beneficiarios, podría haber incrementado los precios sobre los que se haya negociado la transacción. Con esto, los resultados sugieren que el programa de subsidios pudo haber tenido una menor efectividad con respecto al objetivo que perseguía y que indujo resultados no anticipados a través de ajustes en los precios. El documento completo de este análisis se puede consultar en este enlace.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
iLa modificación sobre las unidades de medida (de salarios mínimos a unidades de medida y actualización) fue consecuencia de la desindexación de distintos pagos que se hacían en México en salarios mínimos y la introducción de la UMA. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, “El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo”.
iiEsta diferencia considera a los acreditados en una vecindad de 0.5 SM o UMA alrededor del umbral de otorgamiento y que adquirieron viviendas con elegibles para financiar con el subsidio.
iiiEn particular, la estrategia genera un denominado “puntaje de propensión” como un valor entre 0 y 1 y que resulta de una función de distintas variables de la vivienda: superficie construida, número de cuartos, región de localización (norte, centro-norte, centro, centro-sur y sur), equipamiento de la zona, tipo de inmueble (casa habitación, casa en condominio, departamento en condominio y vivienda múltiple), clase de inmuebles en la zona (económica, de interés social y media) y proximidad urbana (céntrica, intermedia, periférica y de expansión). El puntaje de propensión se calcula como un modelo Logit de una variable dicotómica que indica la recepción del subsidio sobre las variables de la vivienda.
En el Reporte Económico Trimestral número 14 del Infonavit se incluye un recuadro de investigación que estima la distancia entre la ubicación de la vivienda adquirida por los derechohabientes y su centro de trabajo. La ubicación céntrica de la vivienda facilita el acceso de las personas a un mayor número de empleos y amenidades de la ciudad; en cambio, las y los habitantes de la periferia de la ciudad deben realizar esfuerzos mayores en sus traslados para acceder a estos servicios, lo que tiene implicaciones sobre su bienestar y en la propia dinámica de las ciudades.
El Infonavit cuenta con información administrativa que permite conocer la ubicación de las empresas que realizan aportaciones a la Subcuenta de Vivienda de las y los trabajadores, así como de la ubicación de las viviendas adquiridas por las y los derechohabientes del Instituto. Adicionalmente, los registros administrativos del Instituto permiten observar las relaciones laborales que han mantenido trabajadores y empresas, con lo cual es posible señalar la ubicación de las empresas donde laboró cada trabajador o trabajadora durante un periodo definido. Dado que se conoce la fecha de originación del crédito y la ubicación de las viviendas adquiridas, es posible estimar la distancia lineal que pudo haber recorrido cada persona acreditada desde su casa (centroide de su código postal) hasta cada una de las empresas en las que trabajó en los cinco años posteriores a la adquisición de su vivienda. Por ejemplo, en las zonas metropolitanas del Valle de México y Monterrey, las y los acreditados del Infonavit que adquirieron una vivienda durante periodo 2006 a 2015, se estima que recorrieron una distancia promedio de 27.8 y 17.9 km, respectivamente, para llegar a sus empleos en los cinco años posteriores a la adquisición de su vivienda.
Los datos muestran que la ubicación de las viviendas adquiridas por las y los acreditados de menores ingresos está asociada a mayores distancias de recorrido al empleo, comparados con el que llevan a cabo aquellos de mayores ingresos. En la siguiente gráfica se muestra, en el eje vertical, la distancia adicional al empleo que recorrieron las y los acreditados pertenecientes a los primeros cinco deciles de salario respecto de la distancia recorrida por los acreditados de los dos últimos deciles, para cada año de originación del crédito y zona metropolitana. Por ejemplo, la ubicación de las viviendas adquiridas en 2006 por acreditados de bajos ingresos en el Valle de México significó un recorrido al empleo 36.8% mayor al realizado por los acreditados de altos ingresos. Si bien este diferencial se redujo para los años de 2008 a 2011, volvió a incrementarse para los periodos posteriores; para las personas acreditadas que adquirieron su vivienda en 2015 y que pertenecían a los primeros cinco deciles de ingreso, el recorrido al empleo resultó 72.8% mayor al que realizaron los acreditados de los dos deciles más altos. Por su parte, la ubicación de las viviendas adquiridas en 2006 por acreditados de bajos ingresos en Monterrey significó un esfuerzo de traslado al empleo 27.6% mayor al que representó la ubicación de las viviendas adquiridas por los acreditados de altos ingresos. Este diferencial creció para las personas acreditadas que adquirieron su vivienda en los años siguientes; para quienes adquirieron una vivienda en 2015, el esfuerzo adicional de traslado de los primeros cinco deciles de ingreso resultó 38.8% mayor al que realizaron los acreditados de los dos deciles más altos.
Distancia promedio adicional al empleo de acreditados de menor ingreso
Deciles I-V respecto de deciles IX-X
Fuente: Infonavit.
Esta relación podría estar asociada al incremento en el costo de las viviendas relativo al poder adquisitivo de las y los trabajadores de menores salarios, quienes solo pudieron acceder a viviendas cada vez más alejadas del mercado de trabajo. En cambio, los trabajadores de mayores salarios pudieron adquirir viviendas cada vez más costosas que les permitieron acceder fácilmente al mercado laboral, con traslados significativamente menores.
Los datos muestran que el diferencial de costo por metro cuadrado de construcción fue cada vez mayor entre las viviendas adquiridas por las personas acreditadas de altos y bajos ingresos. En la siguiente gráfica se señala la evolución que ha tenido la brecha entre los precios por metro cuadrado pagados por los hogares pertenecientes a los deciles de altos de salarios (IX y X) y los pagados por los pertenecientes a los deciles de bajos salarios (I al V). En 2006, los precios por metro cuadrado de las viviendas adquiridas en la zona metropolitana del Valle de México por los hogares pertenecientes a los deciles de altos salarios fueron, en promedio, 7.2% mayores a los pagados por los pertenecientes a los deciles de bajos salarios. A lo largo de los años esta brecha se ha incrementado, y para 2015 la diferencia de precios fue de 57.5%. En el caso de la zona metropolitana de Monterrey, en 2006 el precio por metro cuadrado de las viviendas adquiridas por los hogares pertenecientes a los deciles de altos salarios fue, en promedio, 0.7% mayor al pagado por los pertenecientes a los deciles de bajos salarios. A lo largo de los años, esta brecha se ha incrementado, y para 2015 la diferencia de precios fue de 20.3%.
Diferencial en el precio promedio por m2 de las viviendas adquiridas por acreditados de altos ingresos respecto de bajos ingresos
Deciles IX-X respecto de deciles I-V
Fuente: Infonavit.
El modelo estándar de economía urbana predice que, en ausencia de distorsiones del mercado, las viviendas que se encuentran ubicadas lejos de los centros de negocios de las ciudades presentan menores precios que aquellas que se encuentran ubicadas dentro o cerca de dichos centros. Esto debido a que la decisión de los hogares para adquirir una vivienda incorpora, en parte, los costos asociados al traslado a sus centros de trabajo. Este tipo de análisis es relevante pues contribuye a mejorar el entendimiento de la evolución de las ciudades y del bienestar de la población.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
El 30 de noviembre de 2022, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) publicó el Reporte Económico Trimestral número 14, correspondiente a los meses de julio a septiembre 2022, el cual puede ser consultado en esta liga.
Este reporte incluye información y análisis económico internacional y nacional, con énfasis en la evolución de los sectores de la construcción, de la vivienda y el hipotecario, así como dos recuadros con análisis en temas relevantes del mercado de vivienda. En el primero se presenta una estimación de la distancia entre las viviendas adquiridas por medio de un crédito Infonavit y el empleo de las y los acreditados que las habitan; mientras que en el segundo se estudia el desempeño en el pago de créditos hipotecarios del Infonavit con perspectiva de género.
La información que se destaca en este reporte es:
Este y otros reportes podrán ser consultados en la plataforma “Infonavit Investigación y Análisis”. Esta plataforma es un espacio de publicación y difusión de documentos y actividades interinstitucionales que llevamos a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y del hipotecario, la cual podrá ser consultada en:
https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit_agenda_investigacion/
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
De acuerdo con el Índice de la Sociedad Hipotecaria Federal de Precios de la Vivienda (ISHF), entre el tercer trimestre de 2021 y el segundo de 2022, los precios de la vivienda registraron un crecimiento de 6.1 %, después de experimentar una desaceleración entre el tercer trimestre de 2019 y tercero de 2020, cuando crecieron 5.0 %. Este aumento se dio en todas las entidades federativas del país y está correlacionado con el incremento de los costos en los insumos de la construcción residencial: tanto de materiales como de la maquinaria y el equipo.
En el análisis regional se observa que, durante 2021 y 2022, la emergencia sanitaria tuvo efectos diferenciados en cada entidad federativai. En cada una de ellas, los precios de la vivienda han mostrado una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2019, con una ligera desaceleración entre el segundo y tercero de 2020; sin embargo, tuvieron una recuperación importante durante 2021, a excepción de Ciudad de México. Los estados con mayor incremento de precios entre el primer trimestre de 2019 y el segundo de 2022 fueron Baja California Sur (40.1 %), Quintana Roo (39.8 %) y Nayarit (37.4 %); aquellos con menor incremento han sido la Ciudad de México (14.9 %), Zacatecas (19.9 %) e Hidalgo (20.5%).
Desde el segundo semestre de 2020 se observa un incremento en los indicadores de insumos de la construcción, en línea con el de los precios de la vivienda. Estos indicadores tienen una correlación positiva, observable en los precios reportados por el ISHF y el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) de la construcción residencial: en 2019, ambos desaceleraron su ritmo de crecimiento, el INPP de la construcción residencial alcanza su nivel mínimo (0.8 %) en el primer trimestre de 2020 –un periodo previo a la emergencia sanitaria– mientras que el ISHF lo hizo en el tercer trimestre del mismo año (5.0 %). El INPP de la construcción residencial inició un periodo de crecimiento a partir del segundo trimestre de 2020, hasta llegar a un punto máximo en el tercero de 2021 (14.1 %), para después desacelerarse ligeramente en el cuarto trimestre del mismo año (13.2 %). Este comportamiento coincide con el del ISHF, que inicia su periodo de crecimiento en el cuarto trimestre de 2020 y llega a un máximo en el tercero de 2021 (8.7 %), para después desacelerarse ligeramente en el cuarto trimestre del mismo año (8.5 %). Lo anterior sugiere que el incremento en los costos para la construcción podría estar impactando en el precio de la vivienda.
Se observa que el incremento en el INPP de la construcción residencial es mayor en comparación con el INPP general entre 2013 y junio de 2022. Mientras que en este periodo, el incremento de los precios en la construcción residencial fue. en promedio. de 6.2 % a tasa anual cada mes, el INPP creció 4.5 % a tasa anual cada mes. Es importante señalar que la variación en el INPP de la construcción residencial y el indicador de los materiales para la construcción presentan una correlación de 97.3 % entre 2013 y junio 2022, la más alta entre todos los componentes de la construcción. En este periodo, en promedio, el INPP de la construcción residencial creció cada mes a una tasa anual de 6.2 %, mientras que los materiales lo hicieron a una tasa promedio anual de 6.5 %. El alquiler de maquinaria y equipo sigue la tendencia de los materiales, aunque sus crecimientos son menores y la correlación es de 40.5 %; entre 2013 y junio de 2022 crecieron a una tasa promedio anual de 4.1 %. En el mismo periodo, las remuneraciones en la construcción crecieron, en promedio, 4.0 % a tasa anual y su correlación fue de 20.0 %.
Al desagregar el componente de los materiales, los productos que aumentaron su precio con mayor velocidad entre diciembre de 2020 y junio de 2021 fueron: productos de alambre y productos metálicos ¬–en particular, las láminas metálicas (46.38 %) y los castillos armados (44.01 %). Entre diciembre 2021 y junio de 2022, los materiales que registraron un mayor crecimiento fueron la varilla (27.04 %) y el alambre (16.84 %).
Por otra parte, revisar el comportamiento de los precios de los terrenos donde las viviendas están construidas es importante ya que, según la ONU-Habitat, una vivienda adecuada se determina a partir de ese punto. De acuerdo con esta definición, el terreno define la relación de la vivienda con su entorno, la calidad del espacio habitable y su posible ampliación futura. Luego entonces, el terreno y su precio constituyen los principales componentes en el proyecto de construcción (Nieto, María de la Luz; Cepal, 1999, p.9), por lo que es primordial para este análisis revisar su comportamiento. Para ello se sugiere contrastar los precios totales de los terrenos contra el del metro cuadrado de terrenoii. Se identifica que ambas presentan una tendencia descendente entre enero de 2021 y junio de 2022. A detalle, en el segundo semestre de 2021, el precio por metro cuadrado era de 2.9 mil pesos, mientras que en el primer semestre de 2022 fue de 2.7 mil pesos, lo que representó un decremento de 261.2 pesos. En el mismo sentido, el precio total de los terrenos se colocó en 3.0 millones de pesos, lo que representó una disminución semestral de 8.2 %, En particular, en enero de 2022, el precio por metro cuadrado tuvo una caída de 15.5 % y el precio total, de 23.3 %.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
i Debido a que la pandemia afectó sobre todo al sector servicios, los estados con una mayor participación en este sector sufrieron un mayor impacto. ii El precio por metro cuadrado es un mejor indicador que el precio total, ya que estandariza el precio de manera que el promedio no está sesgado por terrenos de grandes dimensiones que tienen un precio elevado. Además, los precios fueron deflactados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
En noviembre de 2021 el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicaron la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) 2019, cuyo objetivo es generar información estadística sobre el balance financiero de los hogares en México. Encuestas sobre esta temática son una herramienta utilizada para medir las características y composición del patrimonio de los hogares, lo que permite obtener mediciones de desigualdad en la riqueza.
La información recabada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y en la ENFIH permite obtener mediciones de desigualdad de ingresos y riqueza. Por ejemplo, de acuerdo con la ENFIH 2019, los hogares pertenecientes al décimo decil de ingresos concentran 33.2 % de los ingresos del país, mientras que los hogares pertenecientes al décimo decil de riqueza acumulan 58.1 % de la riqueza total; estos niveles se ubican por arriba del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 24.8 % y 52.0 %, respectivamente.
La siguiente gráfica muestra curvas de Lorenz y los coeficientes de Gini asociados a las distribuciones de ingresos y riqueza para los hogares mexicanos utilizando información de la ENIGH 2018, la ENIGH 2020 y la ENFIH 20191. Los coeficientes de Gini para las distribuciones de ingresos en estas tres encuestas son de 0.415, 0.426 y 0.457, respectivamente. Por su parte, el coeficiente de Gini asociado a la distribución de la riqueza resultante de la ENFIH 2019 es de 0.698; es decir, la desigualdad de la riqueza en los hogares mexicanos es sustancialmente mayor que la desigualdad de sus ingreso.
Desigualdad de ingresos y riqueza de los hogares en México
(Curvas de Lorenz y coeficientes de Gini)
Fuente: Infonavit con información de la ENFIH 2019, ENIGH 2018 y ENIGH 2020.
Nota: el eje vertical de la gráfica se corta en el origen, por lo que no es observable el primer dato (negativo) de la distribución de riqueza.
La OCDE destaca que los niveles de riqueza de los hogares se encuentran ligados al ciclo de vida de sus miembros, dado que la acumulación de sus activos, particularmente la vivienda, sucede a través de la vida productiva. La vivienda principal representa, en términos relativos, una mayor fuente de riqueza para los deciles en la parte media de la distribución, producto de una mayor concentración del portafolio de los hogares de mayor riqueza en activos financieros (por ejemplo, bonos, acciones, fondos de inversión, etc.). Además, los hogares de menor riqueza presentan un nivel importante de endeudamiento, si se les compara con sus activos acumulados, siendo el crédito hipotecario el principal pasivo.
En general, los resultados de la ENFIH son consistentes con esta experiencia internacional, aunque con algunas diferencias. La participación de los activos financieros y del crédito hipotecario en el portafolio de activos y pasivos de los hogares mexicanos es relativamente baja, si se le compara con los niveles promedio de la OCDE2; mientras que en los países miembros de este organismo los activos financieros son equivalentes a 27 % de los activos totales de los hogares, en México este porcentaje es del 7.6 %. Por su parte, para los países de la OCDE la deuda hipotecaria es equivalente a 10.0 % de los activos de los hogares, mientras que para México este porcentaje es del 3.1 %. Este resultado es consistente con el bajo nivel de acceso a productos financieros formales que reportan otras encuestas, como la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF). Por otro lado, en los países de la OCDE se observa que los hogares de mayor riqueza cuentan con proporciones relativamente altas de activos financieros en sus portafolios de activos (hasta 58 % para el decil más alto de riqueza); esto no se observa en México en donde los hogares de mayor riqueza típicamente diversifican su portafolio hacia bienes inmuebles (64.5 % de sus activos) y negocios (13.0 %). Por su parte, los activos no financieros, en específico, el menaje de casa, representan una parte sustancial del patrimonio de los hogares mexicanos ubicados en los deciles más bajos de riqueza.
La OCDE destaca que la vivienda, al distribuirse entre los hogares de forma más equitativa que el resto de los activos, podría representar un factor de moderación en la desigualdad. Al interior de los países del organismo, la riqueza inmobiliaria, compuesta por la suma del valor de los inmuebles menos el valor de las hipotecas, presenta una distribución menos desigual que la riqueza total, producto de una mayor concentración del portafolio de los hogares de mayor riqueza en activos financieros; si bien, los hogares que se ubican en el décimo decil de riqueza concentran 52.0 % de la riqueza total en los países miembros del organismo, la concentración de la riqueza inmobiliaria en este decil se reduce a 35.0 %.
Este hecho no se observa del todo en México, la siguiente gráfica muestra curvas de Lorenz y coeficientes de Gini asociados a las distribuciones de riqueza total, riqueza inmobiliaria (viviendas menos hipotecas) y riqueza a partir de la vivienda principal (neta de hipoteca) para los hogares mexicanos utilizando información de la ENFIH 2019. Los coeficientes de Gini para estas tres distribuciones son de 0.698, 0.697 y 0.665, respectivamente. Es decir, la desigualdad de la riqueza proveniente de la vivienda principal es marginalmente menor a las demás, ya que excluye la riqueza proveniente de viviendas secundarias, un activo frecuentemente utilizado por los hogares de los deciles más altos para diversificar su portafolio.
Desigualdad de ingresos y riqueza de los hogares en México
(Curvas de Lorenz y coeficientes de Gini)
Fuente: Infonavit con información de la ENFIH 2019, ENIGH 2018 y ENIGH 2020.
Nota: el eje vertical de la gráfica se corta en el origen, por lo que no es observable el primer dato (negativo) de la distribución de riqueza.
El levantamiento de la ENFIH por parte del INEGI y del Banco de México es una gran contribución al país y a la información estadística, la información es de mucha utilidad para el análisis económico y las decisiones de política pública en México, en el caso de la vivienda es central para contar con información adicional sobre la importancia de este activo en el patrimonio de los hogares del país, como se muestra en el Reporte Anual de Vivienda 2022, publicado recientemente por el Infonavit.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1 La curva de Lorenz muestra en el eje horizontal los porcentajes acumulados de población y en el eje vertical los porcentajes acumulados de ingresos o riqueza por esa la población. Una distribución equitativa coincidiría con la línea de 45 grados.
El coeficiente de Gini se calcula como la proporción entre el área delimitada por la línea de perfecta igualdad (45 grados) y la curva de Lorenz, respecto al área por debajo de la línea de perfecta igualdad. Mientras la curva de Lorenz se acerque más a la línea de perfecta igualdad, el coeficiente de Gini tenderá a cero, mientras se aleje más (una distribución más desigual) tenderá a uno.
2 Balestra C., Tonkin R. (2018), Inequalities in household wealth across OECD countries: Evidence from the OECD Wealth Distribution Database, OECD Statistics Working Papers.
Recuperado de https://doi.org/10.1787/18152031
La vivienda es una de las necesidades básicas de la humanidad, tanto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° menciona que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. A pesar de esto, no todas las personas poseen una, lo cual genera una necesidad que puede ser solucionada a través del alquiler formal (aquel que incluye un contrato con una persona física o moral) o informal (basado en una relación de confianza). Además de la capacidad de compra de los hogares, existen factores contextuales que inciden en la decisión de alquilar una vivienda y que distinguen entre los que afectan directamente a la persona (internos) y los que se refieren a condiciones de mercado (externos). La siguiente figura resume algunos de ellos.
Factores internos y externos que impactan la decisión de alquilar vivienda
Fuente: Elaboración propia con información de Abidoye, R. et al. (2020).
Algunos de estos factores incentivan a que las personas prefieran alquilar respecto de comprar y otros tienen el efecto opuesto. De acuerdo con estudios empíricos, las siguientes situaciones podrían llevar a las personas a ser más propensas a alquilar respecto de comprar: ser jóvenes, solteras, no tener hijas ni hijos, contar con un empleo informal, poseer deudas activas, provenir de familias con bajos ingresos, el hecho de que los pagos iniciales para adquirir una hipoteca sean altos, la falta de acceso a un crédito hipotecario, entre otros. Por tanto, parece importante analizar dichos factores para la realidad mexicana, con el fin de poder proponer políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas.
En México, el alquiler soluciona la necesidad de vivienda para casi una de cada tres personas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (ENVI), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), del total de viviendas habitadas en México (35.3 millones), 16 % es rentada y 14 %, prestada por familiares, amigos o por el trabajo. Se consideró que las primeras se encuentran bajo un esquema formal de alquiler, en tanto las segundas bajo uno informal; en cualquier caso se tomaron ambas como alquiler. Es decir, en México 31 % de las viviendas es alquilada.
Las cinco entidades con mayor porcentaje de hogares en alquiler son: Ciudad de México (44 %), Jalisco (41 %), Colima (38 %), Baja California Sur (36 %) y Estado de México (36 %); aquellas con menor porcentaje de alquiler son: Oaxaca (19 %), Tabasco (21 %), Hidalgo (22 %), Sinaloa (22 %) y Campeche (23 %). Esto refleja importantes variaciones a nivel estatal. En particular, las localidades urbanas tienen una tasa de alquiler mayor (34 %) respecto de aquellas rurales (18 %). Cuando se desagrega por decil de ingreso se observa que aquellos hogares con menores y mayores ingresos tienen tasas de propiedad más altas, mientras que los hogares de ingresos medios tienen tasas de propiedad menores y, por ende, alquilan más. También se observa que, en promedio, las personas de entre 18 y 25, y de entre 26 y 35 años, tienen tasas de alquiler mayores respecto de otros grupos etarios (66 % y 52 %, respectivamente), así como las personas solteras y en unión libre (48 % y 44 %, respectivamente). Además, también se observan tasas de alquiler mayores en entidades federativas donde el precio de la vivienda ha crecido más.
El Reporte Anual de Vivienda 2022 del Infonavit incluye un ejercicio econométrico para determinar si estas relaciones se mantienen. Los resultados sugieren que aun cuando se controla por factores como la edad, estado civil, sexo, tipo de localidad y crecimiento en el precio de la vivienda, la falta de prestaciones de vivienda en materia de crédito hipotecario es la variable que tiene una mayor asociación con la probabilidad de alquilar una vivienda. Es decir, para una persona que tiene prestación de vivienda en materia de crédito hipotecario (como el Infonavit), la probabilidad de que habite en un hogar propio incrementa en 6.6 puntos porcentuales respecto de quienes no tienen prestaciones. Por otro lado, el factor que disminuye en mayor cuantía la probabilidad de adquirir un hogar propio es el estado civil, particularmente si la persona está soltera, como se aprecia en la siguiente gráfica.
Efectos marginales promedio en la probabilidad de habitar un hogar propio
Fuente: Elaboración propia con información de la ENVI 2020 y de la SHF.
*Variable dicotómica, toma el valor de 1 para la etiqueta mostrada.
**Promedio de los efectos marginales de cada observación.
En este mismo sentido, el ingreso es uno de los factores más importantes para decidir comprar una vivienda; sin embargo, esta relación puede no ser lineal en algunos contextos (Blanco, y otros, 2014). En México se observa la probabilidad estimada para distintos ingresos tiene un comportamiento de U (como se aprecia en la siguente gráfica), es decir, en hogares con menores y mayores ingresos, la probabilidad de habitar una vivienda propia es mayor respecto de hogares con ingresos medios; esto podría ser resultado de la eficacia de las políticas públicas de vivienda enfocada a personas con bajos ingresos.
Probabilidad estimada de habitar un hogar propio para distintos niveles de ingreso laboral
Fuente: Elaboración propia con información de la ENVI 2020.
La decisión para transitar del alquiler a la propiedad no es sencilla y responde a diversos factores. Por un lado, están los factores asociados con un incremento en la probabilidad de habitar un hogar propio, como las prestaciones de vivienda, el tamaño del hogar, la edad y el ingreso laboral. En contraparte, factores como ser mujer, estar soltero o vivir en una entidad federativa donde el precio de la vivienda tuvo mayor incremento, están asociados con una disminución en dicha probabilidad. Esta investigación determina el sentido de la asociación y la magnitud de cada uno de los factores con el fin de poder informar las políticas públicas de vivienda en México en beneficio de sus habitantes.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
El 30 de septiembre de 2022 el Infonavit publicó el Reporte Anual de Vivienda 2022 el cual puede ser consultado en esta liga.
En esta cuarta edición se sintetizan los hechos más relevantes del sector vivienda, el mercado hipotecario y los factores asociados con su dinámica, como el mercado laboral; así como dos capítulos de análisis en temas de relevancia para el sector.
En capítulo 1 se presenta la evolución en el mercado de vivienda, el mercado hipotecario y la oferta de vivienda para el periodo de junio de 2021 a junio de 2022. En él se muestra que el sector de la construcción, y de la vivienda en particular, se encuentran todavía en niveles por debajo a los que prevalecían antes de la llegada de la pandemia. A diferencia de otros sectores de la economía, el de la construcción de vivienda ha presentado una incipiente recuperación de sus indicadores en comparación con el resto enfocado a la edificación. En el primer trimestre de 2022 presentó un crecimiento anual de -2.5 %, dato que contrasta con el que reportó la edificación total de 3.8 % en el mismo periodo. Desde el punto de vista de la demanda de vivienda hay indicadores que han mostrado un crecimiento robusto y que están positivamente correlacionados con los ingresos de la población. El mercado laboral mexicano registró un proceso de recuperación que continuó en el periodo de análisis de este reporte, aunque ese dinamismo se atenuó en el primer semestre de 2022.
La población con empleo formal tuvo un crecimiento de 4.4% entre junio de 2021 y junio de 2022. Al cierre del segundo trimestre de 2022, la Población Económicamente Activa (PEA) se situó en 59.1 millones de personas, donde se recuperaron nuevamente los niveles previos a la emergencia sanitaria de 2020.
El capítulo 2 del reporte en cuestión presenta un análisis sobre los resultados de la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares (ENFIH) realizada por el Banco de México y el INEGI, cuyo objetivo es generar información estadística sobre el balance financiero de los hogares en México. En este capítulo se analiza el portafolio de activos y pasivos de los hogares mexicanos y la importancia que la vivienda tiene en su patrimonio. Como parte de este análisis se hacen mediciones de desigualdad de riqueza entre los hogares, así como de la desigualdad de la riqueza inmobiliaria, es decir, aquella asociada a la adquisición y pago de la vivienda. Uno de los resultados centrales es que, en México, la vivienda es el activo más importante de los hogares, incluso para aquellos que se ubican en el decil más alto de ingresos. Esta representa el 50.3% de los activos totales de los hogares. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los hogares mexicanos de mayor riqueza o con jefes de mayor edad concentran su portafolio en activos inmobiliarios y negocios, más que en activos financieros.
En el capítulo 3 se analizan los factores que están asociados con la decisión de alquilar una vivienda por parte de los hogares en México. Se estima un modelo econométrico para determinar si estos factores contribuyen a esta decisión cuando se controla por elementos del mercado y de las características de los hogares. Para este análisis se utilizó la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, la cual incluye información sobre la tenencia de la vivienda y las características de las personas que integran el hogar. Los resultados sugieren que, cuando se controla por factores como la edad, estado civil, sexo, tipo de localidad y crecimiento en el precio de la vivienda, la falta de acceso a prestaciones de vivienda en materia de crédito hipotecario (como el Infonavit) es la variable que tiene una mayor asociación con la probabilidad de alquilar. Particularmente, si una persona tiene dicha prestación, la probabilidad de que habite un hogar propio incrementa en 6.6 puntos porcentuales (p.p.) respecto de quienes no la tienen; por otra parte, estar soltero disminuye la probabilidad de habitar un hogar propio en -8.4 p.p. respecto de las personas casadas. Esta investigación determina el sentido de la asociación y la magnitud de cada uno de los factores, con el fin de poder informar las políticas públicas de vivienda en México.
Este y otros reportes pueden ser consultados en la plataforma Infonavit Investigación y Análisis, un espacio de difusión de documentos y actividades interinstitucionales que el Instituto lleva a cabo para impulsar el entendimiento del sector de la vivienda y el hipotecario: https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit_agenda_investigacion/
El incremento de casos de contagio por COVID-19 a partir de marzo del 2020 llevó al Gobierno federal a impulsar políticas de distanciamiento social, lo que limitó la actividad económica del país. Así lo muestran el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) y los indicadores de empleo: la producción nacional descendió 23.0 % entre enero y mayo de 2020, mientras que la población ocupada disminuyó 21.0 % entre enero y abril del mismo año. Las restricciones a la movilidad tuvieron efectos negativos en la producción y, por consiguiente, sobre las empresas mexicanas. En dicho contexto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) adoptó medidas de apoyo para las empresas contribuyentes con el fin de ayudarles a solventar los retos financieros que tenían en el corto plazo y así atenuar los efectos del choque. En este texto se describen las características de las empresas que recibieron apoyos temporales para el pago de las aportaciones de vivienda al Infonavit, durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.
Estas medidas extraordinarias consistieron en permitir a los patrones prorrogar el pago de las aportaciones al Fondo de la Vivienda, con la finalidad de que las empresas mexicanas no perdieran liquidez durante el periodo de mayor caída de la actividad económica. Así, el programa se propuso reducir la probabilidad de despido de sus trabajadoras y trabajadores o la desaparición de la propia empresa.
Los apoyos fueron establecidos de manera que, por una parte, no afectaran el pago de los créditos hipotecarios activos y, por otra, pudieran cubrir los pagos de las aportaciones prorrogadas hasta 12 meses después a partir de la finalización del programa (en el cuarto bimestre de 2020). El diseño del mismo planteaba una duración de hasta tres bimestres de apoyos para las empresas micro, pequeñas y medianas, sin embargo, se amplió para incluir a las grandes.
En términos generales, el alcance del programa fue el siguiente:
Al contrastar esta distribución con la de los patrones que no solicitaron el apoyo, se observa que los que más participaron en el grupo de solicitantes fueron los proveedores de servicios: su proporción respecto del total es 7.4 puntos porcentuales mayor. Seguido de estos, la industria de transformación (actividades industriales) tuvo una participación 1.1 puntos porcentuales mayor entre los solicitantes. Esta observación tiene sentido al considerar que la actividad del sector terciario se contrajo 16.8 % anual durante el segundo trimestre de 2020. Entonces, se considera relevante medir la relación entre la solicitud del apoyo y el hecho de operar en una entidad con una alta participación del sector terciario en la producción agregada.
Al realizar una regresión simple se obtiene que, por cada punto porcentual de incremento en la participación del sector terciario en la entidad, la propensión de las empresas por participar en el programa se elevó en 0.3 puntos porcentuales. En la gráfica 1 se muestra la relación entre los niveles de solicitud del apoyo y la participación de las actividades terciarias en la economía de las entidades federativas del país.
En línea con lo anterior, cuatro de las cinco entidades con mayor proporción de solicitudes del apoyo respecto del total de patrones de la misma entidad fueron Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo y Yucatán, en donde existe una participación alta del sector servicios: 72.9 %, 80.1 %, 79.2 % y 67.6 %, respectivamente. En contraste, la participación del sector en el mercado nacional es de 61.2 %. Estas entidades representaron 22.3 % de la totalidad de las solicitudes.
Por su parte, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas fueron las entidades con menores niveles de solicitud respecto de la totalidad de las empresas instaladas en esos mismos estados del país, los cuales representaron en total 7.2% de los solicitantes.
Se puede concluir que la importancia de este programa radicó en que para los patrones representó una posibilidad de aliviar sus restricciones de liquidez en el corto plazo en que se vieron inmersos por la emergencia sanitaria; se encontró, además, que los solicitantes se concentraron en los sectores y las entidades que sufrieron mayores niveles de contracción en la actividad económica; no obstante, estas apreciaciones preliminares deben complementarse con un estudio más detallado que analice las estrategias de pago de las empresas en un contexto de crisis.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
i Una versión más amplia de este estudio aparece en el recuadro “Resultados del programa de apoyos para protección del empleo formal con énfasis en Pymes del Infonavit ante la pandemia por COVID-19” del Reporte Económico Trimestral abril-junio 2022 del Infonavit.
En 2014 se reformó el artículo 123 constitucional con el fin de elevar la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años, lo que un año después permitió a México ratificar el Convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que busca erradicar el trabajo infantil y elevar progresivamente la instrucción académica de las y los jóvenes que ingresan al mercado laboral.
Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) al primer trimestre de 2022 muestran que las personas de 15 a 19 años presentan una baja tasa de participación en el mercado laboral, pues 71.3 % forma parte de la Población Económicamente No Activa (PNEA); esta proporción es similar a la que presentan los adultos mayores a 60 años (69.0 %), como se muestra en la gráfica más adelante.
El mercado formal emplea a 38.6 % de la población ocupada, de acuerdo con la ENOEN. Al considerar la población ocupada en el rango de edad de 15 a 19 años, los datos muestran una mayor incidencia del empleo informal en este grupo, donde sólo 15.4 % de las y los jóvenes ocupados tiene acceso una institución de salud otorgado por su empleo; por lo anterior se les puede considerar formales, una proporción tres veces menor a la que presenta la población ocupada de 20 a 49 años (44.0 % de ellos, en este grupo de edad, son trabajadores formales).
Condición de actividad económica y acceso a las instituciones de salud por edad de la población
Fuente: Infonavit con datos de la ENOEN (1er. trimestre 2022).
Por otro lado, los registros administrativos de Infonavit permiten dar seguimiento a la carrera laboral de todas las personas trabajadoras formales, particularmente de los 40.9 millones que tuvieron su primer empleo formal después de julio de 1997, fecha en que se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (por lo que se les conoce como generación Afore), de quienes se observa su historial completo.
En la siguiente gráfica se muestran las distribuciones anuales por edad de ingreso que presentan las y los derechohabientes pertenecientes a la generación Afore, y se destacan los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95 de cada cohorte, así como la media. Si bien poco más de la mitad de las personas trabajadoras de la generación Afore tuvo su primer empleo formal entre los 17 y 21 años, la edad mediana de ingreso al mercado laboral formal se ha incrementado de 19 años en 1998, a 22 años en 2020. Este incremento tendría como contraparte no observable en los registros administrativos del sector formal, un posible aumento de la proporción de trabajadores más jóvenes cuyo primer trabajo es informal.
Distribución por edad de entrada al mercado laboral formal
(generación Afore)
Fuente: Infonavit.
Las y los trabajadores que se insertan al mercado laboral formal a una edad temprana, entre 15 y 18 años, presentan bajos salarios con mayor frecuencia: más de 80 % obtuvo un salario inferior a 3.0 UMA (aproximadamente 8 mil 660 pesos mensuales, en 2022), como se muestra en la siguiente gráficai. La distribución salarial mejora para las personas que obtuvieron su primer empleo entre los 19 y 24 años, estabilizándose para aquellas que ingresaron al mercado laboral formal en edades superiores. El salario promedio en el primer empleo de quienes que ingresaron a los 16, 20, 24, 28 y 32 años es de 2.1, 2.3, 2.9, 2.8 y 2.8 UMA, respectivamente (lo que equivale en 2022 a un rango entre 6 mil 120 y 8 mil 050 pesos mensuales).
Distribución salarial en el primer empleo, por edad de entrada
(generación Afore)
Fuente: Infonavit.
La relación creciente entre la edad y el salario en el primer empleo formal estaría relacionada con el proceso de formación del capital humano, entendido como el conjunto de habilidades, conocimientos y competencias que define la capacidad del trabajador para realizar sus tareas, lo que define su productividad. Si bien una parte de estos conocimientos se puede adquirir en programas específicos de formación académica –como lo es una carrera técnica o un posgrado–, otra parte importante solo puede obtenerse a través del entrenamiento y la interacción con trabajadores expertos. En este sentido, una persona candidata de mayor edad presentaría, con todo lo demás constante, un periodo mayor de acumulación de experiencia.
Cabe señalar que la relevancia de la experiencia de la o el trabajador es distinta para cada tipo de empresa, lo que se relaciona con la complejidad de los procesos y la tecnología involucrados en su operación, así como con la curva de aprendizaje que enfrentan sus trabajadores; esto es, con el tiempo que tardan en aprender las habilidades y competencias requeridas para desempeñar eficientemente su labor. Las y los trabajadores jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral, dada su inexperiencia y limitada formación académica, suelen buscar empleo en sectores que requieren curvas de aprendizaje cortas, características en los servicios de bajo valor agregado, donde se aplican tecnologías y procesos productivos básicos –como el comercio al por menor o los servicios entretenimiento o preparación de alimentos–.
La abundancia de mano de obra poco calificada que compite por los empleos disponibles en estos sectores genera condiciones laborales más precarias, lo que se refleja en menores salarios y un mayor grado de informalidad. En este sentido, la edad de entrada no solo estaría relacionada con el salario que percibe la o el trabajador en su primer empleo formal, también puede relacionarse con el grado de formalidad que presenta a lo largo de su carrera laboral.
En el recuadro “Trayectorias de la densidad de cotización del mercado laboral en México”, publicado en el Reporte Económico Trimestral abril–junio 2021 de Infonavitii, se muestra que las y los trabajadores que se insertan a una edad temprana en el mercado laboral formal presentan un menor grado de formalidad a lo largo de su vida laboral, derivado posiblemente de una menor proporción de empleos formales entre los trabajadores con menores niveles de escolaridad.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
i Los salarios se presentan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que permite su comparación en términos reales.
ii Disponible en https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/87bbfae4-657b-418c-9f80-890fa91e588e/Reporte_economico_abril_junio_2021.pdf?MOD=AJPERES
En el mercado laboral mexicano se observan diferencias estructurales entre mujeres y hombres en términos de acceso y participación, que derivan en condiciones de desigualdad de oportunidades económicas. Estos problemas comienzan desde el mismo acceso.
Por diversas razones sociales, culturales y económicas, las mujeres se enfrentan a condiciones de inequidad al momento de buscar incorporarse al mercado laboral. Por ejemplo, son ellas quienes realizan la mayor parte del trabajo no remunerado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que las mujeres en México dedican 53.9 horas al trabajo no remunerado por semana, 34.7 horas más que los hombresi. Esta desigualdad en el reparto de las responsabilidades, además, debilita los vínculos de las mujeres con el mercado laboral, lo que finalmente se traduce en un acceso limitado al trabajo remunerado, a las prestaciones de seguridad social y al desarrollo del capital humanoii.
Una vez que las mujeres se incorporan a la población ocupada, la inequidad continúa, pues también trabajan en condiciones desiguales. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeresiii, los principales problemas a los que ellas se enfrentan durante su carrera laboral son la doble jornada, la discriminación salarial, la segregación ocupacional y el hostigamiento sexual. Ello impacta de forma negativa su carrera laboral y salarial, con bajo crecimiento y laboran por periodos más cortos a lo largo de su vida.
Los datos de la ENOE del cuarto trimestre de 2021 dan cuenta de estos efectos de la desigualdad en el acceso al mercado laboral: a pesar de que 52.7% de la población de 15 años o más pertenece al género femenino, solo 39.5% de la población económicamente activa (58.8 millones) son mujeres. Además, se aprecia una significativa la brecha de géneroiv en la participación del mercado laboral. La tasav de ellas es de 55.3%, 31.7 puntos porcentuales menor a la de ellos.
La brecha de género se replica en el acceso a la seguridad social, incluido el acceso al Infonavit: durante el sexto bimestre de 2021, el Instituto administró 72.7 millones de cuentas para el ahorro de la vivienda (Subcuenta de Vivienda), de las cuales 25.0 millones pertenecieron a mujeres y 34.6 millones a hombres (en las restantes no hay un género identificado). En cuanto a las cuentas identificadas con relación laboral activa, solo 37.6% son de mujeres (8.0 millones).
También hay diferencias en el saldo promedio de la Subcuenta de Vivienda (SCV): al sexto bimestre de 2021, el de las mujeres con una relación laboral activa fue de 38.2 miles de pesos, 8.1 miles de pesos menor que el de los hombres con una relación laboral activa. Esto se puede explicar, principalmente, porque una proporción mayor de mujeres se concentra en los niveles salariales bajos.
El sesgo también se traslada a la colocación de créditos Infonavit, aunque las reglas para solicitar un crédito en el Instituto (número de cotizaciones continuas, nivel salarial y edad) no diferencien por género. Así vemos que, durante 2021, de los 530.5 miles de créditos para la vivienda en sus distintos productos que otorgó el Infonavit, 36.9% (195.8 miles) fueron solicitados por mujeres y 63.1% (334.7 miles) por hombres. En cuanto a créditos para adquisición de vivienda nueva y usada, estos se dividieron en 61.2% solicitados por hombres y 38.8% por mujeres.
Las características de las carreras laborales de las mujeres también inducen una menor probabilidad de calificar para un crédito al inicio de su carrera laboral, lo que las orilla a postergar la contratación de un crédito Infonavit. Así, la proporción de hombres entre 18 y 29 años que obtiene un crédito es 3.6 puntos porcentuales mayor a la de las mujeres de esa edad, mientras que aquellas que contratan un crédito Infonavit entre los 30 y los 40 años es 3.9 puntos porcentuales mayor que la de ellos.
También existen diferencias en los montos del crédito: en el mismo año, el chequevi promedio otorgado a las mujeres fue de 334.9 mil pesos, 7.6% menor al de los hombres. Este sesgo se explica por la concentración de las mujeres en los niveles salariales bajos.
Sin embargo, cuando ellas toman la decisión de contratar un crédito, el monto de cheque ejercido, en promedio, es superior al de los hombres para los niveles de ingreso entre 4 y 9.99 UMA (Unidades de Medida y Actualización). Esto podría deberse, entre otras causas, a que tienen carreras salariales más planas y por ello postergan más esa decisión (como se mencionó arriba), así cotizan durante más tiempo y generan mayor ahorro en su subcuenta de vivienda.
Como se puede apreciar, la evidencia sugiere que la falta de equidad en el acceso al mercado laboral y los problemas a los que se enfrentan las mujeres durante su carrera laboral explican las diferencias observadas en el análisis de la operación del Infonavit desde la perspectiva de género.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
i Trabajo no remunerado de las mujeres: Un aporte a la economía, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2016).
ii 58 Sesión, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (2014).
iii Las mexicanas y el trabajo II, Instituto Nacional de las Mujeres (2003).
iv Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable, como la participación en el mercado laboral, el desempleo o el decil de nivel de ingreso.
v La tasa de participación en la fuerza laboral de las mujeres mide el porcentaje de mujeres que se encuentran en edad de trabajar y que están empleadas o que buscan empleo activamente, con respecto del total de población de mujeres de 15 años o más.
vi Total de recursos que se transfieren por la contratación de un crédito formalizado. Se compone del monto de crédito, más el saldo de la Subcuenta de Vivienda (SCV), menos los gastos de administración.
En la más reciente edición de la Revista Vivienda InfonavitI, correspondiente al primer semestre 2022, se reflexiona desde distintos ángulos sobre la importancia de los actores locales en la problemática de la vivienda. En este número se incluye una infografía que, además de presentar los principales instrumentos de planeación urbana en México, indica la antigüedad promedio de los Planes o Programas de Desarrollo Urbano (PDU) de los municipios.
Los Planes o Programas de Desarrollo Urbano (PDU) son documentos que contienen las disposiciones jurídicas para planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio a distintas escalas (regional, estatal, municipal y metropolitana). El objetivo de estas herramientas es establecer políticas para el correcto ordenamiento territorial y desarrollo urbano, mediante la determinación de las Unidades de Gestión Territorial (UGT) y la zonificación, los destinos, las normas de uso y aprovechamiento de suelo, así como las respectivas acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento urbano.
En particular, interesan los Planes de Desarrollo Urbano a nivel municipal (PMDU), ya que el municipio es la expresión más local del gobierno, por lo que se enfrentan a problemáticas únicas que afectan directamente a la vida de sus habitantes. Uno de estos retos es la constante expansión de las áreas urbanas, consecuencia del desarrollo económico de las urbes o, incluso, de las regiones vecinas.
Sabemos que la expansión urbana desordenada tiende a crear aglomeraciones o dispersiones de población en sitios que no tienen la infraestructura necesaria o adecuada, provocando gastos que frecuentemente los municipios no pueden solventar. La regulación del suelo, los permisos de construcción (incluyendo la facilidad para obtenerlos), el transporte (calles y líneas de transporte público) y la dotación de servicios públicos (agua, recolección de basura, banquetas, etcétera) caen en la responsabilidad de autoridades locales y sus menguados presupuestos.
De ahí la importancia de la planeación como una herramienta efectiva de gobierno. Cuando esta no existe, o cuando es reactiva a la dinámica observada (usualmente reacciona cuando ya es un problema insufrible), crea problemas para solventar las necesidades de la población, lo que abona al encarecimiento del suelo (repercutiendo directa y negativamente en la vivienda asequible), la construcción informal (que no respeta reglamentos), la segregación de comunidades de bajos ingresos, los asentamientos irregulares, etcétera.
En el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se define un extenso catálogo de las competencias y funciones de los municipios, entre las que se cuenta la mayor parte de las regulaciones en materia de desarrollo urbano y vivienda, plasmadas en los instrumentos de planeación.
Entonces, la importancia de los PMDU radica en que orientan y determinan las intervenciones del sector público y privado en el orden local, y su cumplimiento favorece el desarrollo sostenible. Además, señalan las acciones específicas necesarias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los asentamientos humanos y establecen la zonificación correspondiente. De igual forma, especifican los mecanismos para instrumentar sus principales proyectos, en el marco del cumplimiento con lo establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, las leyes estatales y los ordenamientos locales. Debido a los alcances de la información que contienen, se les considera como herramientas esenciales para el desarrollo de los municipios.
De acuerdo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hasta diciembre de 2021, hay 629 instrumentos de planeación a escala municipal en todo el país, que equivalen a 25.49% del total de municipios. El resto (1,840) no cuenta con instrumento, esto significa que 74.52% de los municipios carece de documentos que guíen su política en materia de desarrollo urbano local.
No obstante, menos de la mitad de los PMDU (aproximadamente 46%) ha sido publicada o actualizada en los últimos 12 años, por lo que es urgente la necesidad de revisar la mayoría de los instrumentos para su ajuste a las necesidades actuales.
Porcentaje de municipios con PMDU por entidad y su antigüedad promedio
Fuente: Sedatu, 2022.
En la ilustración destaca lo siguiente:
Recientemente, en junio de 2022II, la Sedatu anunció un esfuerzo para impulsar la actualización de más de 500 PMDU, lo que ayudaría a reducir en 20% el rezago municipal en materia de planeación y uso de suelo que existe en el país.
Planear el desarrollo urbano permite prever las necesidades de crecimiento y reducir el impacto ambiental, como es la disposición de desechos, las necesidades de agua y de redes de transporte, por mencionar solo algunos aspectos. El caso contrario conlleva mayores costos, económicos, sociales y ambientales, tanto para los gobiernos como para los habitantes de los asentamientos humanos, particularmente para las personas en condición de vulnerabilidad.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
I La revista Vivienda Infonavit es una publicación semestral de investigación, análisis y reflexión, centrada en temas de desarrollo urbano y vivienda. Desde 1975, año de su lanzamiento, su objetivo ha sido fomentar, recolectar y difundir estudios, análisis, proyectos, casos de éxito y buenas prácticas, así como problemáticas y reflexiones relevantes en la materia, desde diferentes aproximaciones y disciplinas académicas. Las ediciones correspondientes a la cuarta etapa de la publicación pueden consultarse en revistavivienda.infonavit.org.mx
II Para más información, consultar el boletín de prensa “Sedatu busca reducir 20% del rezago municipal en materia de planeación y uso de suelo”.
Entre 1987 y 2014, el Infonavit otorgó créditos denominados en veces de salario mínimo (VSM), es decir, la deuda que contraían las y los acreditados se establecía en VSM y la conversión a pesos se realizaba con el valor del salario mínimo vigente. Lo anterior implica que cada año, en enero, el saldo insoluto del crédito y la mensualidad que debe pagar el acreditado durante los siguientes 12 meses se actualiza, reflejando el incremento anual que haya experimentado el salario mínimo. En 2019, el Infonavit implementó el programa Responsabilidad Compartida, diseñado para resolver la problemática de derechohabientes con créditos denominados en VSM, quienes habían experimentado un incremento de su saldo insoluto a pesar de mantener un buen comportamiento de pago. Responsabilidad Compartida cambió las condiciones crediticias al convertir créditos denominados en VSM a pesos, modificando el monto mensual de amortización y fijándolo para el tiempo restante del crédito a una tasa de interés fija de 8.5 %; además, otorgó quitas de capital para que los créditos lograran amortizar en el plazo remanente. Al cierre de 2021, Responsabilidad Compartida se había aplicado a más de 281 mil créditos, con quitas por 43.7 mil millones de pesos. Por la relevancia del programa se propone una serie de ejercicios estadísticos para medir un posible impacto en el comportamiento de los acreditados.
Los criterios para elegir a las y los acreditados susceptibles a la aplicación del programa (versión 1.0)1 fueron: i) tener un crédito originado en VSM que se encontrara vigente2 y que se hubiera mantenido así por al menos 24 meses; ii) estar al corriente en el pago3 ; iii) saldo en pesos del crédito debía ser superior al saldo original en 50 % o más; iv) crédito otorgado hace más de 15 años, v) acreditados con 40 años o más cumplidos y con su último salario menor o igual a 4 VSM. Por cuestiones operativas, el programa estaba limitado a la aplicación de un número máximo de créditos al mes, excluyendo a los demás, sin que existiera una regla para seleccionar a cuáles créditos se les aplicaría, pero tampoco hubo un criterio riguroso de aleatoriedad para seleccionarlos.
Dado lo anterior, los créditos elegibles pero no tratados conforman un grupo de control natural. Los créditos tratados fueron 142 mil, mientras que el grupo de comparación natural fue de 31 mil créditos. Para comprobar que los grupos de tratamiento y de control fueran estadísticamente iguales se compararon las distribuciones de las variables relevantes: edad del crédito, edad del acreditado, monto de crédito, tasa de interés, último salario, riesgo de extensión, plazo remanente, importe de pago, acciones de cobranza a través de vías judiciales, régimen de pago y reestructuras. A pesar de que los valores promedio eran parecidos entre los dos grupos, las pruebas estadísticas mostraron que sus características eran distintas.
Para corregir las diferencias encontradas entre las características de ambos grupos en el ejercicio de asignación aleatoria se realizó otro ejercicio de pareamiento, el cual consiste en elegir créditos de ambos grupos de tal forma que sean similares entre sí (en las variables mencionadas) y la única diferencia sea si recibieron o no el programa. Para obtener grupos estadísticamente iguales, el modelo excluye observaciones del grupo de tratamiento a las cuales no se les encontró un par lo suficientemente parecido en el grupo de control. Asimismo, asigna al grupo de control una combinación (ponderada) de individuos con características similares.
Al comparar el comportamiento de los grupos de control y de tratamiento, tanto para el modelo de pareamiento como al previo a él, se encontró que a dos años de haberse aplicado el programa:
En la siguiente gráfica se observa la evolución del ICV desde antes de que se aplicara el programa y dos años después de su aplicación. El ICV en el grupo de control muestra un incremento significativo en noviembre de 2019, lo que no sucede el grupo de tratamiento obtenido bajo la metodología del pareamiento; la diferencia en el ICV entre ambos grupos es de 3.76 veces.
La diferencia en el porcentaje de créditos con atrasos superiores a tres periodos alcanza casi 12 puntos porcentuales entre ambos grupos bajo la metodología de pareamiento. Esta diferencia tiene una implicación en el gasto en reservas crediticias, ya que la probabilidad de incumplimiento se estima en función al número de atrasos: entre menor sea la cantidad de atrasos de los créditos, menor es la probabilidad de incumplimiento y menores también son las reservas por riesgo de crédito que el Instituto debe constituir. En este sentido, los créditos que recibieron el programa de Responsabilidad Compartida generaron un menor gasto en reservas que aquellos que no lo recibieron.
Debido a que uno de los beneficios del programa fue el otorgamiento de una quita, esto puede incentivar a que algunos acreditados anticipen la liquidación de su crédito; la evidencia empírica muestra que aquellos a los que se les aplicó Responsabilidad Compartida tuvieron mayor porcentaje de liquidaciones anticipadas; bajo la metodología del pareamiento, la diferencia es de 1.70 puntos porcentuales.
Una descripción más amplia de estos hechos estilizados puede consultarse en el recuadro del Reporte Económico Trimestral enero–marzo 2022 de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1 Posterior a la primera versión del programa de Responsabilidad Compartida, se aplicó una versión modificada (versión 1.1) que contempló menores requisitos para participar.
2 Un crédito se considera no vigente cuando excede tres meses impago.
3 En al menos 24 periodos, la persona acreditada debe haber realizado el pago completo de su factura en cada periodo, de tal forma que no genere un monto remanente por pagos atrasados.
4 El ICV calcula el total de créditos que se encuentran vencidos dividido entre el total de créditos activos a una determinada fecha.
Tanto la Ley del Seguro Social y como la Ley del Infonavit contemplan al ahorro para la vivienda como integrante de la cuenta individual, cuya finalidad es acumular el ahorro previsional de los trabajadores, por lo que los recursos de la subcuenta de vivienda (SCV) que no hayan sido utilizados para un crédito de vivienda deben utilizarse para financiar su retiro.
Como se muestra en la siguiente gráfica, durante el periodo 2015-2021 se ha registrado una tendencia creciente en el monto anual de retiros totales de la SCV, sobre todo en el último año. Los montos retirados de la SCV crecieron a una tasa anual promedio de 13.1% entre 2015 y 2020, mientras que en 2021 aumentaron 34.7%. En 2021 se retiraron 32,909 millones de pesos de la SCV, de los cuales 83.0% se retiraron al amparo de la Ley 73, y 17.0%, de la Ley 97. En 2021, los retiros bajo la Ley 97 crecieron 66.5% con respecto al año anterior, más del doble de lo que crecieron los retiros bajo la Ley 73 (29.6%).
Retiros totales de la subcuenta de vivienda
(millones de pesos nominales)
Fuente: Infonavit
El incremento en los retiros totales de la SCV podría estar asociado a diversos factores, entre ellos, (i) la propia demografía del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que genera un número creciente de trabajadoras y trabajadores que cumplen con la edad mínima de retiro; (ii) el efecto de las decisiones ante la pandemia por COVID-19, la cual pudo haber incentivado a las y los trabajadores que cumplían con los requisitos de edad y cotización a anticipar su retiro, derivado de un mayor desempleo y riesgos a los que los exponía la enfermedad; y (iii) la entrada en vigor, en 2021, de la reforma a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la cual contempló modificaciones importantes en los parámetros, requisitos y beneficios del sistema de pensiones contributivo, con el objetivo de incrementar la cobertura y el nivel de las pensiones que perciben las y los trabajadores de la generación Afore.1
La información administrativa con la que cuenta el Infonavit permite estimar las semanas de cotización acumuladas por las y los trabajadores que retiran su SCV, al considerar el año en el que se afiliaron al IMSS —registrado en su NSS— y la densidad histórica con la que realizaron aportaciones a sus cuentas individuales durante su vida laboral (esto es, la proporción de bimestres que presentan una aportación respecto del total de bimestres existentes entre la fecha de afiliación y la fecha de retiro).
En la siguiente gráfica se muestra la dinámica creciente del número de trabajadores que se retira cada año al amparo del seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV) de la Ley 97, distinguiendo por rango de semanas de cotización acumuladas aproximadas. En 2021 se observa un incremento sustancialmente mayor (88.8%, contra 19.3% del total) en el número de personas que se retiraron con 750 a 1,250 semanas (línea verde), lo que podría explicarse como un impacto de la reforma de 2020; una cantidad importante de estos trabajadores retirados podría haber estado esperando acumular las semanas necesarias para adquirir una pensión bajo los requisitos anteriores, pero al reducirse el umbral de semanas a 750, aprovechó para retirarse anticipadamente; si este fuese el caso, lo que se esperaría es que, en los siguientes años, este rango regrese a su tendencia anterior.
Trabajadores que se retiran bajo la Ley 97 en cada rango
de semanas de cotización acumuladas
Fuente: Infonavit.
La reforma significó también una mayor cobertura, es decir, un número superior de pensiones con respecto al total de trabajadores retirados —como era su intención—, al permitir que 22.5% de las personas retiradas en 2021 bajo la Ley 97 alcanzaran una pensión, lo que significa un cambio significativo respecto de los años previos, donde esta proporción se encontraba por debajo de 3%, como se observa en la siguiente gráfica.
Número de negativas, PMG y pensiones bajo la Ley 972
Fuente: Infonavit.
Si bien el Infonavit no cuenta con información sobre el nivel de las pensiones mínimas garantizadas (PMG) que alcanzó la mayoría de las y los trabajadores pensionados en 2021 bajo la Ley 97, los registros administrativos permiten estimarlos a partir de los parámetros que contempla la regulación para el cálculo del beneficio. La reforma amplió el programa de PMG mediante un piso mínimo creciente, indexado a la inflación, definido en función de las semanas cotizadas, la edad de retiro y el salario promedio de toda la vida laboral de la o el trabajador.
La siguiente gráfica, en la parte izquierda, muestra la distribución del nivel aproximado de las PMG mensuales que recibieron los pensionados en 2021, así como la distribución de la tasa de remplazo que significan esas pensiones, como proporción del último salario registrado por el trabajador. En 2021, las PMG aproximadas presentan una mediana de 3,750 pesos, aunque 10% de ellas supera los 6,100 pesos. Las tasas de reemplazo que representan estas pensiones equivalen, como mediana, a 82% del último salario; solo 10% de las PMG significaría una tasa de remplazo menor a 46%.
Una PMG fija, como existía hasta 2020 (equivalente a 3,289 pesos), representaba una alta tasa de remplazo solo para trabajadores de muy bajos salarios, mientras que ofrecía tasas muy bajas para aquellos de altos salarios, como se muestra en la gráfica siguiente, en la parte derecha. El establecimiento de una PMG creciente, en función del salario promedio de la o el trabajador, permite generar tasas de remplazo menos dispersas para las y los pensionados, lo que contribuye a un sistema más equitativo.
Distribución de PMG y tasas de remplazo aproximadas
(Personas que se retiraron en 2021)
Fuente: Infonavit.
Distribución de tasas de remplazo aproximadas
(Personas que se retiraron entre 2015 y 2021)
Fuente: Infonavit.
En resumen, durante 2021 se observó un incremento por encima de la tendencia en los retiros de la SCV, especialmente de aquellas personas que se retiraron al amparo de la Ley 97, con 750 a 1,250 semanas cotizadas, lo que podría explicarse como un efecto indirecto de la reforma de 2020, que redujo el número de semanas de cotización requeridas para acceder a una pensión, lo que posibilitó una mayor cobertura de las pensiones. Además, el fortalecimiento de la PMG, establecida como un piso mínimo creciente en función de las semanas cotizadas, la edad de retiro y el salario promedio de toda la vida laboral de la o el trabajador, generó tasas de remplazo adecuadas, más equitativas, lo que representa un resultado positivo para el sistema.
Una descripción más amplia de estos hechos estilizados puede consultarse en el recuadro del Reporte Económico Trimestral enero–marzo 2022 de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis.
“Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación”.
1 La reforma publicada en diciembre de 2020 redujo el requisito para gozar de una pensión contributiva de 1,250 a 1,000 semanas de cotización, con un periodo de transición inicial, donde el umbral se establece en 750 semanas iniciales, con un incremento de 25 semanas cada año, hasta alcanzar el parámetro objetivo en 2031. De igual forma se amplió el programa de Pensión Mínima Garantizada mediante un piso mínimo creciente, indexado a la inflación, definido en función de las semanas cotizadas, la edad de retiro y el salario promedio de toda la vida laboral de la o el trabajador. Por último, la reforma estableció un tope a las comisiones de las Afore y incremento gradual, en un lapso de ocho años a partir de 2023, de las aportaciones obligatorias a la cuenta individual, hasta alcanzar 15 % del salario de la persona trabajadora.
2 Si el trabajador al momento del retiro no cumple con los requisitos de cotización para recibir una pensión, recibe una negativa, teniendo derecho a retirar en una sola exhibición su ahorro acumulado en todas las subcuentas.
“Aunque la crisis en el mercado laboral formal privado causada por la pandemia fue más profunda que en la crisis de 2008, su ritmo de recuperación fue más rápido.”
Las restricciones en la movilidad de la población para contener la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 impactaron de forma negativa en el mercado de trabajo en México al limitar el volumen del empleo, así como al distorsionar la dinámica de las altas y las bajas laborales y, de manera más desagregada en el caso de las contrataciones, desacelerar los reingresos y las nuevas incorporaciones al mercado laboral. El principal hallazgo es que, aunque la crisis causada por la pandemia fue más profunda en el mercado laboral formal privado en 2020 que durante la crisis de 2008, su ritmo de recuperación fue más rápido. Además, las entidades colindantes con Estados Unidos se recuperaron con mayor velocidad que el resto del país.
Con información administrativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se describe la evolución en el número de relaciones laborales, así como el comportamiento de las bajas y altas (reingresos y nuevas incorporaciones) de las aportaciones a la Subcuenta de Vivienda de las y los trabajadores en el sector laboral formal privado. Esta información es entregada bimestralmente por las empresas privadas que por ley deben realizar aportaciones a la Subcuenta de Vivienda en favor de sus trabajadores.
Para este ejercicio se utilizó la información entre el quinto bimestre1 de 2008 y el cuarto bimestre de 20112, y entre el primer bimestre de 2020 y el tercer bimestre de 2021 . Con dicha información se construyó un índice para cada tipo de movimiento afiliatorio: altas, bajas, reingresos y nuevos ingresos al mercado laboral. De esta manera pudo analizarse la evolución relativa de cada serie de interés durante las etapas de afectación de la coyuntura en 2008 y en 2020, respecto del periodo base.
Los índices reflejan que durante 2008 el ritmo de la recuperación fue más lento: en el octavo bimestre posterior al inicio de la crisis, el nivel alcanzado representaba 96.4 % del empleo que se registró en el bimestre base, mientras que en 2020, en ese mismo periodo, el nivel alcanzado representaba 98.3 % del bimestre base, no obstante que la caída ocurrida en 2020 durante el segundo periodo (7.6 %) fue más profunda en comparación con 2008.
Cuando se examina el total de altas en 2020, se observa que después de siete bimestres, las contrataciones representaban 92.9 % del nivel previo a la pandemia, mientras que en 2008 en ese mismo periodo las altas representaban 85.2 % del periodo base, esto es, una mayor recuperación en 2020, a pesar de que la caída fue más profunda por la crisis derivada del COVID-19.
La dinámica de las altas puede desagregarse en quienes reingresaron al mercado laboral y en quienes que no se habían empleado desde 2005. El comportamiento de las y los trabajadores que reingresaron al mercado laboral formal muestra una recuperación más rápida en 2008, esto es, después de tres bimestres de iniciada la crisis ya se tenía un nivel 14.0 % más alto respecto del periodo inicial. Mientras que para el 2020 en el octavo periodo los reingresos representaban 94.0 % de los niveles previos a la pandemia.
Con relación a las nuevas incorporaciones, al inicio de la crisis de 2008, el empleo juvenil cayó 33.2 % respecto del periodo base y no se alcanzó el nivel previo sino hasta 2014. Por otra parte, en 2020 la caída más fuerte fue en el segundo periodo (46.8 %), aunque con una recuperación también más rápida, ya que en el tercer bimestre de 2021 el nivel alcanzado representaba 92.1 % del periodo base.
Las bajas se redujeron durante 2008, mientras que en 2020 aumentaron. Esto es, en el inicio de la crisis en 2020 se tuvo un mayor número de separaciones respecto del periodo base, ya que el indicador aumentó 113.7 % y, en el tercer trimestre de 2021 se redujeron hasta quedar a un nivel de 93.6 % respecto del periodo previo a la crisis. En contraste, en 2008 las bajas disminuyeron, y durante 10 periodos se mantuvieron en promedio 14.5 % por debajo de los niveles anteriores a la crisis.
Las crisis de 2008 y 2020 tuvieron distintos efectos en las entidades debido a la relación que guardan respecto de Estados Unidos. En 2008, la recesión afectó en mayor medida a los estados fronterizos a causa de la estrecha relación que tienen con el sector secundario de ese país, el cual estuvo directamente afectado por la coyuntura del sector hipotecario y su impactó en el sector de la construcción. El sector terciario, que se distribuye en los estados no fronterizos, tuvo una recuperación más rápida3. En 2020 el efecto fue opuesto, ya que los estados fronterizos tuvieron un mejor desempeño debido a que el cierre de las industrias no fue una medida de largo plazo, por el contrario, se implementaron políticas para mantenerlas en funcionamiento4.
En la crisis de 2008, la mayor caída del empleo (9.5 %) se observó durante el tercer periodo en los estados colindantes, los cuales representaban 28.5 % del empleo total. En esta región, el nivel de empleo no se recuperó sino hasta casi tres años después de iniciada la crisis, mientras que los estados no colindantes, que representaban 71.5 % del empleo total, lo recuperaron después de 10 periodos. En contraste, durante 2020, la mayor caída del empleo (8.2 %) se observó en el segundo periodo en los estados no colindantes, los cuales representaron 72.4 % del empleo total. En esta región, al tercer bimestre de 2021, el nivel de empleo se encontraba aún 3.6 puntos porcentuales por debajo del periodo base, mientras que los estados colindantes, que representaron 27.6 % del empleo total, recuperaron el empleo en el séptimo periodo.
En resumen, en 2020, el ritmo de recuperación fue más rápido, ya que el promedio de crecimiento bimestral desde que inició la recuperación fue de 0.9 %, mientras que en 2008 fue de 0.3 %; no obstante, la caída más profunda, ocurrida en el segundo periodo, fue de 7.6 %, mientras que en 2008, en el tercer periodo, ésta fue de 5.2 %. Posiblemente, la diferencia en el ritmo de recuperación se debe, entre otras causas, a que durante 2020 el mercado laboral fue más volátil comparado con 2008, es decir, el movimiento de altas y bajas tuvo ajustes mayúsculos, no así en 2008, ya que los ajustes se mantuvieron constantes en el tiempo. Por su parte, la evolución en el número de relaciones laborales en las entidades colindantes está correlacionada por su integración a la industria de Estados Unidos. Esto es, en 2008, las entidades colindantes se recuperaron en 17 periodos, y en 2020 lo hicieron en seis. Mientras que en 2008 las entidades no colindantes se recuperaron en 11 periodos, en contraste, en el octavo periodo de 2020 aún se encuentran por debajo del nivel previo a la contingencia sanitaria.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
1 La información con la que cuenta el Infonavit proviene de los registros administrativos que registran las aportaciones patronales las cuales se realizan bimestralmente. Por este motivo, el análisis se realiza con esta periodicidad.
2 Se utilizaron datos al tercer bimestre de 2021 ya que hasta ese periodo se tiene información disponible.
3 López Arévalo, J. y Peláez Herreros, O. (2015). El desigual impacto de la crisis económica de 2008-2009 en los mercados de trabajo de las regiones de México: la frontera norte frente a la región sur. Contaduría y Administración, 60 (2), 195-218.
4 Al inicio, en México los servicios de salud y, en general, la industria se declararon actividades esenciales. Después también la construcción. Ver Diario Oficial de la Federación (2020a, marzo, 31): “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2” y “Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias” (2020b, mayo, 15).
Bibliografía
Infonavit (2022), Reporte económico trimestral octubre – diciembre 2021, consultado el 3 de marzo 2022 en https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/0f6ce74c-7d56-44c4-ba18-148a7f6c6060/Reporte_economico_octubre_diciembre_2021.pdf?MOD=AJPERES
Habitar una vivienda digna y decorosa es una necesidad básica de la vida humana y un derecho fundamental de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Mexicana. El no poder ejercer este derecho implica una limitación en cuanto al acceso a otros bienes y servicios, además, puede conducir a una situación de exclusión social. En México existen viviendas que presentan diversas carencias en el acceso a los servicios básicos o en la calidad y espacios de la vivienda, lo cual perjudica las condiciones sanitarias y la salud de los residentes, modifica las actividades que pueden llevarse a cabo por los habitantes de la vivienda, o afecta la protección de factores climáticos.
Inclusión social y grupos vulnerables
La inclusión social es un proceso para cerciorarse que las personas en riesgo de exclusión social cuenten con lo necesario para involucrarse de lleno en la vida económica, social y cultural, y para acceder al bienestar usual en su entorno. Además, la inclusión social garantiza el acceso a sus derechos fundamentales y a la toma de las decisiones que influyan en su vida. Derivado de lo anterior, de acuerdo con Subirats (2004), la exclusión social es definido como el resultado de la acumulación de diversos factores de desventaja o vulnerabilidad social sobre un grupo de personas que les imposibilita o dificulta el acceso al desarrollo personal y social.
Esta exclusión se presenta en limitaciones que son multidimensionales; Chuaqui (2016) establece tres niveles de manifestación, los cuales son i) impedimento o dificultad para ingresar a algún sistema social por ejemplo un tipo de sistema educativo, tipo de trabajo, u otro grupo de socialización mediado por razones económicas, ideológicas, de género o de otras clases; ii) dificultad para acceder a servicios o derechos fundamentales y iii) barreras para mantenerse dentro de un mismo sistema, grupo o servicio por malas condiciones a nivel relacional al verse dificultado el contacto social y la posibilidad de entablar relaciones de buena calidad. Además, reconoce las causas de la exclusión social, por grandes grupos están a) posición en clase social, posición laboral o forma de obtener ingreso en general; b) limitaciones o degradaciones del estatus (de género, de discapacidad, enfermedad, religión, ideología, etc.) y c) barreras en la dimensión territorial o cultural (pertenecer a una etnia, vivir en una localidad aislada o marginal).
Por lo ya mencionado, la exclusión social afecta a los denominados grupos vulnerables, que, según la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la cámara de diputados, este concepto se refiere a aquella persona o grupo que, por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
Así, se observa que los conceptos de grupos vulnerables y exclusión social están interrelacionados, debido a que pertenecer al primero puede ser causa de sufrir el segundo. Para evitar esto es que se requiere implementar un proceso de inclusión social.
De acuerdo con Chuaqui (2016), existen ámbitos en la vida de las personas que están más propensos a presentar exclusión. A grandes rasgos, éstos son: el ámbito económico, el laboral, el educativo, el de la salud e higiene, el residencial, el relacional y el ámbito de la participación ciudadana. Aunque la exclusión social abarca todos los ámbitos, podemos centrarnos en la exclusión residencial. Dentro de este tipo de exclusión, las principales causas son: problemas de acceso a la adquisición de vivienda, mala calidad de la vivienda y malas condiciones ambientales o de entorno; estos, además pueden producir exclusión en otros aspectos de la vida de las personas.
Es por esto, que en este análisis nos centramos en revisar algunos factores exclusivos del ámbito residencial para ciertos grupos vulnerables identificados mediante el Censo de Población y Vivienda 2020, con el fin de evaluar si se presenta exclusión en este ámbito y poder identificar los factores y a los grupos con mayor incidencia.
Calidad de la vivienda
En el análisis de la calidad de vivienda se enfocará en aquellas que tienen mala calidad por ser carente, esto es, si presenta alguna carencia de acceso a servicios básicos o por calidad y espacios de la vivienda. Estos tipos de carencias se encuentran definidos, para México, en el Diario Oficial de la Federación y en CONEVAL . A continuación, se detallan las que fueron contempladas para este estudio.
Carencia por acceso a servicios básicos
Esta carencia ve comprometida la condición sanitaria de los habitantes de las viviendas y limita el desarrollo de diversas actividades. Las viviendas con carencias por acceso a los servicios básicos son aquellas que presentan alguna de las siguientes condiciones:
Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Aquí se identifica que los materiales de la edificación sirvan de protección contra las condiciones climatológicas para los residen, de forma que su salud no se vea dañada; asimismo procura el derecho a la privacidad identificando las condiciones de hacinamiento. Se considera que una vivienda presenta carencias por calidad y espacios a aquellas si presenta, al menos, una de las siguientes:
Para medir estos factores de exclusión no hay una medida universal, ya que los aspectos culturales y sociales de cada país o región impiden establecer parámetros de referencia generales. Por lo cual, la evaluación del ámbito residencial en el marco de la exclusión se contextualiza con las características de su entorno. Por ejemplo, se podría hablar de exclusión si la carencia por material de muros para cierto grupo de personas es mayor que para el resto del país, adicionalmente la definición de cada carencia también está influida por el contexto, pues hay lugares en los que por razones culturales esta definición puede ser diferente.
Carencias de la vivienda para grupos vulnerables
Se observaron los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, y al hacer la clasificación con los criterios establecidos en la sección anterior, se encontró que en México hay poco más de 9 millones de viviendas que tienen al menos una carencia de servicios o calidad y espacios, esto representa el 25.9% del total de viviendas habitadas del país. La carencia más frecuente por vivienda es por servicio de drenaje con 24.8%, seguida de agua entubada con 22.2% y electricidad con 20.2%. El hacinamiento sigue presente en casi una quinta parte de las viviendas mexicanas. También resalta que las viviendas con baja calidad de materiales con los que se construyó a lo más representan el 3.0% del total nacional.
Viviendas con algún tipo de carencia
| Carencia | Viviendas | % del total |
|---|---|---|
| Por acceso al agua entubada | 7,780,243 | 22.2% |
| Por servicio de drenaje | 8,667,196 | 24.8% |
| Por servicio de electricidad | 7,053,586 | 20.2% |
| Por material de techos | 309,510 | 0.9% |
| Por material de muros | 455,368 | 1.3% |
| Por material de pisos | 1,038,773 | 3.0% |
| Por hacinamiento | 6,783,458 | 19.4% |
| Con al menos una carencia | 9,051,719 | 25.9% |
Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 2020.
Por otro lado, dentro del censo se pueden ubicar características para identificar diversos grupos vulnerables. Este documento se enfoca en 3 grupos: 1) personas que hablan algún dialecto o lengua indígena, 2) personas que se consideran afrodescendientes o afromexicanos y 3) personas con alguna discapacidad.
Se encontró que, del total de las viviendas habitadas en el país, en el 8.9% (3.1 millones) reside al menos una persona que habla alguna lengua o dialecto indígena, de las cuáles, 1.7 millones presentan al menos una carencia, esto es, que más de la mitad (el 55.4%) de las viviendas en las que habitan hablantes de alguna lengua o dialecto indígena son carentes, esto supera por mucho el porcentaje nacional (25.9%). Además, del total de viviendas con alguna carencia, el 19.1% están habitadas por al menos un hablante de lengua o dialecto indígena, detectando así la posibilidad de exclusión desde el ámbito residencial, por la brecha que existe entre este grupo y el total. Por otra parte, hay 311.9 mil viviendas en las que al menos uno de sus habitantes se considera afrodescendiente o afromexicano, de las cuales el 28.6% presenta al menos una carencia. Esta proporción sigue estando por encima de la proporción nacional, aunque la brecha es menor.
En cuanto al grupo vulnerable de las personas con alguna discapacidad, se observó por separado cada tipo de discapacidad. El mayor grupo se concentra en las personas con discapacidad motriz, ya que existen 2.4 millones de viviendas en las que reside al menos una persona con esta característica. Por el contrario, la menor concentración pertenece a las personas que presentan dificultad para recordar o concentrarse, bañarse, vestirse o comer. En cuanto a las viviendas con alguna carencia, el orden de estas concentraciones se mantiene.
Para poder identificar el impacto que tienen estas condiciones de vulnerabilidad se observa la comparación de su porcentaje de viviendas con carencias contra el porcentaje nacional; como todas las condiciones de discapacidad presentan una proporción de viviendas con alguna carencia que está por encima de 25.9% se podría decir que sí existe posibilidad de exclusión social. Destaca que en casi el 40% de las viviendas habitadas por personas con discapacidad para comunicarse o hablar son carentes, en cuanto a posibilidades de exclusión siguen las personas que tienen cierto grado de discapacidad mental. Sin embargo, se observa que la brecha no es tan grande para las viviendas en las que residen personas con discapacidad motriz, visual o auditiva.
Conclusiones
La exclusión social es causada por un cúmulo de factores, entre estos se encuentran los factores residenciales; si se presentan carencias relativas a la región en las viviendas de ciertos grupos, se puede decir que existe exclusión residencial y esto lleva a mayor probabilidad de enfrentar exclusión social. Algunas de las causas de exclusión residencial se refieren a la calidad de la vivienda, los servicios y espacios de esta. Por lo que, al revisar las diferentes carencias definidas por CONEVAL, se encuentra que las personas hablantes de alguna lengua o dialecto indígena, afromexicanas o afrodescendientes presentan mayor proporción de carencia residencial respecto al total del país, esta brecha se presenta con mayor profundidad para los hablantes de alguna lengua o dialecto indígena. Adicionalmente, el grupo vulnerable en el que se encuentran las personas con discapacidad también muestra exclusión proveniente del ámbito de la vivienda. Lo ya mencionado nos da como conclusión que los grupos vulnerables analizados en este trabajo presentan exclusión residencial lo que resulta en mayor probabilidad de sufrir exclusión social.
Se puede enfrentar a la exclusión social, ya que no es algo inherente a la sociedad, es una reacción a las desventajas y vulnerabilidades sociales. Esto es un proceso complejo e integral, y para combatirlo se deben investigar de forma integral todos los ámbitos en los que se presenta. Además, la exclusión no es fenómeno estático, por esto se deben crear estrategias dinámicas e innovadores, que se adapten a los contextos locales. En particular, en el ámbito residencial y dentro de los aspectos estudiados, se deben revisar las líneas de trabajo de las políticas de universalidad de servicios básicos, de calidad de materiales de la vivienda, y de calidad de los espacios para que la vivienda sea acorde al tamaño de la familia. La inclusión es un proceso colectivo, ya que las formas de medirlo se determinan con su contexto. En consecuencia, la participación debe ser, no sólo de las instituciones, sino también de las comunidades con el fin de llegar a un proceso integrar de inclusión social.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
Fuentes:
Gago Cortés, M. del C. (2010). La vivienda como factor de inclusión social: El realojo del poblado chabolista de Culleredo. Sept 2010, Universidad de Coruña. Recuperado de https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/17115/GagoCortes_Carmen_TFM_2010.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Diario Oficial de la Federación de México. (2013) PROGRAMA Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. Glosario de términos, siglas y acrónimos Ciudad de México, México. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5326581
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. (2009) Grupos Vulnerables. http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico_old_14062011/
9_gvulnerables_archivos/G_vulnerables/grupos%20vulnerables.htm
Subirats J. et al. (2004). Pobreza y exclusión social Un análisis de la realidad española y europea. Colección Estudios Sociales, No 16. De Fundación La Caixa. https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/240906/vol16_es.pdf
Chuaqui J., Mally D. y Parraguez R. (2016). El concepto de inclusión social. Revista de Ciencias Sociales - Universidad de Valparaíso, No 69, 157-188.
Malgesini, G., González, N. (2005). Cumbre de Lisboa, Estrategia Europea de Inclusión Social. Fundación Luis Vives 2005
CONEVAL. (2020). Carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones2020_Fichas/
Carencia_por_acceso_a_servicios_basicos_en_la_vivienda_2020.pdf
CONEVAL. (2020). Carencia por calidad y espacios de la vivienda https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones2020_Fichas/
Carencia_por_calidad_y_espacios_de_la_vivienda_2020.pdf
La revista Vivienda Infonavit es una publicación semestral de investigación, análisis y reflexión, centrada en temas de desarrollo urbano y vivienda. Desde 1975, año de su lanzamiento, su objetivo ha sido fomentar, recolectar y difundir estudios, análisis, proyectos, casos de éxito y buenas prácticas, así como problemáticas y reflexiones relevantes en la materia, desde diferentes aproximaciones y disciplinas académicas. Durante la vida de la publicación se han identificado tres épocas, atendiendo a su uniformidad de diseño, contenidos y periodos de publicación. En 2020 el Instituto relanzó la Revista, inagurando una cuarta época y a partir de este año se publican dos números anuales.
En su edición de diciembre 2021, la revista Vivienda Infonavit reúne textos que reflexionan sobre la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, analizando las temáticas contempladas en la encuesta desde diferentes perspectivas, aproximaciones, ángulos y disciplinas académicas.
La ENVI 2020 produjo información estadística sobre las características físicas de la vivienda y la situación de tenencia, para conocer sus condiciones de habitabilidad y seguridad; el financiamiento de las viviendas; los gastos en construcción, reparación, mantenimiento y remodelación de la vivienda; la satisfacción tanto con la vivienda como con el entorno; y la identificación de necesidad y demanda de vivienda.
En el capítulo de Infografía, la revista muestra de forma simplificada algunos de los datos más relevantes de la encuesta a nivel nacional, respondiendo a la pregunta: ¿cómo sería nuestro país si solo tuviera 100 viviendas? Además, aprovechando la representatividad de la ENVI a nivel de entidad federativa, presentó cifras que permiten observar la heterogeneidad de la realidad del país.
Por ejemplo, respecto de los materiales de construcción, si todo el universo de viviendas en México se redujera a 100 casas, al menos 80 tendrían un techo de losa de concreto, mientras que, de las 20 restantes, 18 tendrían un techo de lámina. No obstante, esta realidad no es uniforme a lo largo del país, pues en el estado de Chiapas, 64% de las viviendas tiene un techo de lámina, mientras que en Aguascalientes sólo 2% utiliza este material.
Proporción de viviendas con techo de losa de concreto
Fuente: Infonavit con datos de la ENVI 2020.
Respecto al acceso a servicios básicos, de las 100 casas que conformarían el hipotético parque habitacional del país, al menos 16 poseerían un drenaje conectado a una fosa séptica; en Campeche, 87% de las viviendas se encuentra en esta situación. Asimismo, 22 de esas 100 viviendas poseerían un sanitario que se descarga con una cubeta de agua, que es la realidad para 62% de las viviendas de Chiapas, mientras que en Chihuahua solo se presenta en 2% de las viviendas.
Respecto de la satisfacción con la vivienda y su entorno, en 76 de las 100 viviendas del país, sus habitantes declararían sentirse algo o muy satisfechos con la calidad de los muros, caso del 90% de los hogares encuestados en la Ciudad de México, mientras que en Tabasco ese nivel solo alcanza 48%. Por otra parte, en 48 hogares del país manifestarían sentirse algo o muy satisfechos con la distancia que deben recorrer a los centros de recreación o instalaciones culturales; tal es la situación de 66% de los hogares en Nuevo León, mientras que en Guerrero fue solo 27%. En contraparte, 44 casas de las 100 que representan a este país presentarían problemas de robos y asaltos, siendo que, en el Estado de México, 71% de las viviendas encuestadas enfrenta estos problemas y en Guerrero solo 16%.
Respecto a la tenencia y tipo de vivienda, a nivel nacional, 16 de las 100 casas serían rentadas, aunque en la Ciudad de México 27% de las viviendas presenta esta condición de tenencia, mientras que en Oaxaca solo 7%. Por su parte, de las 100 viviendas, solo 5 serían departamentos, para la CDMX es el caso de 30% de las viviendas, pero en Sinaloa esta cifra es de apenas 1%.
Proporción de viviendas en el país que son departamentos
Fuente: Infonavit con datos de la ENVI 2020
Si se realiza un ejercicio similar sobre las 23.9 millones de viviendas propias, es posible dimensionar algunas tendencias relevantes. Por ejemplo, de cada 100 viviendas propias, apenas 41 resultan ser propiedad de una mujer, siendo Nuevo León la entidad con menor frecuencia (31%).
Destaca también la relevancia de la autoconstrucción como mecanismo de adquisición de vivienda, pues de cada 100 viviendas propias, 57 fueron construidas o fueron mandadas a construir por sus dueños. Aquí también se manifiestan diferencias a nivel regional, ya que esta proporción aumenta a 87% en Oaxaca y se reduce a 32% en Nuevo León. De la misma forma, de cada 100 hogares que dicen requerir una vivienda, 59 necesitan construirla (sobre un terreno propio o sobre un terreno que también quieren comprar), siendo Tlaxcala la entidad con mayor proporción de hogares con esta necesidad (84%) y Nuevo León entidad con la menor (25%).
Por último, es notorio el papel que ha jugado Infonavit en la formación del patrimonio de los hogares, al ser la fuente de financiamiento de 76 de cada 100 viviendas propias que se están pagando. En Tamaulipas, es el caso de 89% de las viviendas, mientras que en la Ciudad de México aplica para 38% del total.
La revista Vivienda Infonavit se puede consultar en la sección de Reportes Estadísticos y Documentos de Investigación de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis o en la siguiente liga.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
“El índice de Intención de Adquisición de Vivienda (IIAV) en México se colocó en perspectiva neutra (37.4 puntos) durante el 4° trimestre de 2021, con un incremento de 3.2 puntos respecto al inicio de año.”
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha identificado la necesidad de conocer a profundidad la opinión de las y los trabajadores mexicanos en relación con temas de vivienda y crédito, por este motivo decidió diseñar la Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda, la cual ayuda al Instituto a tener un panorama más amplio de lo que las personas con un empleo formal privado opinan y solicitan en relación con temas de crédito y vivienda. La Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda del Infonavit inició su publicación en el primer trimestre de 2021, con lo que ya se han acumulado cuatro publicaciones, por lo que se cuenta con datos trimestrales disponibles desde el cuarto trimestre del 2021. Los resultados obtenidos, así como la encuesta y los microdatos se encuentran disponibles para el público en general en el portal institucional del Infonavit.
Con la información de la encuesta, ha sido posible construir indicadores específicos que permiten dar seguimiento trimestral a las expectativas sobre aspectos clave para el Infonavit, basados en metodologías utilizadas a nivel nacional e internacional. A continuación, difundimos los principales resultados obtenidos a partir de este ejercicio de investigación referentes a los siguientes temas: 1) sentimiento de adquisición de vivienda; 2) preferencias y necesidades de vivienda; y 3) percepción de la situación económica.
La encuesta fue diseñada para calcular el Índice de Intención de Adquisición de Vivienda (IIAV) en México. La metodología fue diseñada para seguir las intenciones de compra de las y los consumidores de vivienda con un horizonte de un año hacia adelante1. Se construyó el IIAV de manera que puede tomar valores entre -50 y 150 puntos, con la siguiente interpretación: un valor menor a 0 indica una perspectiva general negativa; un valor alrededor de los 50 puntos se considera como una perspectiva neutra; y un valor arriba de los 100 puntos como una perspectiva positiva.
Durante el 2021, el Índice de Intención de Adquisición de Vivienda (IIAV) en México ha mantenido un nivel constante, es decir, se ha colocado entre 34.2 y 37.4 puntos, lo que refiere a una perspectiva neutra, no obstante, se ha observado una ligera tendencia positiva. En su interior, ha habido dos componentes que se han mantenido en valores negativos, estos son: la expectativa de venta de una vivienda y el cambio en las tasas de interés. En contraste, los componentes que mejor desempeño han tenido son la expectativa del precio de venta y la expectativa en el ingreso del hogar. Es importante mencionar que entre la expectativa de pérdida de empleo y el incremento en el ingreso se observa una correlación negativa, es decir, durante el 2021 la perspectiva en el incremento de ingreso ha aumentado y la pérdida de empleo ha tenido un decremento.
En la encuesta también se busca conocer la opinión de las y los entrevistados en torno a la situación económica actual del hogar y del país en los próximos 12 meses. De acuerdo con los resultados de la encuesta, la situación futura del hogar y del país tuvo mejoras continuas trimestre a trimestre. Esto es, en relación con la situación futura del hogar, se tuvo un incremento de 7.8 puntos porcentuales en el porcentaje de personas que expresaron que habría una mejoría y, para la situación futura del país, se tuvo un incremento de 9.7 puntos porcentuales en el mismo periodo. La pregunta que se refiere a la situación actual del país también mejoró continuamente durante el 2021, no obstante, las personas que consideran que la situación es peor aún se mantiene por arriba de los 40 puntos en el cuarto trimestre del 2021.
Los resultados completos de la encuesta se pueden consultar en la sección de Reportes Estadísticos y Documentos de Investigación de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis o en la siguiente liga: investigacionyanalisis.infonavit.org.mx
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
1 El IIAV sigue la metodología estandarizada por Fannie Mae, institución hipotecaria de los Estados Unidos de Norteamérica (The Fannie Mae Home Purchase Sentiment Index).
“La mayoría de las empresas aportantes al Infonavit indicaron que esperaban una mayor actividad económica para los siguientes meses y, de acuerdo con sus expectativas, una mejora en la economía en el próximo año. Sin embargo, las expectativas se han moderado.”
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores presenta los resultados de la Encuesta de Desempeño y Prospectiva de Empresas Aportantes correspondiente al cuarto trimestre de 2021. La encuesta recoge la opinión de las empresas aportantes al Infonavit respecto de sus actividades y desempeño, del empleo y de las prospectivas que tienen sobre la economía en general.
El Infonavit ha levantado durante cinco trimestres continuos esta encuesta, lo que permite no sólo analizar las opiniones actuales sobre actividad, empleo y prospectivas de las empresas, sino, observar su evolución a través del tiempo.
Distintos indicadores han mostrado a través de los trimestres en los que se ha realizado la encuesta una gradual recuperación en la actividad de las empresas, como es un mayor volumen de ventas, una menor frecuencia de cancelación de contratos o una menor frecuencia de paros técnicos. Por ejemplo, 56.3% de las empresas consideró que el nivel de ventas fue mayor o igual al observado durante el mismo periodo del año anterior. Este porcentaje es mayor al reportado en el tercer trimestre del año (48.6%), y sustancialmente, mayor al correspondiente al cuarto trimestre de 2020 (23.8%).
De igual forma, el porcentaje de empresas que reporta haber contratado trabajadoras o trabajadores en el trimestre inmediato anterior, ya sea para cubrir una plaza vacante o una nueva plaza, continuó expandiéndose. En el cuarto trimestre de 2021, 49.2% de las empresas reportó haber contratado, mientras que en las dos encuestas anteriores esta proporción fue de 41.6% y 27.7%, respectivamente.
Evaluación de las ventas del trimestre anterior con respecto al mismo trimestre del año pasado
Empresas que contrataron personal para cubrir nuevas plazas o vacantes
Fuente: Infonavit, Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas en México. Tercer trimestre 2021.
Al cuarto trimestre de 2021 las empresas perciben más cercana la recuperación de la economía nacional, 43.2% tiene la expectativa de que las condiciones económicas del país regresarán a su estatus anterior a la pandemia antes de un año. No obstante, la proporción de empresas que considera que la crisis se prolongará más de tres años no se ha reducido desde la encuesta del segundo trimestre, permaneciendo alrededor del 16%.
Esta moderación de las expectativas sobre el ritmo de recuperación se expresa también en el posicionamiento de la economía y la falta de liquidez como las principales preocupaciones de los empresarios, las cuales han sustituido gradualmente a la pandemia de Covid-19 en los últimos levantamientos de la encuesta.
Expectativa sobre el retorno a la situación económica nacional antes de la contingencia sanitaria
Principales problemas que enfrenta la empresa
Fuente: Infonavit, Encuesta de Desempeño y Prospectiva Nacional de Empresas en México. Tercer trimestre 2021.
Los resultados completos de la encuesta se pueden consultar en la sección de Reportes Estadísticos y Documentos de Investigación de la Plataforma Infonavit Investigación y Análisis o en la siguiente liga.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
El objetivo de la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) es producir información estadística sobre las principales características de la vivienda en el país y sus habitantes, así como sobre el origen y gasto de recursos en actividades de autoproducción, autoconstrucción, ampliación, remodelación, reparación, adquisición y uso de la vivienda. Esta información resulta indispensable para desarrollar la Cuenta Satélite de Vivienda, cuyo propósito principal es dimensionar el aporte económico de la vivienda al Producto Interno Bruto (PIB).
La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) colaboraron para diseñar y aplicar la ENVI 2020, cuyo cuestionario, compuesto por 194 preguntas formuladas en 55 mil viviendas, mantiene la comparabilidad básica con el ejercicio previo realizado en 2014 y profundiza en problemas, necesidades, demanda y satisfacciones relacionados con las viviendas y con el entorno de los hogares que las habitan.
La información que arroja la ENVI 2020 es de gran utilidad para la población en general y, además, podrá ser utilizada por todos los interesados en la planeación y el diseño de políticas públicas en México, ya que es representativa tanto a nivel de entidad federativa como por tamaño de localidad, lo que permite visualizar la heterogeneidad de la realidad del país, como se muestra en el Reporte Anual de Vivienda 2021, publicado recientemente por el Infonavit.
“Las localidades y entidades con mayor grado de urbanización presentan mayor cobertura y calidad de los servicios, mayor calidad en los materiales de las viviendas y mayor satisfacción de sus habitantes con respecto de la calidad y al tamaño de los espacios, así como a la distancia-tiempo que deben recorrer a distintos satisfactores”.
Como se ejemplifica en la siguiente gráfica, 78.4% de las viviendas del país cuentan con un techo de losa de concreto. Sin embargo, este porcentaje se reduce 32.4% en Chiapas, donde 64.2% tiene un techo de lámina. Esta mayor precariedad se relaciona con una mayor recurrencia de problemas en las viviendas, por ejemplo, 58.3% de las viviendas en Chiapas presenta humedad o filtraciones, cuando la media nacional es 44.2%. Un ejemplo más, a nivel nacional 97.6% de las viviendas tiene sanitario, no obstante, 21.5% de éstas utiliza cubetas de agua para descargarlo, lo que alcanza en Chiapas una proporción de 62.4%. En sentido inverso, a nivel nacional 70.8% de los habitantes de las viviendas declara sentirse algo o muy satisfecho con la distancia que debe recorrer a los mercados y centros comerciales; esta proporción supera 86.0% en la Ciudad de México y Nuevo León y se reduce por debajo de 51.0% en Chiapas y Oaxaca. Estos datos reflejan cómo la ENVI documenta las diferencias sustanciales que existen en el país y la desigualdad patrimonial de sus habitantes.
Condiciones, problemas y satisfacción con la vivienda
(porcentaje de viviendas)
Fuente: Infonavit con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020.
“Los menores ingresos y los altos niveles de informalidad de los mercados laborales dificultan la solución de sus necesidades de vivienda, mucho mayores que en las entidades marcadamente urbanas, lo que implica un reto para el diseño de políticas públicas no sólo en materia de vivienda, sino también de inclusión financiera.”
Como se muestra en la gráfica “Forma de adquisición de viviendas propias por entidad federativa”, la autoproducción prevalece como la modalidad más importante de adquisición de la vivienda, sobre todo en las localidades y entidades menos urbanas. La encuesta muestra que el Infonavit ha financiado 29 de cada 100 viviendas propias que fueron compradas, nuevas o existentes, y 76 de cada 100 viviendas que se están pagando actualmente. El proceso de urbanización ha impulsado la modalidad de renta y la adquisición de vivienda nueva o existente, derivado de la prevalencia de población no originaria al interior de las ciudades, el encarecimiento de la vivienda, la dependencia de los ingresos laborales, la movilidad laboral y el mayor acceso a crédito (ver gráfica “Tenencia de vivienda por tamaño de localidad”).
Forma de adquisición de viviendas propias por entidad federativa
(distribución porcentual)
Fuente: Infonavit con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020.
Tenencia de vivienda por tamaño de localidad
(distribución porcentual)
De acuerdo con los datos de la ENVI, 58.5% de los hogares requiere alguna acción de remodelación, 58.1% de ampliación y 7.4% de reparación en sus viviendas. Como se muestra en la gráfica “Necesidad de ampliar, remodelar, reparar o adquirir vivienda por entidad federativa”, estas necesidades de mejoramiento se encuentran concentradas, sobre todo, en las entidades con menores niveles de urbanización, donde los problemas e insatisfacciones con la vivienda resultan mayores. De forma análoga, 21.1% de los hogares (7.6 millones) manifestaron el deseo de adquirir una o más viviendas adicionales a las que habitan actualmente. Si bien este deseo se manifiesta con mayor prevalencia en las entidades menos urbanas y con mayores problemas de hacinamiento, en las entidades altamente urbanas como la Ciudad de México y Baja California, también se presenta una demanda de vivienda por arriba de la media nacional.
De los 8.2 millones de viviendas que se desean adquirir, 2.5 millones se construirían sobre un terreno con el que ya se cuenta, 2.0 millones se construirían sobre un terreno que piensan comprar, 2.0 millones se comprarían nuevas, 923 mil se comprarían usadas y 584 mil se rentarían2. Como se muestra en la gráfica “Necesidad de construir, comprar o rentar vivienda por entidad federativa”, en las entidades con menores niveles de urbanización, donde los ingresos son menores y el acceso al crédito más escaso, los hogares se inclinan en mayor medida por la construcción, mientras que en las entidades más urbanas la compra de vivienda nueva o usada es la opción más deseada. En este contexto, la reciente reforma a la Ley del Infonavit podría jugar un papel relevante para brindar soluciones a los hogares que buscan construir su patrimonio, al ofrecer una mayor variedad de esquemas de crédito que se ajusten a diversos requerimientos.
Necesidad de ampliar, remodelar, reparar o adquirir vivienda por entidad federativa
(porcentaje de hogares)
Fuente: Infonavit con datos de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020.
Necesidad de construir, comprar o rentar vivienda por entidad federativa
(porcentaje de hogares)
Los datos muestran que el proceso de urbanización ha sucedido a una mayor velocidad en las entidades con las economías de mejor desempeño, producto de los ingentes flujos migratorios en sus ciudades, ubicadas a lo largo de la frontera norte, en el Bajío y alrededor de los destinos turísticos internacionales, principalmente. Cuando el incremento en la demanda de vivienda no se acompaña por una oferta de nuevas viviendas, que cumplan con niveles mínimos de calidad y ubicación, así como de una planeación urbana que garantice la movilidad y otorgue acceso eficiente al mercado laboral, el crecimiento urbano puede dejar de generar los beneficios ligados a la aglomeración, perpetuando o incluso incrementando las desigualdades entre la población.
Los resultados de la ENVI 2020 se pueden consultar en https://www.inegi.org.mx/programas/ envi/2020/
El Reporte Anual de Vivienda 2021 del Infonavit se puede consultar en Reporte Anual de Vivienda 2021.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
2 Otros 176 mil hogares no tienen claro cómo podrían adquirirlas.
Con los datos administrativos con los que cuenta, el Infonavit lleva un registro bimestral de las y los patrones que pagaron aportaciones en favor de sus trabajadores. Con base en esta información se llevó a cabo un estudio comparativo entre los patrones2 que había entre el primer y sexto bimestre de 2020, así como el cambio en el número de relaciones laborales que experimentaron. Se consideraron para el análisis todos los registros patronales que en el primer bimestre de 2020 contaban con relaciones laborales activas3 y se calculó cuántos transitaron a cuatro posibles estados: i) incremento del número de relaciones laborales activas, ii) sin cambio en el número de relaciones laborales activas, iii) disminución en el número de relaciones laborales activas, y iv) no cuentan con relaciones laborales activas o son inactivos. Este análisis contribuye a documentar cómo los impactos de la crisis han tenido un gran nivel de heterogeneidad entre distintos sectores de la economía, tamaños de empresas y regiones.
Para definir un cambio en el número de relacionales laborales se consideró el crecimiento o decremento promedio que experimentaron los patrones, de acuerdo con su tamaño, entre el primer y el sexto bimestre de 2019. Los umbrales de aumento fueron mayores a 20.3 % para los patrones grandes, 28.3 % para los medianos, 41.3 % para los pequeños, y 147.1 % para los micro. En el caso de la disminución, los umbrales fueron 26.4 % para patrones grandes, 27.7 % para los medianos, 26.6 % para los pequeños, y 37.4 % para los micro. Los registros patronales dentro de estos intervalos fueron clasificados como “mantuvieron relaciones laborales".
De acuerdo con las definiciones se encontró que 70.6 % de los registros patronales existentes en el primer bimestre de 2020 mantuvo el número de relaciones laborales activas en el sexto bimestre. Los registros patronales que ajustaron a la baja el número de relaciones laborales fueron 13.0 % (125 mil patrones), mientras que 3.4 % (cerca de 33 mil patrones) las aumentó. En cuanto a las entradas y salidas de la actividad, 126 mil registros patronales transitaron a la inactividad y 108 mil se dieron de alta4.
Para enriquecer este estudio los registros patronales fueron clasificados por tamaño de la siguiente forma: micro, hasta diez relaciones laborales; pequeño, entre diez y 50; mediano, entre 51 y 250, y grande, más de 250. Se observa que 78.4 % de los registros patronales son micro, mientras que el grupo de patrones grandes representa 1.3 %.
Se calcularon las transiciones por tamaño y se identificó que los micro experimentaron una transición de 15.1 % a la inactividad, en contraste con 3.0 % de los registros patronales grandes. Al contabilizar las altas se encontró que las y los patrones micro experimentaron 94,092 altas, seguidos de los pequeños (11,171), medianos (2,488) y grandes (466). Es importante señalar que solamente los registros patronales micro no tuvieron más altas que bajas.
En la siguiente tabla se identificó que 82.7 % de las y los patrones grandes permanecieron en la misma clasificación, es decir, continuaron siendo grandes, mientras que 97.2 % de las y los micro permanecieron en esta clasificación. También se observa un cambio en la clasificación a la baja, el 19.5 % de los registros patronales pequeños pasó a ser micro, mientras que 13.9 % de los grandes cambió a mediano. Por otra parte, los cambios de clasificación al alza fueron menos comunes, es decir, menos de 3.0% de los registros patronales micro, pequeños y medianos cambiaron de clasificación.
En el análisis por estados, Quintana Roo sobresale porque 47.7 % de los patrones clasificados como grandes presentaron una reducción en el número de relaciones laborales. Destacan también Baja California Sur y Sonora, ya que cerca de 30 % de las y los patrones clasificados como grandes redujeron sus registros laborales. Cabe señalar que en 19 entidades del país más de 80 % de los patrones registrados como grandes mantiene o ha aumentado el número de relaciones laborales.
En cuanto a los registros patronales medianos, pequeños o micros, entre 74 % y 59 % mantuvo sin cambios el número de relaciones laborales. Tabasco, Campeche y Nuevo León fueron las entidades que presentaron la proporción más alta de patrones que aumentaron sus relaciones laborales. Con independencia del tamaño, Quintana Roo fue el estado en donde una proporción mayor de trabajadoras y trabajadores dejaron de estar activos entre el primer y sexto bimestre de 2020.
En el análisis por división económica, los registros patronales grandes, que pertenecen a construcción y servicios para empresas, presentaron una mayor disminución del número de relaciones laborales: 44.3 % y 32.8 %, respectivamente. Por el contrario, casi la mitad de los que pertenecen a la división económica de agricultura registró un mayor aumento de relaciones laborales (14.9 %).
Las y los patrones clasificados entre micro y medianos tuvieron un comportamiento distinto: el mayor aumento en el número de relaciones laborales se dio en el sector de construcción (7.3 %), seguido de las industrias extractivas (5.7 %). Las industrias extractivas fueron la división económica en donde una mayor proporción de registros patronales redujo su número de relaciones laborales activas. Destaca la industria de la construcción porque presenta un número elevado tanto de altas como de bajas, es decir, hubo 23.2 % de bajas y 3.9 % de altas en el periodo de análisis.
Para medir la antigüedad promedio de los registros patronales se empleó la fecha en que las y los patrones comenzaron a realizar aportaciones al Infonavit. Sin embargo, dado que la base de datos con la que se trabajó sólo cuenta con las aportaciones de los registros patronales desde 2013, se tomó la muestra de patrones que comenzaron a realizar aportaciones a partir de ese año, por lo que sólo se considera 56.55 % de los NRP activos en el primer bimestre de 2020. Cabe señalar que, debido a que se excluye de esta sección a aquellos patrones con más de siete años de antigüedad, los años promedio están sesgados a la baja.
Al medir la antigüedad promedio por tipo de transición de las y los patrones clasificados como grandes, entre el primer y sexto bimestre de 2020, se observa que aquellos que pasaron al estado de inactividad fueron los de menor edad, con dos años en promedio. Por el contrario, los registros patronales clasificados como grandes y que aumentaron el número de relaciones laborales, registraron una antigüedad promedio de 2.89 año, mientras que los clasificados como grandes que mantuvieron o disminuyeron el número de relaciones laborales contaban con una antigüedad promedio de 3.29 años.
Las y los patrones clasificados como micro, pequeños y medianos tienen en general una antigüedad menor que la de los grandes. Sin embargo, en este caso los de menor antigüedad (1.86 años en promedio) también fueron los que transitaron a la inactividad entre el primer y sexto bimestre de 2020. En el caso de los registros patronales medianos o de menor tamaño destaca que, a diferencia de los grandes, la antigüedad promedio de quienes incrementaron el número de relaciones laborales fue menor a la de aquellos que las mantuvieron o las disminuyeron.
Se puede encontrar más información de este tema en el Recuadro: Transiciones de Patrones en 2020 contenido en el Reporte Económico Trimestral del Infonavit, correspondiente al periodo abril-junio de 20215.
Las opiniones, criterios, perspectivas, informes, manifestaciones y demás expresiones y tratamiento de la información contenida en el presente documento corresponden única y exclusivamente a su autor, en ejercicio de su pleno derecho de libertad creativa, expresión y pluralidad de ideas, por lo que no representan la postura oficial del Infonavit, ni de sus Órganos Colegiados, deslindándolos de cualquier responsabilidad que se derive de esta publicación.
2 Es importante destacar que una empresa no es equivalente a un patrón, como lo estipula la Ley Federal del Trabajo en el Artículo 10. En el Artículo 16, la misma ley señala que, para efectos de las normas de trabajo, una empresa es una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios.
3 De acuerdo con el Artículo 15 de la Ley del Seguro Social, las y los patrones están obligados a registrase e inscribir a sus trabajadoras y trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como a comunicar sus altas y bajas. El Número de Registro Patronal (NRP) es la clave empleada por ese instituto para identificar a las y los patrones. Un registro patronal activo es aquel que hizo aportaciones a la Subcuenta de Vivienda (SCV) en el periodo de análisis.
4 Cabe señalar que se han encontrado intermitencias en las aportaciones por parte de los registros patronales, esto es, en un periodo se pudieron definir como inactivos y en alguno posterior activarse. Estos casos son el 1.0 % del total de registros en cada periodo.
5 Puede consultarse en https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/ connect/b2cf6179-accb-4fb6-a3ac-0591da586441/Reporte_economico_abril_junio _2021.pdf?MOD=AJPERES
